"Cuando el momento lo amerite usaremos las celdas de Punta Coco"

A un año de haber sido electa la coalición que lo llevara al Ejecutivo,  el ministro de Gobierno,  Milton Henríquez, ha sido abatido en varias ocasiones por circunstancias aparentemente  incontrolables. Barro Blanco (la más actual), transporte (la más longeva), cárceles (la más conflictiva) y aprietos  personales engrosan la lista de avatares sufridos por  el encargado de esta cartera. En un encuentro  con La Estrella de Panamá, Henríquez explora  cada uno de estos temas con mucho recelo, tratando de  no hablar de más, pero  tampoco  de menos.

Para muchos, el resultado de las negociaciones de  Barro Blanco era previsible. ¿Cuán difícil fue tomar  una decisión?
El proceso de diálogo no ha terminado. Tenemos una reunión  el próximo lunes, 18 de mayo con la comunidad y hemos estado en conversaciones con los bancos que financian el proyecto.  Lo que dijimos inicialmente fue que el pasado 4 de mayo expondríamos  nuestra posición. Lo  hicimos y  la comunidad acogió  una  posición diferente, por lo que acordamos  seguir conversando. En la próxima etapa,  analizaremos  las consecuencias de las posibles decisiones.

Entonces, ¿en qué  quedó lo de separar a Genisa del proyecto y continuar con la hidroeléctrica, a pesar de la oposición del pueblo Ngäbe-Buglé?
Ese fue un planteamiento de los que financian el proyecto,  que nos pareció válido, pero el Estado no tiene  la potestad para  sacar a  nadie,  por eso estamos, todavía, buscando una solución para salvaguardar los derechos de todas las partes.

Al final,  todo apunta a que el ganador de este conflicto será el gobierno, ¿alguna otra salida?
El rol del gobierno es tratar de conciliar intereses que aparentemente están enfrentados y eso toma tiempo. No es el momento para desesperarse ni para llegar a conclusiones anticipadas. Mantendremos el diálogo buscando un punto medio en el que  todos ganemos.

Hay otro conflicto. Este tiene ya lustros y parece un callejón sin salida. Es  el transporte. ¿Cómo ve su situación hoy?
Actualmente, estamos reestructurando  la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que fue  destruida durante  la administración anterior. Me atrevería a decir que fue foco de muchísimas denuncias de corrupción. Lo que hemos estado haciendo en estos meses es reconstruir esta oficina y prepararla para el nuevo rol que deberá tener de cara al  sistema de transporte al que aspiramos y prometimos a los usuarios durante campaña.

Una de esas promesas fue terminar con  la piratería en el transporte público,  sin embargo,  lo que se ha hecho es darle  un aval para que continúe operando temporalmente. ¿Es esto una manera de justificar la ilegalidad?
 Lo que condiciona nuestras decisiones, desde el día uno, es garantizar que esos cientos de miles de residentes del  área metropolitana que deben movilizarse todos los días a través de la ciudad lleguen a su destino. No podemos dejar a la gente varada mientras corregimos los problemas del  transporte formal.  Cuando pones al pueblo primero debes  tomar ciertas decisiones en base a las realidades;  tienes que saber cómo cada decisión  perjudica o beneficia a la población.

Pero esas decisiones  han puesto en riesgo la vida de cientos de panameños...
Sí, lo ponen en riesgo y por eso se ha multado a muchos de ellos  y sacado de circulación al transporte informal  inseguro.  Pero  no podemos ignorar el hecho de que las empresas de transporte formal no han demostrado  la capacidad  para llevar a las personas a su destino.

Y los piratas o el transporte informal, como usted ha preferido llamarle, ¿qué capacidad han demostrado?
El transporte informal lo que hace es complementar el transporte formal. Si no hubiese necesidad,  no habría demanda por ese transporte. Nadie lo usaría.

