Crisis en las investigaciones

PANAMÁ. La fusión entre la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional no ha sido acertada, según se desprende de una serie de entrevistas a ex miembros de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ).

Problemas como bajos salarios, exceso de trabajo, no recibir ascensos y ejercer funciones que no les competen han generado falta de fe en la institución, pérdida de la mística, baja autoestima del personal, y la fuga de alrededor de 700 inspectores en los últimos cinco años.

La situación a lo interno de la institución es grave. La DIJ ha sido absorbida y alineada por la Policía Nacional, se mezcló el carácter preventivo con el de investigación y la más perjudicada fue la DIJ al quedar subordinada, según se desprende de la opinión de los ex PTJ consultados.

La formación de un detective no se hace de la noche a la mañana. Tiene que pasar por un proceso. Los aspirantes tienen que tener buena condición física y estar dispuestos a aprender sobre criminalidad, lo cual comprende un espectro muy amplio de disciplinas. Cuando no se tiene la formación ni la capacidad para realizar una investigación, ocurre lo que está pasando ahora.

Un ejemplo de lo que está sucediendo tuvo lugar cuando los jóvenes pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez murieron abaleados, aparentemente por equivocación, a manos de la Policía en Panamá Viejo, la madrugada del 20 de mayo de 2009. Para ocultar su error, los miembros de la Policía contaminaron la escena del crimen e implantaron pruebas.

Los ex PTJ explicaron que son los detectives los que saben llevar un expediente, qué se tiene que buscar y cómo se tramita para entregarlo a las autoridades del Ministerio Público.

Actualmente, como ha habido una fuga de inspectores capacitados para realizar investigaciones, la Policía ha trasladado a varios de sus miembros para que cubran las vacantes de aquellos que se fueron o despidieron.

“El que investiga homicidios y se va de la institución deja un gran hueco, y casos como los de estafa, en que los delincuentes son muy hábiles, la Policía tampoco puede resolverlos porque no tiene la experiencia”.

Según ellos, en el asesinato de los pescadores, el expediente hubiera llegado deficiente y amañado si no se hubiera hecho la primera inspección, con lo cual se pudo determinar que se plantó una prueba.

Es por ello, que la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, solicitó que de ahora en adelante, en los casos donde haya miembros de la Policía Nacional involucrados en un crimen, la custodia de la escena quedará en manos de la DIJ.

Uno de los ex PTJ que salió de la institución en 2008 explicó que se le ha dado un curso a la Policía Nacional, por medio de un módulo, pero “no se le ha dado el seguimiento adecuado. El problema es que, según las autoridades, la PTJ no estaba dando una respuesta eficiente a la comunidad, pero resulta que la medicina que trataron de buscarle a la enfermedad mató el cuerpo”, explicó.

Agrega que esto ha provocado un cúmulo de expedientes de casos por estafa y falsedades. “Los pocos inspectores capacitados tienen que sacar entre 135 y 150 expedientes en 30 ó 60 días. No es lo mismo tener 50 personas que saben hacer el trabajo, que tener 10 que saben hacer el trabajo y 40 que no saben”.

Cuando ocurre un delito y en la investigación se descubre que el delincuente es de alta peligrosidad, el expediente tiene que ser tramitado con delicadeza por alguien que tenga conocimiento de la ley y de los procedimientos policiales. “Hay detenidos que llegan a juicio y los jueces tienen que dejarlos en libertad porque se utilizaron procedimientos incorrectos en la investigación o en el interrogatorio o porque la cadena de custodia estaba contaminada o alterada”, coinciden los ex PTJ entrevistados.

El director encargado del Instituto de Medicina Legal (IMEL), José Vicente Pachard, dijo que el desconocimiento del procedimiento cuando hay un homicidio influye en el desarrollo de la investigación, toda vez que es un equipo el que participa.

Es por ello que el pasado viernes 5 de junio se discutió el Manual de Cadena de Custodia, un instrumento de estricto cumplimiento, en donde se especifican los pasos que seguir cuando se da un crimen en donde los autores de la investigación serán la Policía Nacional, el Ministerio Público y peritos de criminalística y medicatura forense.

Cada uno de los miembros de este equipo debe asumir su rol, que consiste en recolección y presentación de evidencias y documentos, dirección de la investigación y examen del cadáver. Se advirtió en la reunión que incumplir con el Manual traerá como consecuencia sanciones.

El Manual de Cadena de Custodia está ahora en manos de una comisión que deberá hacer los ajustes necesarios y presentarlo al Ejecutivo para que, mediante decreto, empiece a regir en septiembre, con el Sistema Penal Acusatorio.

En respuesta a estas inquietudes, el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rigoberto González, dijo que así como se han ido muchos ex PTJ, también se han quedado varios en el área de investigación y aclaró que no necesariamente se cometen errores por desconocimiento del procedimiento cuando hay un homicidio, sino también por cuestiones de apreciación de los diferentes actores e incluso por la interpretación de la persona que al final hace la valoración para decidir un caso.

Una fuente del Ministerio Público dijo que un factor que hay que tomar en cuenta es que la delincuencia ha aumentado. “La DIJ no ha dejado de cumplir con su trabajo en todas las áreas por falta de personal”, aseguró, aunque reconoció que hay carencias como la falta de recursos y tecnología para realizar un mejor trabajo.

En cuanto al desconocimiento del proceso de la policía, la fuente indicó que se ha dado, pero que no es una constante. “Ha ocurrido por equivocación o por imprudencia en el manejo de los casos, pero son excepciones y generalmente pasa con los funcionarios de menos rango”, dijo la fuente.

Sin embargo, agregó, aquellos que no están muy duchos en la materia, siempre están consultando a las autoridades”.