Los muertos que desvelan a Santos

BOGOTÁ. El postulante presidencial oficialista Juan Manuel Santos, favorito según las encuestas, es acosado por sus rivales a raíz de su responsabilidad en la matanza de civiles para hacerlos pasar como bajas de guerra, mientras era ministro de Defensa (julio de 2006 - mayo de 2009).

“Basta mirar las estadísticas, el período en que se dio el más alto número de asesinatos fuera de combate fue el período de (presidente Álvaro) Uribe y con Santos como ministro”.

La acusación fue pronunciada a inicios de marzo por el candidato presidencial del Partido Liberal, Rafael Pardo.

La magnitud de los asesinatos fuera de combate, por militares en plan de reclamar beneficios, ha sido tal que 62 fiscales están a cargo de 1,273 procesos por la muerte de 2,077 colombianos, 59 de ellos menores de edad y 122 mujeres.

La historia de los “falsos positivos” comenzó a figurar en los medios en septiembre de 2008, cuando un funcionario de derechos humanos de Soacha, municipio al sur de Bogotá, hizo la denuncia.

Jóvenes que habían desaparecido en enero de ese año aparecieron muertos en las vecindades de Ocaña, en el nororiente.

El examen forense de los cadáveres reveló que murieron entre 24 y 48 horas después de salir de su población.

Sin embargo, los reportes del ejército los mostraban como miembros de la guerrilla o de grupos paramilitares, muertos en acciones armadas. “Esos muchachos murieron en combate, y la tropa llegó a ellos sustentada en procedimientos de inteligencia”, dijo el general Paulino Coronado, comandante en el nororiental departamento Norte de Santander.

Fue una explicación poco convincente para los fiscales, porque parecía imposible que en ese breve lapso los jóvenes hubieran viajado y entrado en la lucha armada.

Al mismo tiempo, en la fiscalía “existían 400 procesos que comprometían a centenares de militares activos y retirados de la fuerza pública, en homicidios fuera de combate”, según publicó El Tiempo en septiembre de 2008.

Un hecho criminal de esa magnitud fue el que Santos, entonces ministro de Defensa, dijo al principio desconocer.

Un año después, 27 militares, entre ellos cuatro generales, habían sido destituidos y la fiscalía se disponía a acusar a dos coroneles, un mayor y 43 soldados de homicidio agravado, concierto para delinquir, y desaparición forzada.

Pero las muertes no cesaron. Cuando en marzo de este año el presidente Uribe dijo que “ese tipo de asesinatos ya no se están presentando en Colombia”, el jesuita Centro de Investigación y Educación Popular informó que entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009 aparecieron nueve casos de “falsos positivos”: siete ejecuciones extrajudiciales y dos detenciones arbitrarias.

Acusado y acosado por sus adversarios políticos, Santos tendrá ahora que explicar la aplicación de la directiva 024 de 2005 que estableció recompensas para premiar a los oficiales por los “positivos” (bajas) que logren en la guerra.

El estímulo no había sido utilizado por los predecesores de Santos en el ministerio.

Tardíamente, el ministro ordenó al entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, advertir que el “body count” (cada muerto un positivo) “no vale en la guerra que libra el Estado contra los armados ilegales”. En medio del escándalo, Montoya renunció en noviembre de 2008.

Rafael Pardo, que también fue ministro de Defensa, afirmó: “Santos tiene que asumir su responsabilidad, pues le pasó eso bajo las narices y no tiene explicación de por qué no lo controló. Tiene que ser investigado”.

La tensión generada por estas acusaciones movió al presidente Uribe a intentar una coartada, según relató el columnista opositor Ramiro Bejarano en la edición de El Espectador del 28 de marzo.

“Extraña la versión de Uribe según la cual, un testigo con el que se reunió en la sede de las Naciones Unidas le informó que los autores de los falsos positivos fueron narcotraficantes infiltrados en la brigada móvil 15 de Ocaña”, sostuvo.

“Para ser más exacto, Uribe se atrevió a decir que delincuentes mataban inocentes para aparentar que perseguían narcotraficantes”, añadió.

Los asesinatos o “falsos positivos” pueden afectar gravemente las pretensiones presidenciales de Santos, pero queda claro que el presidente defiende a su ex ministro como su candidato.