Un día más de infamia

BOGOTÁ. El martes pasado, el 16 de diciembre, como a las 4:00 de la madrugada, en la carretera entre el resguardo Inzá, Tierradentro y Totoró, territorio indígena, la camioneta oficial del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fue impactada por lo menos 19 veces por disparos provenientes de una columna de la Tercera Brigada del Ejército Colombiano, matando al conductor del vehículo, Edwin Legarda Vázquez, esposo de Aida Quilcué, la consejera mayor del CRIC.

Quilcué es una indígena Nasa que en los últimos meses ha sido una de las representantes más visibles de la Minga Indígena y Popular, una movilización nacional que comenzó el 12 de octubre y duró más de seis semanas.

Tres balas penetraron en el cuerpo de Legarda, pero casi todos los líderes del CRIC y del movimiento indígena están convencidos que las balas estaban reservadas para su esposa, quien en ese momento regresaba de Ginebra donde asistió a las sesiones sobre Colombia en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Por eso no estaba en el carro cuando ocurrió el ataque de la fuerza pública.

Ernesto Parafán, abogado del CRIC, lo caracterizó como un atentado dirigido al Consejo y específicamente contra la vida de Quilcué. Según varios informes del movimiento indígena, ella y otros líderes de la Minga Popular han recibido muchas amenazas de muerte en los últimos meses por su labor organizando la gran protesta que cautivó la atención de la opinión pública nacional e internacional. El Gobierno rechaza esa acusación.

El general Justo Eliceo Peña, comandante de la Tercera Brigada en el Cauca, confirmó que sus soldados sí dispararon al carro del CRIC. Según el general, lo hicieron porque Legarda no paró en un retén militar en el área. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, expresó su remordimiento por el ataque al que calificó de “error”. Pero el movimiento indígena no acepta estas palabras tan fáciles y reclama una investigación profunda e independiente sobre el acontecimiento. El CRIC quiere asegurar que este “acto no se quede en la impunidad” como ha ocurrido con tantos otros casos en el pasado.

Considerando la larga historia de investigaciones del Gobierno sobre asesinatos en contra de líderes indígenas que no llegan a conclusión alguna, hay razones para estar preocupado. El evento trágico del martes pasado coincidió con el decimoséptimo aniversario de unos de los episodios más brutales en la historia violenta contra los indígenas en Colombia, y también de uno de los actos más reprensibles de engaño por parte de actores del Estado. El 16 de diciembre de 1991, 20 indígenas de la comunidad Huellas-Caloto, incluyendo a 5 mujeres y 4 niños, fueron masacrados en la hacienda El Nilo en el norte del Cauca. Unos 60 asesinos encapuchados entraron a la hacienda y abrieron fuego. Los asesinatos ocurrieron después de amenazas y hostigamientos constantes en contra de la comunidad provenientes de hombres al servicio de terratenientes locales y con el apoyo y la colaboración directa de la policía. Constituyó una represalia por los procesos de recuperación de tierras que la comunidad indígena adelantaba en la zona. Fue una masacre anunciada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado colombiano tenía responsabilidad en este acto, y por eso, recomendó al Gobierno devolver más de 15,000 hectáreas de tierra a las familias de las víctimas de la masacre como acto de reparación. Hasta la fecha, sólo una porción reducida ha sido devuelta a las comunidades de Huellas, a pesar de las promesas de varios Gobiernos desde 1998.

El asunto de la recuperación de las tierras en el norte del Cauca sigue siendo uno de los puntos más complicados entre el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y el Movimiento Indígena. En los últimos 17 años, esa lucha por las tierras ha sido el enfoque de muchas movilizaciones, incluyendo la Minga Popular de este año. Los organizadores de la Minga, incluyendo a Aida Quilcué, dicen que el incumplimiento del Gobierno a la reparación de las víctimas de la masacre de Nilo es un ejemplo más de la política de enfrentamiento contra el Movimiento Indígena con el fin de aminorar su capacidad de movilización.

El tema de las tierras es sólo uno de los cinco temas de la agenda política de la Minga Popular. Actualmente, la Minga está planteando al pueblo colombiano su oposición al TLC con EEUU, las contrarreformas y leyes aprobadas en este Gobierno, que según el Movimiento, están despojando a las comunidades de sus territorios, y la política de seguridad democrática del presidente Uribe. Mientras Uribe dice que esta política ha sido exitosa para enfrentar a la guerrilla de las FARC, el Movimiento Indígena argumenta que ha legitimado los ataques de agentes del Estado contra víctimas inocentes como Edwin Legarda.

Aida Quilcué ha sido una de las voces más elocuentes en la promoción de la agenda de la Minga y en la oposición al actual Gobierno. ¿Será que el CRIC está concluyendo erróneamente que esas balas eran dirigidas contra ella? Y más importante, ¿habrá justicia en este último caso de violencia en contra del pueblo Nasa en Colombia? ¿O tendrán que esperar y esperar como ha sucedido con el caso de Nilo?