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Actualizado
- 03/10/2014 16:47
Creado
- 03/10/2014 16:47
La justicia española mantiene procesados a una veintena de militares salvadoreños retirados
La justicia española decidió este viernes mantener la investigación del asesinato de sacerdotes jesuitas en El Salvador en 1989 y del asalto a su embajada en Guatemala en 1980, vinculado con el genocidio maya, pese a la reforma de la jurisdicción universal.
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, estableció la competencia del juez de instrucción Eloy Velasco "para investigar el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría y otras siete personas que se cometieron en noviembre de 1989", informó una fuente judicial.
Los magistrados tomaron esta decisión tras la reciente reforma legislativa española que restringe la aplicación de la justicia universal: ahora un juez sólo puede investigar un delito de lesa humanidad cuando los imputados sean españoles o residan en España.Velasco había sin embargo mantenido abierta la causa por "ocho delitos de asesinatos terroristas", ya que los jueces españoles pueden investigar estos delitos en el extranjero si "la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos".
La justicia española mantiene procesados a una veintena de militares salvadoreños retirados por el asesinato del rector y el vicerrector de la Universidad Centroamericana, los sacerdotes hispanosalvadoreños Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, en un asalto a sus instalaciones.También fueron asesinados otros tres sacerdotes españoles, un cura salvadoreño, una empleada doméstica y su hija.
El gubernamental Partido Popular (PP, derecha) había utilizado en febrero su mayoría absoluta en el parlamento para aprobar de urgencia una controvertida limitación de la jurisdicción universal, criticada por la oposición como una forma de calmar tensiones diplomáticas con países como China.
Aplicándola, la justicia decidió en junio cerrar una investigación por presunto "genocidio" en Tíbet contra varios altos dirigentes chinos, entre ellos los expresidentes Hu Jianto y Jiang Zemin.Los jueces, que se pronuncian ahora caso por caso, decidieron este viernes mantener abiertas de momento otras investigaciones: por delitos de mutilación genital en Africa, la muerte de un camarógrafo en Irak, presuntas torturas en Guantánamo o el asalto a su embajada en Guatemala.
En ese ataque de 1980, durante la guerra civil guatemalteca, murieron 37 personas, en su mayoría indígenas que denunciaban las atrocidades del ejército. Entre ellas figuraban el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres y el excanciller Adolfo Molina.
La justicia guatemalteca abrió este miércoles un juicio contra un exjefe policial por este caso, con el testimonio, entre otros, de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
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