Muerte cruzada: democracia, lo ilícito y la nueva 'realpolitik' iliberal

¡Algo está podrido en el Estado democrático! Semana a semana los líderes políticos, económicos y mediáticos nos presentan desafíos sociales cada vez más ilógicos, redundantes, contradictorios. Y a la vez, aquellos con el control del poder nos reaseguran con discursos rimbombantes sobre las medidas necesarias para subsanar la inseguridad total a la que nos enfrentamos. Semana a semana los problemas se agravan, y ante la injusticia y el abuso, pareciera que solo la sumisión puede renovar la paz. La democracia y el capitalismo ya no parecieran ser compatibles y los Estados a nivel global han fracasado como modelo de organización social. El mundo de lo ilícito, el mundo iliberal, ha tomado el control del poder institucionalizado y normalizado una nueva realpolitik iliberal. ¡Algo está podrido en el Estado democrático!

El pasado miércoles 17 de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo número 741, en el cual invocó el artículo 148 de la Constitución, famosamente conocido como muerte cruzada. El artículo 148 otorga al presidente la potestad de disolver el congreso (dentro de los tres primeros años de su gobierno) por una de tres causales. Lasso invocó la muerte cruzada por crisis política y conmoción interna. Se llama muerte cruzada porque este poder también obliga al ejecutivo a llamar a elecciones adelantadas, poniendo fin a su mandato y devolviendo al pueblo el poder de escoger un nuevo legislativo y ejecutivo para administrar el Estado de Ecuador.

Estos choques entre ejecutivo y legislativo también los hemos visto en Perú en años recientes, con 6 presidentes en 5 años. Sin embargo, el caso de Guillermo Lasso llama la atención. El gobierno de Lasso es el primer gobierno en 14 años que no forma parte de la bancada política de Rafael Correa. Durante los 2 años del gobierno de Lasso, los diputados correístas han citado a ministros a testificar ante el legislativo más de 300 veces. El legislativo también ha iniciado 14 procesos de destitución en contra de funcionarios nombrados por Lasso, y, adicionalmente, intentaron 2 procesos previos de enjuiciamiento político al mismo presidente. Mientras tanto, en esos mismos dos años de obstrucción legislativa a las funciones del ejecutivo, la tasa de homicidios en el país aumentó de 7 por cada 100 mil habitantes a 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y en lo que va de 2023, la cifra aumentó un 68% y está rumbo a cerrar el año en 34 homicidios por cada 100 mil habitantes. La crecida de la violencia se debe a la lucha de carteles por nuevas rutas para el narcotráfico. A pesar de la grave crisis de inseguridad y la conmoción política en Ecuador, el Departamento de Estado de EE.UU. y el presidente Joe Biden no se han pronunciado sobre el deterioro democrático en el país al sur de su mismo hemisferio. La administración Biden sí se pronunció sobre la “emergencia nacional con respecto a la República Centro Africana”. El pasado 12 de mayo, el presidente Biden declaró que la Orden Ejecutiva 13667, emitida el 12 de mayo de 2014 para hacer frente al colapso de la ley y el orden en la República Centro Africana, debe continuar vigente más allá del 12 de mayo de 2023.

Lo que tienen en común Ecuador y la República Centro Africana es que ambos territorios (con diferencias de grado y manifestación) no están bajo el control del Estado, y que, a pesar de llevar a cabo elecciones avaladas por la ONU y organizaciones internacionales como Freedom House, la democracia es una ficción que enmascara el control total del país por parte del mundo criminal.

Ecuador, país sudamericano que se encuentra entre Perú y Colombia (los mayores productores de cocaína a nivel mundial) se convirtió en el país por excelencia para el tránsito y exportación de droga de Sudamérica al mundo. En los últimos 2 años, esos 2 años que los correístas entorpecieron la gestión de Guillermo Lasso, la exportación de cocaína de Ecuador a Europa aumentó un 50%, y las incautaciones de drogas en los puertos aumentaron un 400%. Y es que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se están disputando el control del país y las rutas de exportación de drogas. Los carteles han evolucionado al punto de realizar M&A (fusiones y adquisiciones) con bandas locales ecuatorianas. Por ejemplo, el cartel Jalisco Nueva Generación pactó con la pandilla ecuatoriana Los Tiguerones para subcontratar parte de su operación de narcotráfico. El gobierno ecuatoriano, que simplemente no se da abasto para garantizar la seguridad del país, ha tenido problemas hasta con destruir la cocaína incautada, ya que se trata de más de 670 toneladas. Las autoridades han recurrido a mezclar la cocaína con cemento y utilizarla en construcciones. Cabe destacar que el segundo país de mayor tránsito de drogas en las Américas es Panamá, un país que la administración Biden dejó sin embajadora hasta finales de 2022.

