La mal llamada guerra antinarco

PANAMÁ. Su profesión vino inmersa en su ADN. Es lo que vio, escuchó y vivió en casa con su padre que le inculcó la misma escuela policial. Oscar Naranjo, general del cuatro soles, tiene el privilegio de ser el primer policía en ostentar este rango otorgado hace tres años por el presidente Juan Manuel Santos.

La inteligencia fue su mejor aliada al momento en que Colombia se enfrentaba a una de las guerras más sangrientas de su historia con los carteles de la droga de Cali y Medellín que le permitieron neutralizar a Gonzalo Rodríguez Gacha, miembro del Cartel de Medellín, además de otras operaciones que terminaron con la muerte de Pablo Escobar, capo del Cartel de Medellín.

La desaparición de Escobar, no obstante, todavía replica en la sociedad colombiana de distintas maneras; ‘sigue mortificando a los colombianos’, dice Naranjo.

POLÍTICA DE SEGURIDAD

Tal vez no solo a Colombia, también al norte y el centro del continente que siente a sangre fría los embates del narcotráfico. En México la mal llamada guerra contra el narco ha contabilizado más de 60 mil muertos en los últimos 6 años. ‘Es un error llamar a la política de seguridad pública a una guerra’, enfatiza el hombre vestido con un elegante saco azul marino. La lógica es que por poderoso y peligroso que sea un delincuente, en un Estado de Derecho no es un enemigo a aniquilar, sino antisocial a someter a la ley y a resocializar. Por lo tanto, una inferencia de guerra lo que genera es una polarización al interior de la sociedad. La política de seguridad pública no es una guerra; es más, significa tener una visión integral, desde la prevención hasta la resocialización del delincuente, agregó el general.

Sin embargo, ese concepto integral al que se refiere Naranjo no parece impregnar los discursos de los titulares de seguridad de los gobiernos al mando. Más bien, se pronuncia como un término ‘obligado’ para llamar la atención cuando se hace referencia al tema en ciertos actos. El tópico del narcotráfico es especialista en atrapar el interés de la opinión pública, especialmente cuando el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, ha reiterado públicamente —por segunda vez aunque sin precisar un caso específico—, que el narco está infiltrado en la política.

Un factor de cuidado, que sumado a las expresiones de la procuradora Ana Belfon, quien denunció recientemente que el crimen organizado tenía amenazados a cinco fiscales y que el narcotráfico está infiltrado en las instituciones, no es difícil asemejar nuestro escenario al que describe Naranjo al referirse a la proliferación del crimen organizado: ‘la verdad es que la ausencia de Estado permite que afloren economías informales, que luego son ilegales y terminan siendo economías criminales’.

Uno de los desafíos de nuestro gobierno es sin duda crear incentivos positivamente para que la ciudadanía tenga claro que el Estado es el único que puede ejercer la fuerza, que puede aplicar justicia y aplicar tributos. Acciones que prevendrían asimilar escenarios que se viven a diario en otras regiones donde muchos ciudadanos están pagando tributos a partir de la extorsión de delincuentes.

MENORES INFRACTORES

Naranjo, quien ofreció una conferencia en el marco de la II Feria Internacional de Seguridad celebrada en nuestra capital, también contó las razones por las que los jóvenes y/o menores de edad delinquen. Cuando uno entrevista a los jóvenes sicarios que han sido reclutados por los carteles, que están dispuestos a morir, muchas veces la respuesta es la misma: ‘Mi General, yo sé que a mí me van a matar joven, pero mientras que a mí me matan yo siento que soy útil a mi casa porque puedo mandar el sustento’.

A diferencia de lo que muchos piensan, la delincuencia no es expresión de pobreza, más bien de exclusión social y una política incluyente que brinde a los jóvenes un proyecto de vida. No es un tema de plata, es sentirse útil para su entorno, su familia. Tal vez lo que debiéramos preguntarnos es si contamos con una política incluyente para que un proyecto de vida se pueda administrar en medio de la pobreza. Cuando los jóvenes se sienten excluidos o marginados se vuelven una población muy vulnerable y fácilmente reclutable por el crimen organizado.