La CPI ordena el arresto de Bashir

LA HAYA. La Corte Penal Internacional de La Haya emitió ayer miércoles una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir, por crímenes de lesa humanidad y guerra en Darfur.

Es la primera orden contra un jefe de Estado en funciones emitida por el tribunal de La Haya. No incluyó cargos por genocidio en relación a un conflicto que, según funcionarios de Naciones Unidas, causó la muerte a hasta 300.000 personas desde el 2003. La Corte, creada en el 2002, acusó a Bashir, de 65 años, de siete cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad, que incluyen asesinato, violación y tortura, entre otros.

El panel de tres jueces dijo, sin embargo, que no disponía de suficientes elementos para acusarlo de genocidio.

Cientos de manifestantes se reunieron en el centro de Jartum para protestar contra la orden de arresto. Bashir rechazó los cargos de la CPI, el primer tribunal permanente para juzgar crímenes de guerra, como parte de una conspiración occidental. “Se la pueden comer (la orden)”, había dicho el martes frente a una multitud de seguidores en el norte de Sudán. Mahjoub Fadul, un portavoz presidencial, dijo que era una decisión incorrecta. “No la reconocemos”, añadió.

Horas después de que la orden fuera emitida, Sudán revocó las licencias de al menos seis agencias de ayuda humanitaria, sin explicar por qué, dijeron funcionarios pertenecientes a esos grupos.

Oxfam dice asistir a 600.000 personas en Sudán, 400.000 de ellas en Darfur. La tensión aumentó en la región sureña de Darfur, donde funcionarios de la ONU dijeron que cientos de tropas del Gobierno sudanés desfilaron por la capital regional El Fasher en una demostración de fuerza.

El subsecretario sudanés de Relaciones Exteriores, Mutrif Siddiq, dijo que a pesar de la orden de arresto Bashir tenía previsto participar este mes en una cumbre árabe programada en Qatar. Según la funcionaria de la CPI Silvana Arbia, el tribunal espera el cumplimiento de la orden por parte de los Estados signatarios del Estatuto de Roma, que creó la Corte y de los miembros de la ONU.

Washington, por su parte, aplaudió la orden de arresto. “EEUU cree que quienes cometieron atrocidades deben ser llevados ante la justicia”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Wood. China, la Unión Africana y la Liga Árabe sugieren que una acusación podría desestabilizar la región, agravar el conflicto de Darfur y amenazar un complejo acuerdo de paz entre el norte y sur de Sudán. La Liga Árabe dijo que enviaría una delegación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir que se retrase la implementación de la orden.

En los meses previos a la decisión de la CPI, la violencia aumentó en Darfur. Funcionarios del Gobierno sudanés prevén que rebeldes de Darfur incrementarán sus ataques tras el anuncio de la Corte.

Por su parte, la ONU reaccionó con cautela a la decisión de la CPI, ante la posibilidad de que su personal y los cooperantes internacionales en el país africano sufran las represalias. La organización multilateral parece sentirse atrapada entre la voluntad de respaldar la actuación de la justicia internacional, y el hecho de que depende de la colaboración de Jartum para llevar a cabo su extensa labor humanitaria y de pacificación en el país africano.

El secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon instó Sudán a cooperar. “Las Naciones Unidas seguirán conduciendo sus vitales operaciones y actividades en Sudán”. Aunque funcionarios de la ONU dicen que hasta 300.000 personas han muerto en la región de Darfur desde el 2003, Jartum sostiene que fueron 10.000. También se calcula que otros 2,7 millones de personas fueron desplazadas por el conflicto.