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- 08/04/2010 02:00
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Ante los cambios que diputados del actual Gobierno quieren hacer para modificar el artículo 905 del Código Administrativo, y aplicar hasta 730 días de prisión inconmutable para quienes protesten en las calles, por afectar el libre tránsito o provocar violencia y disturbios, las reacciones no se han hecho esperar.
El abogado Miguel Antonio Bernal señaló a LA ESTRELLA que la súbita presentación de una modificación abrupta del Código Administrativo para penalizar a quienes protesten en las calles, es un eslabón más de la cadena de medidas que se vienen tomando con el propósito de cercenar la libertad de expresión, el derecho a la información, y ahora también, el derecho a la libre manifestación.
Bernal asegura que todos estos derechos consagrados en la Constitución, y que forman parte de los Convenios Internacionales que sobre Derechos Humanos es signatario el Estado Panameño, deben ser respetados y protegidos por las autoridades de los distintos Organos del Estado.
El abogado indicó que en su dinámica de ir cercenando y amputando las libertades democráticas, los representantes del Ejecutivo en la Asamblea han perdido las proporciones y rebasan los límites que están fijados para proteger las garantías fundamentales.
Para Bernal los diputados han olvidado que “no son las normas las que deben imponerle limites a las libertades, sino las libertades las que deben imponerle limites a las normas”, agregó.