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- 23/09/2015 02:00
- 23/09/2015 02:00
Muchas personas se extrañaron cuando el 14 de septiembre pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, renovó la Ley de Comercio con el Enemigo que en estos momentos se aplica en el mundo únicamente a Cuba.
Llamó la atención porque en apariencias es una incongruencia con el interés expreso del mandatario de eliminar el bloqueo a Cuba como ha pedido al Congreso, y el buen curso de las negociaciones después del restablecimiento y reapertura de embajadas en Washington y La Habana.
Esa ley, aprobada por el Congreso Federal en octubre de 1917 coincidente con el triunfo de la Revolución bolchevique en Rusia, le otorga al Presidente la facultad para restringir el comercio con países ‘hostiles' a Estados Unidos, y delega en él la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro período de emergencia nacional, y prohíbe el comercio con el enemigo o sus aliados durante conflictos bélicos.
Algunos indican que es la base del bloqueo de Estados Unidos a Cuba porque a su sombra se adoptaron las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos en 1963, luego de que fuera declarado el mal llamado embargo en 1962 por el expresidente John F. Kennedy.
Pero el entramado legal del bloqueo es más amplio y complejo pues abarca otras leyes y regulaciones administrativas como las leyes para la Asistencia Exterior (1961), para la Administración de las Exportaciones (1979), la Torricelli (1992), la Helms-Burton (1996) y Regulaciones para la Administración de Exportaciones (1979).
Por la Helms-Burton aplicada por el expresidente Clinton el 12 de marzo de 1996, quedó codificado en ley el bloqueo y enredado en una maraña de órdenes ejecutivas que lo sustentan, y con ello traspasó al Congreso prerrogativas del Presidente para conducir la política exterior hacia Cuba en lo concerniente al levantamiento del bloqueo.
Pero en realidad solo hay cuatro asuntos en los que el jefe de la Casa Blanca no puede actuar contra esa medida pues requieren la acción de ambas cámaras para su eliminación o modificación por estar regulados en leyes de la nación.
Esos casos están bien definidos y se refieren: 1) Prohibición a subsidiarias de Estados Unidos en terceros países a comerciar bienes con Cuba, recogida en la Ley para la Democracia Cubana de 1992 (más conocida como Ley Torricelli). 2) Imposibilidad de realizar transacciones con propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas por Cuba, según la Ley Helms-Burton. 3) Prohibición a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba con fines turísticos. 4) La Isla debe pagar en efectivo y por adelantado las compras de productos agrícolas en Estados Unidos. Estas dos últimas están incluidas en la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000.
Sin embargo, Obama conserva amplias facultades para, a través de la emisión de licencias, permitir transacciones sujetas al bloqueo y al Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos, las cuales perdería totalmente si hubiese eliminado a Cuba de la Ley de Comercio con el Enemigo, y esa potestad habría quedado en manos del Congreso, actualmente de mayoría republicana.
En ese sentido, aunque parezca contradictorio, no renovar la ley que se le aplica injustamente a Cuba habría sido más un acto emocional que racional pues se corría el riesgo real de que todo el proceso de normalización de relaciones se estancara y el desmontaje del bloqueo casi en su totalidad quedara a merced legislativa.
Robert Muse, un experto en la legislación estadounidense respecto a Cuba, explica que esa ley es la única que confiere la actividad ejecutiva al presidente para relajar el embargo. Si Obama deja que caduque podría perder su flexibilidad para conceder permisos y cambiar las reglas de aplicación del bloqueo.
Obama puede desmantelar sustancialmente el bloqueo, permitir los viajes a Cuba, servicios de ferry, autorizar que aviones cubanos vuelen a Estados Unidos, que Cuba importe desde terceros países productos con componentes norteamericanos, y muchísimas acciones más en sectores como las finanzas, la salud, el turismo, las ciencias, etc.
El Presidente tenía que elegir entre el simbolismo y el pragmatismo para alejar de peligros latentes su proyecto de normalización total de las relaciones con Cuba, y escogió este último.
ANALISTA