¿Ungidos por Gustavo?

EnAMÁ. En la Universidad de Panamá (UP) hay funcionarios a prueba de todo.

Algunos de éstos han cometido fallas muy graves, pero a pesar de que fueron investigados y sancionados, siguen trabajando como si nada hubiera pasado.

La Estrella ubicó y descodificó la trama en la que se vieron envueltos tres funcionarios de la primera casa de estudios: uno falsificó la firma de otra funcionaria y dijo que fue una broma; a otro se le comprobó un faltante de mil 18 dólares, repuso el dinero y sigue en ejercicio de sus funciones. Además, hubo una que ordenó la confección ilegal de dos diplomas y hoy es la asesora del rector magnífico, Gustavo García de Paredes, quien aspira a reelegirse para una cuarta gestión administrativa.

En días recientes, García de Paredes fue cuestionado por las sanciones adoptadas contra una docena de catedráticos que hicieron duras críticas y acusaciones de persecución en la UP.

El rector dijo: ‘sí hay persecución, pero contra los que faltan a la ley’.

Para Marcos Castillo, ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), ‘pareciera que se estuviera premiando actuaciones que llevan a un régimen de clientelismo, corrupción y decadencia de la Universidad de Panamá’.

DIPLOMAS ILEGALES

Corría el año 2005 cuando un escándalo de falsificación de diplomas en la UP figuró en la palestra.

En el ojo de la tormenta estaba la entonces secretaria general, Ónfala de De Bello, quien fue separada del cargo por investigación.

El Consejo Académico de la UP creó una comisión especial que estuvo integrada por los docentes universitarios Rolando Murgas Torraza, Carlos Morán, Marion de Martin y Vicente Archibold, quienes investigaron lo que pudieron dentro de las limitaciones.

La ‘Comisión Murgas’ —como se le llamó— pidió una serie de documentos al secretario general encargado, Miguel Ángel Candanedo, pero éste no suministró toda la información, ‘invocando la confidencialidad’, además de que personal de la Secretaría General reveló a los investigadores la desaparición de documentos que eran pieza clave en las averiguaciones.

Después de un mes de investigación —el 8 de junio de 2005— la ‘Comisión Murgas’ rindió su informe, en el cual Ónfala de De Bello admitió que ordenó la elaboración de dos diplomas para un estudiante a quien no le habían hecho la revisión de créditos.

Según el informe, De Bello aceptó que sabía que el estudiante no había terminado los estudios, pero firmó los diplomas y los pasó al rector.

Con todo ese prontuario, García de Paredes nombró a De Bello para que lo asesorara, cargo por el cual cobra mil 200 dólares mensuales, además de otros 3 mil 500 que gana como catedrática de la Facultad de Administración de Empresas.

FALSIFICACIÓN DE FIRMA

En mayo de 2007, las autoridades universitarias abren otro proceso disciplinario. En esa ocasión, el infortunado fue Tirso Castillo, reconocido miembro del Instituto de Criminología.

La acusación: falsificación de la firma de Keila Rodríguez, quien era la secretaria Administrativa de la Facultad de Humanidades.

Castillo aceptó haber falsificado la firma de Rodríguez y le dijo a la comisión investigadora que se trataba de ‘una broma’.

Fue una excusa que, según los analistas, ‘no justifica la conducta’.

Una vez revelados los resultados de la investigación, el rector encargado, Justo Medrano, ordenó la destitución de Castillo. Pero, García de Paredes lo reintegró en el puesto.

Al ser interrogado sobre los servidores en mención, García de Paredes sentenció: ‘No tengo nada que decir al respecto, revisen el nodo de Transparencia de la UP’.