Rechazo a medidas contra institutores

Aunque en el mes de marzo se sobreseyó provisionalmente a los estudiantes del Instituto Nacional acusados de terrorismo por los daños causados durante unos disturbios, el malestar por las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía del Ministerio Público envuelve a las familias de los jóvenes.

La familia Zurita Córdoba está molesta por la detención preventiva del joven Carlos Zurita, que lo llevó a permanecer más de 90 días en el centro de cumplimiento Arco Iris, en Tocumen, alejado e las aulas de clases.

Los siete institutores, investigados por el Ministerio Público en varios delitos entre ellos terrorismo, fueron señalados de participar en los actos de vandalismo el 7 de julio de 2015, donde un profesor y una alumna resultaron con quemaduras.

Mari Córdoba, madre de Carlos, asegura que al detener preventivamente a los adolescentes y enviarlos a un penal les pudo haber causado un severo daño psicológico.

‘El daño no solo es a ellos, sino también a toda la familia. Los sueños de graduarse como mi hijo quería, nunca se cumplió', expresó.

Además, Córdoba reclama: ¿Quién repara todas las cosas malas que ellos vivieron al estar recluidos?

EN DETALLE

Carlos fue detenido a las 5:00 de la madrugada en su residencia en Las Cumbres el pasado 16 de julio, tres días después de que la ministra de Educación, Marcela Paredes, presentara formalmente la denuncia del caso ante el Ministerio Público. Los otros seis menores fueron detenidos en sus residencias, de forma paralela.

Tras estar encarcelados durante ese tiempo, en octubre comenzaron a otorgar las libertades condicionales para liberarlos y mediante el edicto 303-16 el juez Armando Padilla, del Juzgado Segundo Penal de Adolescentes del Primer Circuito Judicial, sobreseyó provisionalmente a los siete.

UN MENOR ES INVESTIGADO

Uno de los adolescentes tiene abierto el proceso por lesiones personales

Alianza Ciudadana Pro Justicia, existen otras medidas alternativas que se deben aplicar antes de la privación de la libertad.

‘Pero nuestros funcionarios no siempre actúan en base a la ley y eso es lo que se debe exigir', comentó.

Lee recordó que no solo se les hizo un daño psicológico a los jóvenes, sino que perdieron tiempo de estudio, por lo que considera que no es un problema de la ley debido a que se establece que la privación de libertad debe ser la última de las medidas que debe aplicarse.

El artículo 2126 del Código Judicial indica que la libertad personal del imputado sólo podrá ser limitada mediante la aplicación, por el juez o por el funcionario de instrucción, de las medidas cautelares previstas en esta sección.

La norma agrega que nadie será sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.

Para el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, el sistema judicial debe poder encontrar al verdad de un señalamiento sin lesionar los derechos de cualquier individuo.

‘La sociedad debe rechazar toda medida que lesione derechos individuales', precisó el jurista.

Recientemente, los abogados de exfuncionarios denunciaron abuso de la detención preventiva.