Justicia española cierra el cerco contra el referéndum en Cataluña

La Justicia española amplió ayer su ofensiva contra los impulsores del referéndum secesionista catalán del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, al convocar a los alcaldes dispuestos a colaborar con la consulta, con la amenaza de que podrían llegar a ser detenidos.

El fiscal general español, José Manuel Maza, pidió ayer a los fiscales de la región de Cataluña que citen como imputados a los alcaldes favorables a ceder locales para el anunciado referéndum independentista.

En el caso de que no acudan a la citación la fiscalía ordena la detención de esos alcaldes, que podrían superar los setecientos en los cerca del millar de municipios con los que cuenta la región de Cataluña, de 7.5 millones de habitantes.

La orden de la fiscalía incluye la lista de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia, han firmado decretos para poner a disposición del Gobierno catalán los locales necesarios para llevar a cabo la consulta de octubre.

El presidente catalán, Carlos Puigdemont, había dirigido previamente una carta a los alcaldes para que colaboren a través de la cesión de locales públicos en los que celebrar la votación.

De este modo, la Justicia española estrecha el cerco contra los promotores y organizadores de esa anunciada consulta, después de haber emprendido otras acciones.

En concreto, el Constitucional ha suspendido la ley que permitiría el referéndum y la que pondría las bases de la hipotética república catalana, aprobadas la semana pasada por el Parlamento regional.

Asimismo, la fiscalía se ha querellado contra los integrantes del Ejecutivo catalán y la presidenta de su Parlamento por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, vinculados a la convocatoria de la consulta ilegalizada.

Ayer, por medio de una orden de la fiscalía, se incautó material electoral destinado a esa consulta.