Las “sexoservidoras” piden alto a los abusos

Jennifer Mosquera, de 32 años, sufrió, en carne propia, el abuso policial por ejercer la prostitución cerca de la Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá.

Eran las 8:00 p.m., el pasado 24 de junio, cuando unidades policiales la arrestaron sin permitirle sentarse, pese a tener ocho meses de embarazo.

‘El policía me pidió la cédula y luego llamó al patrulla del cuartel policial de San Miguel (Calidonia). Le conté que estaba embarazada y el capitán respondió: ‘¿No serán lombrices?”, relató Mosquera, de tez morena.

En el cuartel la mantuvieron esposada. Cuando ella indicó que se sentía mal, los policías le pasaron unas hojas de periódico para que se acostara en el piso.

Mosquera, sin tapujos, contó algunas de las cosas que vio y escuchó aquella noche: un capitán de la Policía Nacional de apellido Graciani chateaba con otra trabajadora sexual llamada Karen, quien le informó dónde estaban paradas las chicas. ‘La que no paga coima será arrestada', dijeron. A ella, el capitán le abrió la cartera y le quitó $20. ‘Jamás me los regresó', contó Mosquera.

PRESENTARÁN DENUNCIA

Agrupaciones de trabajadoras sexuales, indignadas por el relato de Mosquera, se reunieron ayer en la Defensoría del Pueblo para apoyarla y reclamar sus derechos.

El grupo Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá, creado en 2009, presentará formalmente una denuncia penal contra la Policía por abuso de autoridad, privación de libertad y falsedad de documento.

Según el abogado del movimiento, Eduardo López, Mosquera fue detenida a las 8:00 p.m. y liberada a las 4:00 p.m. del día siguiente; sin embargo, el registro en la Policía fue alterado y se arregló para que aparecieran menos horas de arresto.

En tanto, Edith Tristán, coordinadora de la Unidad de VIH de la Defensoría del Pueblo, confirmó que esta entidad comprobó que, esa noche, en el cuartel había también otras cuatro chicas arrestadas y mantenidas en condiciones poco dignas.

‘Es injusto que a una mujer se le trate de esa manera', deploró Tristán, quien informó, además, que la Defensoría ha abierto un expediente y que llevará la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

‘El trabajo sexual no está penalizado. Queremos policías que se ocupen de la delincuencia y no de mujeres indefensas', expresó Elena Eva Raynaga, secretaria de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica .

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ELENA EVA RAYNAGA