Señalan a Ayú Prado por intromisión

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, denunciante en el caso de corrupción en el Segundo Tribunal de Justicia, envió una carta a Aurelio Vásquez, fiscal Sexto Anticorrupción a cargo de las investigaciones, en la que le solicita limite la presencia de los denunciados en el caso en las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia.

En un solo párrafo, Ayú Prado pone en claro sus intenciones y pide al fiscal ‘considerar la posibilidad de requerir a las personas denunciadas e investigadas por supuestos actos de corrupción en el Segundo Tribunal Superior (caso La Taquilla) que están suspendidas, que limiten al mínimo su presencia en las sedes de los Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia'.

La nota, no obstante, ‘ejerce una gran presión en el Ministerio Público, puesto que no se trata de una disputa entre privados, sino que su remitente es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y tiene un peso que en un momento dado puede vulnerar los derechos de los investigados', manifestó Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio de Abogados.

En noviembre de 2015, Ayú Prado denunció ante el Ministerio Público la existencia de una red de funcionarios judiciales y juristas dedicados a la compra y venta de medidas cautelares del sistema, hecho que motivó la pesquisa por parte del fiscal Vásquez.

Araúz sugiere a Ayú Prado determinar el papel que juega en este proceso: ‘¿Van a ser denunciantes o querellantes?'. Añadió que por su investidura, Ayú Prado debe mantener el justo equilibrio entre los derechos de las personas que están siendo investigadas, cuya inocencia se presume, y su posición de denunciante y no como querellante, ya que éste toma parte activa en el proceso.

El magistrado no es parte del proceso; por tanto, sus actuaciones deben estar limitadas a colaborar con el Ministerio Público cuando este lo requiera.

‘La prohibición de que un individuo se acerque a un lugar público es solo del fiscal, que debe saber cuáles son los controles internos', acotó Araúz.

‘Nadie puede restringir a los señalados el ingreso a un despacho público', señala Rosendo Rivera, abogado defensor en el caso, quien agrega que Ayú Prado se extralimitó en sus funciones y violó el artículo 5 del Código Procesal Penal que regula la separación de las funciones de investigación y las adjudica exclusivamente al Ministerio Público.

Por su parte, el abogado Kevin Moncada, representante de Kira Puga, otra sindicada, arguyó que Ayú Prado en ‘su condición de magistrado presidente de la Corte, dicta órdenes al fiscal que investiga el caso, en las cuales señala, que requiera a los denunciados que no se aparezcan por la Corte. Este es un asunto que debe ser tratado por Seguridad del Órgano Judicial; empero, como el actual gobierno le ha dado tantos espaldarazos y apoyo, como la reelección en la presidencia de la Corte, se cree amo y señor de los procesos judiciales'.

La nota de Ayú Prado parece motivarse por otra carta enviada por Josefina Sclopis, de la Dirección de Descongestión Judicial, a Lourdes Batista, directora del Departamento de Recursos Humanos, en la que le narra un incidente ocurrido entre Carmen Castro (señalada en la investigación por supuestamente arreglar los fallos a favor de los detenidos), e Isis Álvarez, funcionaria que labora en la oficina de Descongestión Judicial.

La carta relata que el 28 de enero pasado, Álvarez recibió una llamada telefónica y al percatarse de que se trataba de la señora Castro, no la aceptó. No obstante, a los cinco minutos ésta última entró por la puerta a la oficina en ‘actitud arrogante' y solicitó a Álvarez que saliera del despacho en horas laborables para conversar con ella.

Cuando Batista cuestionó a la funcionaria Álvarez a qué se debió la reunión, ésta respondió que Castro la buscó para ‘conseguir el número telefónico de un ebanista, y también comunicó que cuando Castro estaba detenida también la llamaba a la Sala Transitoria y siempre se negó a recibir las llamadas'.

Al momento en que Ayú Prado denunció los hechos, el Segundo Tribunal, la Oficina de Descongestión Judicial y los juzgados Primero y Decimosexto cerraron sus puertas para permitir a los investigadores la búsqueda de documentos.

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DATOS DEL CASO

La red de corrupción fue denunciada en noviembre de 2015.