La herida que sigue abierta y todavía no ha sanado

PANAMÁ. Al considerar la década que termina esta noche, de las cosas que sucedieron en Panamá en los últimos diez años, lo que sin duda llama la atención con más fuerza es el envenenamiento masivo por dietilenglicol.

Según los registros oficiales del Instituto de Medicina Legal (IML), el veneno ha matado 134 personas, de una población de tres millones de habitantes.

Proyectado a los Estados Unidos, con una población de 300 millones, los muertos serían 13,000, cuatro veces los que perdieron la vida a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001.

Tristemente, sin embargo, el mismo director del IML, el Dr. Vicente Pachar, me aseguró hace un año que la cifra oficial representa solamente la punta del iceberg. Lo más probable es que las víctimas sean miles, siendo la tragedia del jarabe, el peor golpe en la historia del país.

Con el descubrimiento del Océano Pacífico y la construcción del Canal, el envenenamiento es el tercer acontecimiento istmeño que tiene consecuencias globales.

Cuando Th e New York Times descubrió la manera en que coolant industrial, fabricado en China, fue exportado a Panamá como glicerina de pureza medicinal, las autoridades tomaron nota: la noticia provocó cambios profundos en los procedimientos comerciales de la nación más grande del mundo.

Luego, el panameño Eduardo Arias identificó el veneno en tubos de pasta de diente en venta en la Avenida Central y dio la alerta.

Su agudeza y presencia de ánimo salvaron la salud de millones, ya que la pasta contaminada se estaba vendiendo en muchos países bajo varias marcas.

Es probable que hubiera fraude por parte de individuos y empresas, entre los fabricantes, exportadores y compradores del insumo envenenado. Es cierto que hubo negligencia por parte de los funcionarios y supervisores panameños que no hicieron caso a los excelentes reglamentos que las leyes establecen para la preparación de medicinas —pruebas anteriores y posteriores—, etc.

A mi juicio, sin embargo, lo más censurable ha sido el comportamiento de los gobernantes.

El gobierno envenenó a la ciudadanía al distribuir un líquido mortal disfrazado de medicina. Sin intención, pero hizo un daño horrible.

Condenó algunos a una muerte cruel. Estropeó la vida a otros. Llenó de luto, dolor y rabia a los familiares de las víctimas, y aterrorizó de inseguridad a los miles y miles que dependen del sistema público de salud.

Como los que dirigen los gobiernos en Panamá pueden y suelen comprar sus medicamentos en farmacias privadas, la agresión tenía un aspecto de clase, y así dañó también la cohesión de la sociedad.

Dadas estas circunstancias, los gobernantes tenían dos deberes sobresalientes: reparar el daño hasta donde fuera posible, y asegurar que la tragedia no se repetiría.

Es decir, tuvieron que dar a las víctimas atención médica adecuada, y a ellos y sus familiares indemnización y justicia.

Tuvieron, además, que averiguar públicamente lo que pasó, castigar ejemplarmente a los responsables, y reformar al sistema público de salud en cuanto fuera necesario.

Se notará que dos grupos de gobernantes han fallado en estos deberes en casi todo particular.

En una sociedad sana, el ministro de Salud y el director de la Caja de Seguro Social (CSS) hubieran dimitido a sus cargos.

Como no lo hicieron, el presidente debería haberlos removido para reconocer la seriedad del asunto y permitir una investigación imparcial por una comisión de médicos.

La investigación debida hubiera identificado quienes fueron expuestos al veneno, determinando que fallos en el sistema dieron paso a la tragedia y sugerido reformas. Hubiera sido completa, abierta y sin demoras. Pero eso nunca pasó.

El gobierno no inició nada. Una pesquisa criminal comenzó automáticamente cuando se supo que la causa de las muertes era envenenamiento.

Once días después, al ver que el gobierno no hacía nada para enfrentar la crisis médica, los familiares de los envenenados formaron un comité para reclamar que cumpliera con sus deberes.

Solamente entonces el presidente Martín Torrijos anunció "una exhaustiva revisión de las normas de salud" que todavía no ha ocurrido. Demoró otros cuatro meses para nombrar un fiscal especial.

El ministro de Salud y el director de la CSS se contentaron con esperar a que terminaran los fiscales antes de tomar alguna medida, y todavía no han terminado.

Que quede claro: no critico al Ministerio Público. Una investigación criminal tiene su ritmo, y en Panamá ese ritmo es lento.

Reparar el daño que el envenenamiento causó a la confianza de la ciudadanía en el sistema público de salud requería acción rápida.

Además, las determinaciones del IML tienen que basarse en evidencia aceptable en un tribunal.

Por esto ha certificado como no afectados por el veneno, o no concluyentes, muchos casos que una investigación médica hubiera certificado como positivos.

Inclusive a personas que luego murieron afectadas por el veneno. Hacía falta y sigue haciendo falta la investigación médica citada arriba.

Que quede claro: no acuso de estupidez a los gobernantes de la época.

No querían cumplir con el país, querían protegerse. Querían dilatar el proceso. Querían mantener el número de víctimas artificialmente bajo para reducir el daño a su imagen, el costo de atención, y el monto de la ayuda económica e indemnización que habían acordado, de mala gana, en pagar.

Debo señalar que no fueron de nada tacaños cuando de miembros de la clase política-empresarial se trataba.

Exoneraron más de 400 millones de dólares de impuestos para acomodar a los accionistas del Banco del Istmo.

Los envenenados, sin embargo, son de la clase “humilde”. Es decir, no se les puede cobrar ni coimas ni favores políticos.

Si los gobernantes han hecho algo positivo en cuanto al envenenamiento ha sido por la presión del comité de familiares.

De que resienten esta presión quedó evidenciado con la salvaje golpiza propinada a miembros del comité y sobrevivientes de la tragedia, algunos con los tubos de diálisis implantados, el 19 de julio del 2007.

Allí se mostró también el odio y terror que la clase política-empresarial sienta para con los “humildes” que no son cobardes. Por supuesto, los autores de la atrocidad no fueron censurados.

El comité es una señal de salud en la sociedad panameña.

Nació espontáneamente en medio del dolor y el miedo, y defendió a sus familiares afligidos sin otros recursos más que su imaginación, su dignidad y su valor.

El comité que se preocupó del joven indígena que tiene que viajar de la comarca a Changuinola tres veces a la semana para diálisis, de la familia que ha perdido quien la mantenía, del envenenado cuyo caso se ha certificado ”no concluyente”.

El comité sostiene que quien ha ingerido el jarabe contaminado está afectado. Invito a los oficiales que mantienen que no es así, a tomarse una cucharada.

En agosto del 2008 el expediente de la investigación fue enviado a la Corte Suprema a solicitud de los abogados defensores. Allí quedó durante 13 meses.

Mientras tanto, la investigación no pudo avanzar, la cantidad de afectados no pudo certificarse, y el gobierno que envenenó a la ciudadanía escapó al olvido.

Los nuevos gobernantes prometieron una pensión para los afectados, un centro de atención íntegra, y transporte para sus sesiones de diálisis.

Hoy cumplen ellos seis meses en el poder, pero no han comenzado cumplir las promesas.

Aquí estamos, entonces, tres años después. Los gobernantes no han hecho lo necesario ni para reparar el daño ni para asegurar que la tragedia no se repita.

La atención a las víctimas todavía no es adecuada, porque las respuestas han sido pocas y muy mezquinas.

El sistema público de salud no ha sido reformado.

Los responsables siguen impunes. Es algo en qué reflexionar al final de la década.