Proyecto “mediático” engavetado por ahora

PANAMÁ. La sociedad venezolana se encontró la semana pasada con un proyecto de “ley especial sobre delitos mediáticos”, presentado por la fiscal Luisa Ortega Díaz, con el propósito, según sus palabras, de “regular la libertad de expresión, pero sin vulnerarla”.

Su propósito por ella declarado era “castigar las nuevas formas de criminalidad surgidas en el ejercicio abusivo de la libertad de opinión e información”. Ahora, la presidenta de la Asamblea venezolana Cilia Flores dice que no es necesaria la ley pues ya existen regulaciones al respecto. Pero ella había anunciado su debate hace unos días.

La ministra de Comunicación e Información de Venezuela, Blanca Eekhout, estuvo a favor de la propuesta sobre “delitos mediáticos”, al asegurar que es “absolutamente vital” (¿estratégico?) regular el “enorme poder” de los medios de comunicación”.

Para la fiscal que presentó el proyecto, se trata de algo necesario, para garantizar la seguridad pública. Como era de esperarse, esta iniciativa no ha sido popular, al establecer penas de cárcel para dueños de medios y sus directores, como para periodistas y artistas si violan la nueva norma.

El gobierno venezolano ha alentado la iniciativa alegando, a través del Ministro de Obras Públicas y Vivienda (también encargado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones) Diosdado Cabello “que la libertad de expresión no es la más sagrada que pueda existir” y que estaba de acuerdo con la iniciativa de la Fiscal. (No es claro en qué sentido es “iniciativa”; ella había sido alentada mucho antes por el presidente Chávez a emprender “medidas revolucionarias”)

La medida es considerada parte de un propósito dirigido a controlar la información e incluso la oposición en Venezuela. Pues también ha sucedido en los últimos tiempos el cierre de una televisora, amenazas a otras, atentado contra Globovisión y cancelación de licencia para operar a 34 medios radiales y ahora este proyecto de ley penal.

El proyecto considera delito las informaciones que vayan contra “la paz social, la seguridad y la independencia de la nación, la seguridad de las instituciones del Estado, la salud y la moral pública de los venezolanos”. El instrumento provocó reacciones negativas dentro y fuera del país.

El problema es quién define qué es lo que atenta contra la paz social, la nación, su seguridad y lo demás. Para muchos venezolanos es un signo de coacción. Hace poco, con ocasión de un temblor, los medios informaron de su ubicación (epicentro), intensidad y otros datos técnicos obtenidos por medio del Servicio Geológico de los Estados Unidos, porque no recibieron información oficial. En consecuencia, se les abrió un expediente por “haber alarmado a la sociedad”. Este tipo de acciones preocupa en todas partes.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea venezolana, Manuel Villalba, dice que no hay tal cosa como un proyecto de ley mediática. Que todo lo que existe es un “papel de trabajo” presentada por la fiscal Ortega y que se estaba discutiendo en la Comisión de Medios de la Asamblea, donde ni siquiera hay consenso. “Hemos considerado necesario continuar trabajando contra el terrorismo mediático con todos los elementos jurídicos que tenemos en la mano", dijo. La sociedad espera el próximo paso.