MP intercederá ante Tribunal Superior para ejecutar sentencia del dietilenglicol

El Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, que reúne  a los afectados por el dietilenglicol, se reunió con el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, para solicitar su ayuda en el cumplimiento de la sentencia contra los acusados por este caso de envenenamiento masivo.

Rodríguez indicó que en aras de hacer cumplir la ley y la decisión del Tribunal Superior de Justicia, insistirá para que se notifique a los acusados y sean ejecutadas las sentencias, aunque aclaró que hay acciones de revisión y habeas corpus que deberán ser dirimidos antes.

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El Secretario General indicó que la reunión, celebrada este miércoles con la presencia -entre otras personas- de Gabriel Pascual, representante legal de la agrupación, y los abogados Antonio Vargas y Rolando Rodríguez Chong, fue solicitada por el Comité, que pidió la remisión de los expedientes a la Comisión de Salud, integrada por el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el caso de envenenamiento ocurrido en 2006, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo absolutorio del Segundo Tribunal de Justicia, y en su lugar condenó a 18 meses de prisión al exdirector de la CSS René Luciani, por su responsabilidad administrativa en las muertes de pacientes tratados en en ese centro sanitario con el jarabe adulterado con el congelante dietilenglicol.

Otros implicados en la intoxicación, Ignacio Torres Echeverría, Linda Joan Thomas Martín (exjefa del Laboratorio) y Pablo Narciso Solís González (exdirector de Farmacia y Drogas), recibieron la misma sentencia, al ser considerados como autores en este proceso. Mientras que Teófilo Gateno Hafeitz (directivo de Medicom, empresa suplidora de la glicerina adulterada) fue condenado a cinco años de cárcel, como cómplice primario.

Todos estos sindicados habían sido absueltos por el Segundo Tribunal, en base a supuestas deficiencias que se dieron en los procesos de compra de la materia prima, su introducción al país y análisis final antes de ser utilizado para administración a humanos.

En el caso de Ángel Ariel De La Cruz, Edward Enrique Taylor Jurado y Miguel Antonio Algandona De León, la Sala Penal los condenó a quince años de cárcel e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término.

A Nereida Isabel Quintero Ortíz de Velasco y Marta Cristell Sánchez Bustamante de Castillo, funcionarias de la Dirección de Abastos de la CSS, se les confirmó la sentencia de doce meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término.