¿Se atreve a calificarlos como bueno, regular o malo?
Me atrevo a decir que es un servicio que debe salir del sistema  justo cuando el sistema deberá satisfacer.  Hay que transportar a las ciudadanos de la mejor manera posible. Por el momento, no transportar no es la solución.

A finales de la semana pasada, en la reunión de los derechos humanos de la ONU,  se habló   de  que las políticas de reinserción social de las cárceles panameñas son débiles y deben mejorar. ¿Qué opina usted al respecto?
Nosotros queremos cambiar el sistema y hemos establecido una política basada en tres pilares: El respeto a la dignidad de las personas, la seguridad y la rehabilitación para la reinserción. El primer problema que tenemos son los recintos carcelarios; no podemos socializar en un centro penitenciario que no tiene aulas ni  talleres y en el que, además,   hay hacinamiento. Estas situaciones son  infrahumanas y hay que  resolverlas. Cumpliendo con la ley, eso  puede tomar años.

Si entre los pilares de su política está el respeto a la dignidad de las personas, ¿por qué en su momento se defendió tanto la idea de una cárcel insular en la región de Punta  Cocos?
En Punta Cocos no hay una cárcel insular,  lo que hay es una base aeronaval y, como en toda base,  hay celdas que son de múltiples propósitos. Nuestra legislación nos permite el uso de estas celdas, por razones de seguridad,  cuando la vida del privado de libertad corre peligro en razón de las amenazas que pueda haber en el centro penitenciario en el que esté recluido.

 Correcto, pero la idea inicial era llevar hasta ese sitio a seis jefes de bandas... ¿Esa idea ya caducó?
Si hubiera una razón de seguridad para que esos cabecillas sea llevado a Punta Cocos o a cualquier punto del país para garantizar su seguridad,  la ley permite hacerlo de manera temporal.

Pero no es  lo mismo trasladarlo a un centro penitenciario en tierra firme que exiliarlo  en una isla...
Cuando su vida corre peligro hay que alejarlo de  todo. Más humano que salvarle la vida, no creo que exista. Cuando el momento lo amerite, usaremos las celdas de Punta Coco.

Usted ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que crea la figura de los jueces de paz, en reemplazo de  los corregidores. Estos  serían nombrados por los alcaldes.  ¿No cree que esta figura acaloraría los nombramientos con intereses políticos?
Yo no comparto la tesis de que todo lo político es pecaminoso. La actividad política tiene sus límites y no debe entrar en la administración de justicia. No debe haber condicionantes  político partidistas en esto.

El gobierno anterior fue acusado, y aún lo es, de  usar indebidamente  los fondos públicos. Pero,  el gobierno  actual,  del cual usted es parte, ha sido acusado de violar el código de ética de los servidores públicos al practicar nepotismo ¿Por qué cree que han caído en esta falta?
El nepotismo no es nombrar parientes, sino, nombrar parientes ineptos para un cargo público. Hay casos, como el mío, en que  hay  una  relación directa, que son razonables: mi asistente de hace 15 años resulta ser la hermana de mi esposa; ella  es la persona de mi confianza; cuando   me pone a firmar un documento yo puedo estar seguro de que ha sido revisado y que no me voy a exponer a  un error. Eso es muy distinto a que  nombres a un inepto,  o a un chambón,  a ganarse el sueldo como una botella.

¿Por qué cree que hubo más ruido en el caso de nepotismo del IMA que en cualquier otro de los ministerios?
Me parece que se debió a que en las primeras ocasiones, el caso mío y el caso del ministro Alemán,  ocurrieron al inicio del gobierno; digamos que había cierto nivel de incomprensión de la normam,  pero en el caso del IMA,  viendo ya lo que nos había pasado,  la gente no esperaba que hubiera dudas.

¿Usted siente, entonces, que los  ciudadanía lo perdonó a usted y al director del IMA no?
Cuando tu cometes una falta hay una consecuencia. En este caso, uno de los dos familiares debe irse y el responsable del nombramiento recibe una amonestación. La mía, la recibí.