Del otro lado del mundo, la administración Biden sí está preocupada por la crisis “democrática” en la República Centro Africana. Y es que, a diferencia de países como Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, entre otros en LATAM, la República Centro Africana no cuenta con “asistencia en seguridad” por parte de EE.UU. y su DEA. En cambio, el presidente Faustin-Archange Touadéra evitó las formalidades hipócritas y la intromisión de occidente en sus asuntos, y en su lugar buscó garantías de seguridad con el Grupo Wagner. La compañía privada militar o grupo mercenario Wagner es liderado por un lacayo de Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. Con ese dato las cosas pudieran tener un poco más de sentido. Hemos escuchado sobre el Grupo Wagner y sus operaciones en Ucrania, liderando la contraofensiva rusa. Yevgeny Prigozhin, quien compite con el ejercito rojo por los favores del Kremlin, protege al presidente de la República Centro Africana, Faustin-Archange Touadéra, a cambio de concesiones en minas de oro, diamante y demás minerales por más de 25 años y sin deber pago al Estado. Se estima que el Grupo Wagner genera ganancias por encima de los $2,7 mil millones anualmente en la República Centro Africana. Pero recordemos que el Grupo Wagner también opera en Mali, Libia y Sudán, todos los cuales han hecho noticias por sus urgentes y graves necesidades en materia de seguridad.

Ahora, ¿por qué las cúpulas del poder del asno y el elefante no comentan o actúan sobre la crisis democrática, de seguridad y narcotráfico en Ecuador, pero sí se pronuncian sobre la crisis en la República Centro Africana? ¿Será que el rey del norte se beneficia de un aumento en el tráfico de drogas a través de Ecuador y se ve perjudicado por el enriquecimiento de bandas criminales competidoras como el Grupo Wagner?

Existe una dinámica en común entre lo que está sucediendo en Ecuador y en la República Centro Africana: individuos en Norteamérica y Rusia, conectados al poder, están lucrando debido a una crisis de seguridad; estos individuos además están aumentando su poder e influencia a través de la prestación de servicios de seguridad; estos mismos individuos tienen mayor control de los respectivos Estados (Ecuador y la República Centro Africana) que el mismo gobierno elegido “democráticamente”.

Yevgeny Prigozhin, por ejemplo, ha acumulado personalmente más de mil millones de dólares desde que inició operaciones con el Grupo Wagner en 2014, cuando recibió contratos con el Estado ruso para operaciones de combate en Ucrania. Desde entonces, Yevgeny Prigozhin pasó de ser un contratista más del gobierno de Putin, a ser la punta de lanza en la operación especial del Kremlin en Ucrania, y la fuerza militar que desplazó la presencia de Francia en África. Prigozhin, después de Putin, es probablemente el “líder” ruso más mencionado por los medios desde el inicio de la segunda invasión de Ucrania. Y el reconocimiento probablemente no lo lleve a la infamia, sino a nuevos negocios.

En el caso sudamericano estos individuos no son tan notorios ya que operan detrás del telón, pero dejan su firma a lo largo de la historia. En México, más del 25% del territorio está bajo el control de los carteles. En Colombia, desde la llegada al poder del exguerrillero Gustavo Petro, no se ha destruido ni una hectárea de coca. En Ecuador, los congresistas correístas anunciaron que desconocerán la invocación del artículo 148, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) asomó que podría retomar las calles, como en 2019, cuando corrieron al entonces presidente Lenin Moreno de su sede de gobierno en Quito, teniendo que huir a Guayaquil. En Venezuela, al parecer, ya la administración Biden aprobó el guion de las fraudulentas elecciones generales del año que viene. En Bolivia, Jeanine Añez continúa presa y a Washington se le olvidó la democracia y los derechos humanos en ese caso. Y en el asunto nicaragüense, simplemente se hizo caso omiso a la existencia de una dictadura anacrónica en el continente. “Aunque esto sea una locura, sin embargo, hay un método en ello”. A pesar de lo contradictorio del discurso proveniente de las cúpulas del poder, existe una lógica detrás de esta distopía contemporánea: los presupuestos de defensa y seguridad continúan aumentando, la extensión de estados de emergencia por inseguridad se normalizó, las FFAA y distintos estamentos de seguridad aumentan su competencias y potestades. La parte más cínica de este nuevo realpolitik iliberal es que el pueblo, asediado y desesperanzado, aplaude como estos individuos secuestran al Estado y nos convierten en vasallos del mundo criminal.