Quijano reitera prohibición en Ley Orgánica de la ACP

PAMAMÁ. Ningún miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ni el propio fiscalizador general, Antonio Domíng...

PAMAMÁ. Ningún miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ni el propio fiscalizador general, Antonio Domínguez, ni ‘nadie’, puede ventilar públicamente un caso de investigación en esa entidad, en medio del proceso administrativo.

Esa es la postura del administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, que hace mención fielmente de la Ley 19 de 11 de junio de 1997, Orgánica de esa entidad.

Ayer, durante un recorrido por los trabajos de ampliación en el Pacífico, Quijano respondió a las insistentes preguntas debido a que Lourdes Castillo, miembro de la Junta Directiva de la ACP, fue denunciada el martes 26 de noviembre por supuestas faltas a la ética y violar las normas de la vía acuática al divulgar en Telemetro un proceso interno que adelanta el fiscalizador general sobre Rodolfo Sabonge, exvicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo Comercial y quien lideró la estructuración del nuevo sistema de peajes para el tercer juego de esclusas.

Aunque evitó referirse a la denuncia contra Castillo, el administrador dio un pantallazo del manejo que se le debe dar a los casos de investigación en el seno de la ACP y mantener el silencio de los nombres.

‘No vemos la necesidad de hacer ventilación de estos temas en público... uno tiene que guardar la confidencialidad de los nombres cuando va el proceso adelantando hasta tanto se termine la investigación’.

Así, Quijano dejó claro que la Ley Orgánica de la ACP en el artículo 31 establece que el fiscalizador general guardará reserva del nombre salvo que la revelación sea absolutamente indispensable para esclarecer los hechos.

‘Sería injusto cuando tú estás haciendo una investigación en la que no tienes ningún tipo de evidencia todavía sustancial que estés haciendo comentario, porque estarías empañando la honorabilidad de la persona... por eso se protege la inocencia de la persona... eso es lo que dice la ley’.

Sostiene que hay muchas investigaciones que se adelantan y muchas de ellas no tienen fundamento al final.

QUEJAS CONTRA CASTILLO

Carlos Ernesto González De la Lastra, exsecretario general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y con una empresa de desarrollos marítimos, precisa que Castillo, siguiendo sus intereses, no esperó los resultados sobre Sabonge, a quien define como ‘uno de los grandes patriotas’.

‘Yo lo que quiero saber es ¿qué ha dado ella para el sector marítimo en relación directa a lo mucho que ha dado Rodolfo Sabonge?’.

Sostiene que hay un impacto negativo debido a que está en juego la imagen del Canal de Panamá.

Rubén Arosemena, exvicepresidente de la República y exadministrador de la AMP, confiesa que es primera vez que se escucha en público que se ventilen casos de investigación en la ACP.

Sabonge renunció a la ACP el pasado 27 de septiembre, pero Castillo el pasado 18 de noviembre habló en la televisión de su investigación y criticó el retiro anticipado del exdirectivo que propuso un puerto en Corozal que chocaría con el de Balboa, concesionado a Panama Ports Company, a la cual, según la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá, ella busca beneficiar por sus vínculos comerciales.

Los abogados piden que Castillo sea suspendida y removida del cago, pues alegan que ella infringió normas claras de la Ley Orgánica de la ACP y los reglamentos del fiscalizador general, la Junta Directiva y el Código de Ética de esa entidad.

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