- 06/10/2014 02:00
Cifras del Minsa revelan que en una décima parte de los distritos del país, la mayoría de las mujeres encinta son menores de 19 años
El arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, aseguró en una carta al clero y a los movimientos religiosos que si bien la Iglesia católica apoya la idea de una ‘educación en la sexualidad, afectividad y valores’, no respaldará el proyecto de ley 61, que se discute en la Asamblea Nacional.
Tal norma, enviada a una subcomisión legislativa para su respectiva consulta con la sociedad civil, ‘no resuelve —según Ulloa— de manera responsable la problemática que se quiere evitar, como son los embarazos precoces y las enfermedades que causan muerte en la juventud, como el sida’.
‘Sus normas, la mayoría de lenguaje ambiguo y confuso, se contraponen a una serie de normas vigentes de nuestra legislación de familia y nuestra legislación penal’, sostuvo el jerarca católico panameño, en la nota fechada al viernes último.
La propuesta no ha pasado el primer debate, dada la reticencia de organizaciones civiles, que coinciden con la Iglesia en que el texto no frenará la incursión temprana de los menores en el sexo.
Los que la apoyan plantean, en cambio, que una norma de educación sexual prevendría a los adolescentes de enfermedades de transmisión sexual y del embarazo precoz.
Un estudio del Banco Mundial realizado en 2012 en El Salvador reveló que la frecuencia de embarazos no deseados fue 66% menor en las niñas que conocieron sus derechos reproductivos que en las que no. Y los maestros fueron en un 54% la principal fuente de información sobre salud sexual y reproductiva.
En Panamá, cifras del Ministerio de Salud revelan que en una décima parte de los distritos del país, la mayoría de las mujeres encinta tratadas entre enero y agosto de este año son niñas y adolescentes de hasta 19 años (en San Félix llega hasta el 75%, por ejemplo).
En coincidencia con los argumentos del gobierno, calificado regularmente de conservador, la Iglesia católica sostiene que el proyecto en discusión no incluye a los padres de familia, a los que, dice, les cercena el derecho de ‘opinar sobre qué clase de educación sexual recibirán sus hijos, de acuerdo con sus creencias morales y religiosas’.
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