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25 de May de 2020

Nacional

La Defensoría del Pueblo acarrea un “pecado original”

La Asamblea Nacional está inmersa en el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo, que debe ejercer a partir del 1 de abril

Aunque la mayoría conoce muy poco del trabajo a cargo de la Defensoría del Pueblo, muchos han escuchado de escándalos en esta institución que, incluso, han llevado a la destitución del funcionario responsable de velar por los derechos humanos y defender al pueblo.

En los últimos años, la Defensoría del Pueblo no ha llenado las expectativas de los panameños y este cargo — que mensualmente le cuesta al erario siete mil dólares— es visto como un puesto que poco produce y hasta hay quienes lo consideran ‘servil' al gobierno de turno.

La razones son diversas, pero para quienes participaron en la creación de la institución, lo que está pasando es que quienes han ocupado el cargo ‘no han entendido de qué se trata'.

Desde 1997, seis personas han sido defensores del Pueblo: Ítalo Antinori Bolaños, Juan Antonio Tejada Espino, Liborio García (remplazado por Ricardo Vargas), Patria Portugal (remplazada por Lilia Herrera de Mow).

García y Portugal fueron destituidos por la Asamblea Nacional en medio de escándalos por actos que reñían con el cargo.

PENDIENTE

Roberto Troncoso, activista de los derechos humanos, ha seguido el proceso de entrevistas de los aspirantes a dirigir la Defensoría del Pueblo y ha manifestado sus conclusiones al respecto: ‘No tienen ni la más remota idea de qué se trata la Defensoría'.

Una de las propuestas que han planteado en la Asamblea Nacional quienes buscan ejercer como nuevo ombudsman (término sueco con que se llamó a la primera persona designada para defender los derechos de los ciudadanos en 1809), es la necesidad de dotar de más recursos económicos a la institución.

‘Prácticamente se convierte en un puesto político, un rehén de la Asamblea', asevera Troncoso, porque este órgano del Estado es el que debe aprobar el presupuesto anual de la institución.

La opinión de Mitchell Doens no dista mucho de la de Troncoso. Se atreve a hacer un balance negativo de los 19 años de la institución.

Doens, quien fue parte de la Comisión presidencial encargada de crear la Defensoría del Pueblo, dice que ‘no ha cumplido en su totalidad.'

‘Siento que en algunas ocasiones, prosigue Doens, los que han sido puestos allí (en la Defensoría) no han entendido que debe ser un ente totalmente independiente de quien ejerza el gobierno'.

A juicio del político, ‘muchas veces (los defensores del Pueblo) no han querido tirarse al fondo para no chocar con el Ejecutivo'.

El diputado presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, lamentó que, por temas políticos, en los últimos años, la Defensoría ‘ha perdido prestancia'.

González, del Partido Revolucionario Democrático, destacó que quien sea electo para ese cargo ‘tiene una tarea importante para rescatar la credibilidad de la institución', porque todos los aspirantes tienen clara la condición en que se encuentra la institución.

EL NOMBRAMIENTO

A la Asamblea Nacional le corresponde nombrar, entre otros funcionarios, al defensor del Pueblo, cuyo mandato tiene una duración de cinco años. Podrá ser reelecto para un periodo adicional, de acuerdo con la Ley 7 del 5 de febrero de 1997, que creó esta entidad.

INSTITUCIÓN CERCENADA

Al defensor del Pueblo le corresponde investigar y denunciar hechos, actos u omisiones de empresas públicas, mixtas o privadas, personas naturales o jurídicas, que desarrollen un servicio público por concesión o autorización administrativa, que puedan constituir violaciones de los derechos humanos.

Ninguna de estas actuaciones tienen poder coercitivo ni jurisdiccional. Los consultados se preguntan si eso sería parte del problema, aunque reconocen que de esa forma fue creada y que así funciona en el resto del mundo.

La institución no tiene capacidad para establecer sanciones, explicó Doens, porque la Constitución define que las sanciones judiciales están en manos del Ministerio Público y del órgano Judicial.

La Defensoría del Pueblo queda ‘cercenada y si la Constitución no se reforma, seguirá esa limitante', dijo Doens, quien participó en la comisión que viajó a Guatemala y Colombia para aprender de las experiencias de estos países en el tema.

La Estrella de Panamá remitió un cuestionario a Lilia Herrera, nombrada defensora del Pueblo por la Asamblea Nacional para concluir el periodo de Patria Portugal ( ver nota relacionada ) el martes 23 de febrero, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

‘Ahora la entidad se ha convertido en una oficina burocrática para refugiar amistades simpatizantes del gobierno', consideró Gerardo Solís, quien presidía el Colegio Nacional de Abogados cuando nació la entidad.

El presupuesto de la institución para el año fiscal corriente es de $5.5 millones.

Desde el 1 de enero de 2010, la Defensoría del Pueblo cuenta con un presupuesto propio. En ese año, se modificó el artículo 45 de la ley que creó la entidad.

