Bukele impone en El Salvador una ley que restringe a medios y organizaciones independientes

La ofensiva del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las voces que le critican ha alcanzado un nuevo nivel. Este martes, la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas— dio luz verde a la llamada Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que permitirá al Ejecutivo decidir, de manera unilateral, qué organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación pueden operar en el país. Aquellos que obtengan permiso deberán inscribirse en un registro estatal y entregar al Gobierno el 30% de sus ingresos.

Bukele anunció esta iniciativa tras una manifestación de campesinos frente a su residencia. El martes, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hanania, presentó el proyecto ante el Legislativo, y el diputado Christian Guevara lo impulsó con respaldo del oficialismo. La aprobación fue fulminante: en apenas una hora y 24 minutos, la norma fue ratificada con el 95% de los votos.

Este nuevo marco legal se enmarca en un contexto de creciente represión. En las últimas tres semanas, al menos 15 personas —entre ellas empresarios, dirigentes comunitarios y activistas— han sido arrestadas sin posibilidad de defensa. La abogada Ruth López, figura clave en la defensa de derechos humanos y parte de la ONG Cristosal, fue una de las últimas detenidas. También, al menos siete periodistas han abandonado el país tras publicar investigaciones sobre supuestos acuerdos secretos entre el Gobierno y pandillas.

La nueva ley guarda un parecido notable con la que el régimen de Daniel Ortega impuso en Nicaragua en 2020, utilizada para cerrar más de 5.200 organizaciones no gubernamentales, incluidas universidades, entidades religiosas, gremios médicos y medios de comunicación independientes. En El Salvador, analistas estiman que la norma podría impactar a más de 8.000 ONG y una decena de medios.

Aunque la ley contempla que el Ejecutivo podrá exceptuar a ciertas entidades, Bukele ha reiterado su postura de no permitir organizaciones que promuevan la democracia o combatan la corrupción.

Ya en 2021, Bukele había intentado promover una ley similar, pero la retiró ante la presión internacional. Esta vez, sin embargo, las advertencias de organismos como la ONU no lograron frenar su aprobación. Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, denunció en X (antes Twitter): “Etiquetar como agentes extranjeros a quienes reciben financiamiento legal estigmatiza, silencia y debilita el tejido cívico del país. Es incompatible con una sociedad democrática”.

Durante la discusión legislativa, solo tres diputados de oposición —los únicos que quedan tras las elecciones de 2024, donde el oficialismo se hizo con el control absoluto del Estado— manifestaron su rechazo. Claudia Ortiz, legisladora del partido VAMOS, fue enfática: “Esta ley es contraria al Estado de derecho y a las libertades fundamentales. Es una herramienta para censurar y debilitar la sociedad civil”.

La normativa alcanza a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que realice actividades dentro del país y que reciba fondos o tenga vínculos, directos o indirectos, con entidades extranjeras. También faculta al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) a decidir quién debe ser considerado bajo esta categoría, incluso sin que la persona u organización lo solicite.

Si un medio u ONG no se registra dentro del plazo establecido, se le prohibirá realizar actividades o movilizar recursos financieros, materiales o de cualquier otro tipo. Además, se prohíbe expresamente llevar a cabo actividades de carácter político.

El presidente de la República tendrá la potestad de definir quién califica como agente extranjero, qué se entiende por “actividad política” y establecer los requisitos para inscribirse o ser exento. También podrá rechazar, cancelar o no renovar los registros según su criterio. La ley entrará en vigor ocho días después de su publicación oficial.

Uno de los aspectos más preocupantes de la ley es la posibilidad de sanciones penales. El RAEX deberá emitir un informe semestral sobre las actividades registradas y compartirlo con la Fiscalía, basándose en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.

En 2020, Bukele acusó públicamente al periódico digital El Faro de lavado de dinero y ordenó a la Fiscalía abrir una investigación. Ante ello, el medio trasladó su sede administrativa a Costa Rica.

La ley también otorga al titular del RAEX la capacidad de solicitar la cancelación de la personería jurídica de organizaciones que no cumplan con las disposiciones, o la suspensión de su funcionamiento.

Las multas por no declarar el 30% de los ingresos pueden alcanzar el 60% de las ganancias. Además, otros incumplimientos —como no presentar la documentación requerida o no cumplir con los plazos establecidos— serán sancionados con multas que van de 100.000 a 250.000 dólares.