Pedirán pulseras de seguridad para hombres violentos

La abogada recibió la llamada a las 3:00 a.m., un día domingo del año 2015. Su clienta, Marta Batista, de 35 años, había sido asesinada a machetazos por su exesposo, después de diez años ininterrumpidos de golpes, patadas e insultos.

Al recibir la noticia, la abogada sintió en carne propia cada uno de los ocho machetazos que terminaron con la vida de su defendida.

Las ‘boletas de protección no salvan vidas', asegura Gilma de León, tras esa experiencia.

Marta Batista había puesto una boleta de alejamiento contra su expareja y padre de sus hijos.

Pero no sirvió de nada. Marta fue asesinada; sus tres hijos menores quedaron huérfanos y tuvieron que ver el cuerpo despedazado de su madre dos veces: en la sala de su casa, mientras se desangraba antes de que llegara la ‘ayuda' y luego, en la portada de un diario de crónica roja de Panamá.

Hoy, asesinatos como el de Marta Batista conforman el 88% de los delitos de violencia doméstica investigados por el Ministerio Público. La mayor parte de ellos ocurre en el mismo barrio, San Miguelito. El otro sector crítico es Panamá Oeste.

Pero, ‘¿qué pasa con los niños hijos de esa pareja y su condición física y psicológica? ¿Y con el ofensor, que es un arma en sí mismo?', se pregunta De León.

‘Las políticas de prevención ahorran gastos al Estado', sostiene De León, quien no duda en afirmar que el femicidio se ha convertido en un problema de salud pública.

‘Se necesitan programas para las mujeres y para los ofensores; terapias con especialistas y que un equipo interdisciplinario dé seguimiento a los casos, para determinar a largo plazo qué sucede con esas personas', afirma la jurista .

Gilma De León, abogada e integrante de Fundagénero, asegura que este grupo volverá a exigir que se coloquen pulseras de seguridad a los violentos.

Fueron 51 las mujeres asesinadas en 2015, mientras el gobierno decidía si implementaba o no medidas de protección o impulsaba nuevas políticas públicas para la protección de la mujer.

Las pulseras ayudarían a dar alarma a los estamentos de seguridad cuando el ofensor se encuentra cerca, en violación de la boleta de prevención.

La medida no es un disparate; en Uruguay, en 2013, la justicia dispuso la colocación de las tobilleras en unos 640 casos, aproximadamente.

La directora de la División de Políticas de Género, July Zabaleta, explicó que para el 2017 el programa estará instalado en todo el país.

En 2015 en Panamá se intentó poner en práctica la medida, pero el proyecto quedó en el limbo.

En aquel momento, el Ministerio de Seguridad Pública licitó –con un precio de referencia de $10.1 millones–, la adquisición, gestión y operación de dispositivos electrónicos para el seguimiento telemático de personas acusadas de violencia doméstica.

El uso de los dispositivos impediría que el agresor y la víctima puedan estar cerca en un radio de distancia que las autoridades determinarían.

PREVENCIÓN, ¿DÓNDE?

La violencia doméstica sigue en ascenso en Panamá. Las muertes de mujeres abultan las cifras de violencia y asesinatos del país, pero el dolor de las víctimas permanece en el ámbito íntimo, sin llegar a provocar ningún escozor social.

En 2016, los casos de violencia doméstica aumentaron un 16% en comparación con el año previo, según datos de las Fiscalías de Familia del Ministerio Público.

En 2015, se colocaron 20,516 denuncias, mientras que el año anterior alcanzaron 17,312. El 90% de los afectados son mujeres.

Esta semana, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta que pedía revisar, de manera urgente, las acciones que se están ejecutando para la protección de la vida e integridad de las mujeres.

La Defensoría preside el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG).

El defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, alarmado, expresó que es necesario que el Estado fortalezca los procedimientos actuales, en particular, en el marco de la entrada en vigencia en el Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio.

Los delitos de violencia contra las mujeres demandan actuaciones inmediatas, señaló Castillero.

Pero su llamado llega tarde para quienes ya murieron y para los niños que suman a sus recuerdos de infancia la muerte violenta de su madre, por quien decía ‘amarla'.

Quienes trabajan en el tema sostienen que el Gobierno no asigna las partidas necesarias para los programas que se han planificado: de la tinta y el papel no pasan.

La magnitud que ha alcanzado la violencia doméstica, explica Gilma De León, amerita que se implemente otro tipo de programas, que se cumpla con los convenios internacionales y la normativa interna.

LA LABOR DE LOS MEDIOS

Fundagénero, el Ministerio de Gobierno, la Universidad de Panamá, en conjunto con el Instituto Nacional de la Mujer y el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), ofrecieron, por primera vez este año 2016, el Diplomado de Periodismo, Género y Responsabilidad Social para Comunicadores.

En el diplomado, que duró seis meses, se discutieron las condiciones sociales, políticas y culturales que promueven la violencia de género; también se analizó el marco legal nacional e internacional que, supone, resguarda a las mujeres.

Y por supuesto, se debatió el rol de periodistas y medios de comunicación.

Fueron más de veinte los graduados, periodistas de todos los medios del país; sin embargo, los titulares que revictimizan a la mujer continúan: ‘¡Amor salvaje!', ‘Hombre mata a su mujer', son solo algunas de las letras sangrientas que promueven, desde el periodismo, la violencia contra la mujer.

Sobre el asunto de los titulares de los medios, la abogada Haydée Méndez Illueca contó a La Estrella de Panamá que las oenegés de mujeres distribuirán entre los directivos de diarios y canales de televisión un ‘llamado de atención'.

‘Recomendamos no utilizar los términos ‘amor' o ‘crimen pasional' para referirse a ataques violentos o femicidios cometidos por hombres contra su pareja o ex pareja mujer, ya que esto incita a que se considere al victimario como víctima de sus emociones', advierte la carta que será entregada por las organizaciones.

La nota también señala que los femicidios no constituyen un hecho aislado, sino el desenlace de una larga historia de violencia hacia una mujer.

La misma cierra recordando que el 25 de diciembre de 2013 entró en vigencia la Ley 82 de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer.

Esta ley tiene artículos que comprometen a los medios de comunicación a coadyuvar en la erradicación de la violencia de género, específicamente el punto 4, que se refiere a la ‘violencia simbólica con mensajes, íconos o signos que transmiten o reproducen estereotipos sexistas de dominación o agresión contra las mujeres, en cualquier ámbito público o privado, incluyendo los medios de comunicación social'.

En la normativa, también se establecen multas para los medios que incurran en discriminación o violencia contra las mujeres, determinando el monto de la multa en proporción a la gravedad de la falta.

Existen treinta leyes relacionadas a las mujeres, según una recopilación de la abogada Méndez Illueca, una realidad que indica que el vacío está en hacer cumplir las normativas y en la falta de decisión política para aportar los recursos necesarios para desarrollar los programas de prevención.

Por el momento, todo sigue igual en un Panamá donde las mujeres solo valen por la sangre de sus cuerpos en las primeras planas de los medios de comunicación.

LEGISLACIÓN

Hay 30 leyes que impactan a la mujeres.

Están vigentes, pero no se cumplen por desconocimiento.

El anteproyecto de ley 177 está a la espera de ser debatido y busca prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento, acoso callejero, sexual, favoritismo, sexismo y racismo en todos los ámbitos.