La dotación económica necesaria para la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo constituirá una partida fija en el presupuesto de la Asamblea Nacional.

DESTITUIDOS

Una denuncia por maltrato doméstico puso entre la espada y la pared a Liborio García, quien fuera el tercer ciudadano nombrado en el cargo al que hoy aspiran 26 panameños.

Aunque García fue sobreseído por el Ministerio Público, la denuncia que presentó su exesposa, se convirtió en el bastión de lucha de grupos feministas para exigir la destitución.

La separación de García, en junio de 2006 no fue por la denuncia de violencia doméstica, sino por haber participado en un acto político del diputado Sergio Gálvez.

Además, la Asamblea Nacional sustentó la destitución de García en que no renunció a los puestos directivos de sociedades anónimas y firmas de abogados que ocupaba para entonces, lo que debió hacer, por ley, treinta días después de haber asumido el cargo.

La separación de García estuvo sustentada en el artículo 13 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, que establece que el ejercicio de estas funciones es incompatible con la filiación partidista y el desempeño de cualquier otra actividad política partidista, profesional o comercial.

El defensor del Pueblo debe velar por la protección de los derechos humanos de los panameños.

LA NUEVA ELECCIÓN

El pleno de la Asamblea Nacional está en proceso de elegir al nuevo defensor del Pueblo, que debe asumir funciones el 1 de abril. Los 26 aspirantes al cargo fueron escrutados por la Comisión de Gobierno y cumplieron con los requisitos legales.

Esta comisión legislativa, dirigida por el diputado Pedro Miguel González, entregará al pleno el informe de las entrevistas.

Según el diputado González, estas 26 personas cumplen con los requisitos y puedes ser considerados como candidatos a ocupar este cargo, por lo que el listado completo será considerado por el pleno legislativo.

En la Constitución Política y en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional está establecida la fórmula para elegir a este funcionario.

Para ser considerado como candidato, los aspirantes deben ser propuestos por algún diputado, según el artículo 211 del Reglamento Interno que dicta las reglas para las designaciones.

El numeral tres del artículo 211 del Reglamento Interno señala que para ser electo defensor del Pueblo, el candidato debe obtener la mayoría absoluta de votos; es decir, la mitad más uno de los componentes del pleno.

En el caso de la Asamblea Nacional panameña, son 37 votos.

Aunque no hay mucha expectativa, antes de concluir este mes de marzo, se deberá conocer quién es el nuevo defensor del Pueblo.

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CAMBIOS EN LA INSTITUCIÓN

Dos denuncias, dos destituciones en la Defensoría

Una denuncia por maltrato doméstico puso entre la espada y la pared a Liborio García, quien fuera el tercer defensor del Pueblo.

Aunque el caso fue sobreseído por el Ministerio Público, la denuncia presentada por su exesposa se convirtió en el bastión de lucha de grupos feministas para exigir la destitución.

García no fue separado, en junio de 2006, por la denuncia de violencia doméstica, sino por haber participado en un acto político del diputado Sergio Gálvez.

La Asamblea Nacional justificó la destitución de García. A pesar de que le solicitaron la renuncia, no lo hizo.

La separación de Liborio García estuvo sustentada en el artículo 13 de la ley de la Defensoría del Pueblo, que establece que el ejercicio del cargo es incompatible con la filiación y participación político partidista.

Patria Portugal también fue destituida. Se le denunció por otorgar dos contratos que superaban los $450 mil. La adjudicación de los contratos, supuestamente de manera irregular, a empresas vinculadas a una misma familia, provocó que la Asamblea la destituyera.

Portugal, que luchó durante veinte años para encontrar los restos de su padre, Heliodoro Portugal, desaparecido durante el periodo militar, fue destituida con el voto favorable de 49 diputados, ninguno en contra y la abstención de once opositores del Partido Revolucionario Democrático.

Para cesar a un defensor del Pueblo del cargo se necesitan dos tercios de los 71 diputados; es decir, 47 votos.

Uno de los contratos otorgados por Portugal, en el 2012, fue por $250 mil a la empresa Imaginarium Studio, S.A. para una consultoría de cambio de imagen que incluyó el desarrollo del portal web de la institución.

El otro contrato era por $200 mil a Avant, S.A., una consultoría para mejorar la atención.

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LA RUTA PARA ELECCIÓN

La fecha de elección la decide la junta directiva de la Asamblea Nacional

LISTA

El listado completo de 26 aspirantes pasa al pleno legislativo, aunque no es indicativo de que estén en carrera para el cargo.

DIPUTADOS

Algún diputado debe proponer como candidato a alguno de los 26 aspirantes (artículo 211 del reglamento interno que dicta las reglas para las designaciones).

TIEMPO

Los proponentes podrán hacer uso de la palabra para sustentar su postulación una vez y por tres minutos.

VOTACIÓN

Concluidas las exposiciones, el presidente de la Asamblea someterá a votación cada candidato.