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18 de May de 2022

Nacional

¿Puede la procuradora pedir a la Corte la suspensión de la defensora?

El abogado y profesor universitario, Ernesto Cedeño, se mostró extrañado este lunes 22 de julio por las palabras de la procuradora gene...

El abogado y profesor universitario, Ernesto Cedeño, se mostró extrañado este lunes 22 de julio por las palabras de la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, en un medio local, de que le pedirá a la Corte Suprema de Justicia la suspensión del cargo de Patria Portugal.

A su juicio, "es inconstitucional" que la jefa del Ministerio Público quiera solicitar a la Corte suspender a la defensora del Pueblo debido a que la máxima corporación de justicia panameña "no tiene facultad legal" sobre la Defensoría.

"Sería inconstitucional que la Corte suspenda a la defensora del Pueblo. Lo puede hacer la Asamblea Nacional".

Cedeño refuerza su planteamiento bajo la letra del artículo 129 de la Constitución, cuyo capítulo noveno se refiere a la Defensoría del Pueblo.

Textualmente el artículo dice así: "La Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos y las garantías fundamentales consagradas en esta Constitución, así como los previstos en los convenios internacionales de derechos humanos y la Ley, mediante el control no jurisdiccional de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos, y actuará para que ellos se respeten. La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor del Pueblo, quien será nombrado por el Órgano Legislativo para un periodo de cinco años, dentro del cual no podrá ser suspendido ni removido, sino por el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional, en virtud de causas definidas previamente por la Ley".

De esa forma, el asesor jurídico indicó que la Corte Suprema no puede suspender a la defensora Portugal solo lo puede hacer la Asamblea Nacional por dos tercios de los diputados.

Belfon autorizada por la Corte El pasado miércoles 10 de julio, luego de una audiencia pública, la Corte autorizó a la procuradora Belfon realizar las diligencias pertinentes para investigar a la defensora por las contrataciones directas. Actuó como juez de garantías, el magistrado José Ayú Prado.

Ayú Prado autorizó al Ministerio Público para que pueda asistir a la Defensoría del Pueblo y pueda recabar documentos e información que tiene que ver con las contrataciones directas realizadas por Portugal.

El viernes 19 de julio, Belfon solicitó una audiencia a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte para formularle cargos por delitos contra la administración pública a la defensora Portugal, excluyendo a la contralora Gioconda Torres de Bianchini, pese a que la Contraloría refrendo los dos contratos polémicos.

La Sala Penal de la Corte fijó para este miércoles 24 de julio la audiencia en la que el Ministerio Público notificará de cargos a Patria Portugal por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, como parte del proceso que se le sigue al otorgar los contratos de consultoría y diseño de página web por 450 mil dólares.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea será juramentada este lunes y así el martes la defensora del Pueblo podrá, junto a sus asesores, dar nuevamente explicaciones sobre los contratos.

Contrataciones La empresa Imaginarium Studio S.A., cuyo dueño es Jean Paul Ortega Ramírez, miembro de la Juventud del oficialista Cambio Democrático, fue contratada por 250 mil dólares para un logotipo y rediseño de página web de la Defensoría. Allí se alega sobreprecio y favorecimiento a un miembro del gobierno.

La madre de Jean Paul, Jazmine Ramírez, dueña de la empresa En Avant S.A. y funcionaria de la Caja de Seguro Social, fue contratada posteriormente por 200 mil dólares para una consultoría y capacitación de personal. Igualmente se habla de sobreprecio y ahora de tráfico de influencia.

A finales de mayo pasado, la administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigail Benzadón, en una carta a la procuradora Belfon, pidió investigar una serie de irregularidades debido a que existen evidentes faltas de controles administrativos internos tanto para la contratación como para el pago a Imaginarium Studio S.A.