El narcotráfico ha penetrado al Estado, dice EE.UU.

El país sufre grandes debilidades para luchar contra el crimen organizado dedicado al narcotráfico. Tiene un sistema judicial débil, a pesar de que el presupuesto del Ministerio Público ha ido en aumento en los últimos siete años, con el más significativo en 2016, por la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en todo el territorio nacional.

Este mes, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado varios temas en los que Panamá podría mejorar para hacer frente a este flagelo que afecta al país por estar en la ruta del productor hacia el mercado de mayor consumo, su propio territorio.

Varias organizaciones locales de narcotraficantes en Panamá continúan brindando apoyo logístico a las redes de tráfico internacional de cocaína en su paso por el país, desde donde luego se distribuye hacia Centroamérica.

Basadas en ambas costas de Panamá, estas organizaciones coordinan la recepción de las ‘lanchas rápidas' de los diferentes grupos delictivos que operan desde Colombia.

Una vez en Panamá, estas embarcaciones son reabastecidas y la droga se esconde en áreas remotas del litoral para su posterior transporte más al norte.

Los mayores cambios que se requieren en las políticas de lucha contra el delito y las instituciones incluyen integridad y cooperación para combatir el tráfico ilícito.

Pero la corrupción resulta uno de los mayores desafíos de las autoridades y la sociedad en general. Se manifiesta, entre otros sectores, en los estamentos de seguridad, aduanas y el sector judicial.

De acuerdo con el informe norteamericano, el crimen organizado del narcotráfico ha penetrado la Policía, las autoridades han detenido a varios de sus miembros involucrados en tráfico durante el año 2015.

El Gobierno reconoció este asunto y la policía y el Servicio Nacional Aeronaval se sometieron a exámenes de poligrafía a petición de Estados Unidos.

Por otra parte, en el sistema judicial, la mayor parte de los cargos se refieren a enriquecimiento ilícito, así ocurrió con los procesos seguidos a Alejandro Moncada Luna y Víctor Benavides, ambos exmagistrados de éste órgano.