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- 01/08/2026 17:49
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, acusó a la Sala Constitucional se pronunció así tras la prórroga de varios jueces suplentes, mientras crece la confrontación entre el Gobierno y el Poder Judicial del país
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Agrega La Estrella en Google ↗️La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, renovó recientemente su enfrentamiento con el Poder Judicial al afirmar que existe un intento de ejecutar un “golpe de Estado judicial” contra su administración. Sus declaraciones se produjeron después de que cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aprobaran la prórroga del nombramiento vencido de 12 jueces suplentes de ese órgano.
A las críticas de la mandataria se sumó un video difundido por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en el que participaron el jefe de fracción, Nogui Acosta, y la presidenta del Parlamento, Yara Jiménez. Esta última anunció la presentación de una querella por presunta prevaricación contra los magistrados que votaron a favor de la medida.
Entrevistado por el diario La Nación, el abogado constitucionalista Hubert May explicó que la resolución de la Sala Constitucional no desconoce ni vulnera el principio de separación de poderes, ya que únicamente le recuerda a la Asamblea Legislativa la obligación de ejercer una competencia que le corresponde.
Por su parte, el también constitucionalista Marvin Carvajal señaló al mismo medio que las declaraciones de Fernández son “irresponsables” y sostuvo que es el Parlamento el que está incumpliendo sus funciones al no realizar los nombramientos pendientes que la Sala Constitucional decidió resolver mediante su fallo.
“Catalogar la resolución de los magistrados como un golpe de Estado es una afirmación temeraria e incendiaria, considerando la investidura de quienes lo afirman”, manifestó, por su lado, el jurista Sergio Araya.
Tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial
Esta no es la primera ocasión en que el Gobierno de Laura Fernández expresa su descontento con el Poder Judicial costarricense, al que considera —al igual que el expresidente y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves— un obstáculo para su proyecto de transformación política.
El llamado chavismo costarricense, nombre con el que se conoce al movimiento político liderado por Chaves, acusa al sistema judicial de proteger a políticos tradicionales vinculados a casos de corrupción y de actuar con excesiva indulgencia frente al crimen.
Por otro lado, diversos sectores judiciales han criticado los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno para el sistema de justicia, argumentando que afectan la capacidad institucional para combatir el crimen organizado. A ello se suma la existencia de investigaciones y procesos abiertos contra Chaves y otros funcionarios de la administración de Fernández.
En una entrevista concedida al diario español El País, el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, afirmó que el Ejecutivo estaría promoviendo un clima de confrontación institucional con el objetivo de generar una situación de caos que posteriormente justifique la adopción de medidas extraordinarias en nombre de la seguridad.
Según Díaz, ese escenario podría derivar en restricciones a derechos individuales y favorecer la consolidación de un modelo de gobierno con rasgos autoritarios.
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