El 2018, coyuntura del país en desarrollo

El análisis de coyuntura estudia la manera mediante la cual el poder político establece sus interacciones con la sociedad, constituida primordialmente por diferentes sectores sociales que exhiben distintas cuotas de poder tanto asociativas como político-ideológicas. Ejercicio que permite la comprensión de equilibrios, negociaciones y conflictos que organizan en nuestro caso, el orden y la estabilidad política del país.

EL AGOTAMIENTO DEL MODELO

Según las vistas presupuestarias en la Asamblea de la última semana del mes de julio del 2017, el MEF presentó el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado por B/. 23,397.1 millones para el 2018, cifra que representa un incremento del 7.9% en comparación con la del 2017. Esta propuesta está fundada en la expectativa de un crecimiento de la economía para el período fiscal 2018 del 6% de crecimiento del PIB. De ese exorbitante monto, B/.9,861. millones están destinados al desarrollo de servicios sociales, cuyos montos ‘permitirán seguir reduciendo la pobreza y la pobreza extrema y a la vez mejorar las condiciones de vida de todos los panameños'.

MISIÓN Y VISIÓN DE FLACSO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo regional, instituido por la UNESCO para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales.

El Programa FLACSO-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.

La entidades con mayor asignación presupuestaria son: el Ministerio de Salud (18% aprox.), Educación y Cultura (11% aprox.), Seguridad (9.5% aprox.), Vivienda y Ordenamiento Territorial (3.4% aprox.) y Trabajo (0.40%) (La Estrella del 28-30 /7/ 2017).

Pese a la euforia que genera el crecimiento económico en ámbitos vinculados a las actividades económicas tradicionales —Canal de Panamá, sector financiero, comercial y construcción— lo cierto es que dichas actividades se muestran cada vez más limitadas e incapaces para sostener por sí solas dicho crecimiento. Ello arrasa, como lo ha venido haciendo, con las pretensiones ideológicas neoliberales de que la mecánica del ‘derrame' constituye las ‘condiciones de posibilidad' de la inclusión social. Es la propia OCDE la que manifiesta que el modelo económico basado en inversiones físicas comienza a mostrar niveles de agotamiento y deterioro; y por supuesto, las alternativas como se sabe, están centradas en inversión de capital humano y en el empleo decente. Empleo que solo es posible en una matriz económica diversificada.

El concepto clave según la OCDE en su Estudio Multidimensional de Panamá, es la del agotamiento del modelo de crecimiento fundado en inversiones físicas y la imperativa de buscar nuevos motores de crecimiento con capacidad de resarcir un tejido social que ya exhibe fuertes niveles de desarticulación y que, a su vez, tenga capacidad de superar sus propias vulnerabilidades. Vulnerabilidades que se expresan en la propia imposibilidad de ser sostenible en el tiempo y estar expuesto a regresiones que profundizarían la crisis de la desigualdad y la pobreza, si se produjera una desaceleración económica.

Si algo tiene el actual modelo de crecimiento, es que de sus características más visibles desestima la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Magra inversión (0.2% del PIB) que se hace, y que reproduce las escasas necesidades de la matriz tradicional. También genera conformismo económico al instalar en el imaginario social que el crecimiento de bajo nivel tecnológico y escasa innovación (a excepción del Canal) es el único posible. Dinámica que condiciona, a su vez, un proceso de concentración socioeconómica por la falta de efectividad de las políticas de desarrollo y por la ausencia de un horizonte-país de largo aliento.

LAS DESIGUALDADES

El índice de pobreza multidimensional (IPM) expresa ausencias y penurias que padecen diversos individuos y hogares en diversos componentes (salud, educación, trabajo, medio ambiente, nivel de vida, entre varios) del bienestar humano. Para Panamá, el IPM identifica en el 2017 en la condición de pobreza multidimensional, al 19.1% de personas y el 12.2% de hogares. Lo que significa, 777,752 personas y 138,410 hogares. En lo que se refiere al desempleo este se ha ido incrementado (paradójicamente en simultáneo con el PIB). Para el 2012 a 4.2%, 2013 a 4.3%, 2014 a 5.1%, 2015 a 5.3% y 2016 a 5.8%.

La informalidad, cuyas característica es el trabajo precario y de mala calidad, bajos ingresos y ausencia de seguridad social, constituye una de las expresiones de la desigualdad social.

Las tasas más altas de informalidad las ostentan las provincias de Darién (66.9%), Bocas del Toro (54.9%), Coclé (54.1%), Chiriquí (47.4%), Herrera (45.5%) y Veraguas (43.9%). En los territorios de nuestros pueblos originarios, la mayoría de la población está en esta condición.

LA DINÁMICA SOCIAL

La exigencia de diversificar los fundamentos del crecimiento no solo tiene el propósito de articular una economía basada en la integración intersectorial orientada a la transformación productiva, generando con ello empleos decentes y estables; también debe permitir beneficios en las diversas regiones del país.

Los cambios en la estructura social del país deben ser anticipados por el proyecto de país. Nuevas tendencias ocupacionales se perfilan en el horizonte. Los sectores medios emergentes —tradicionales y nuevos— establecerán más y mejores demandas, tanto en salud como en educación, vivienda y transporte. Iguales exigencias serán planteadas a nivel de la clase trabajadora que reclamará nuevas competencias, no ya fundadas en las manualidades, sino en el conocimiento. Tener como horizonte una economía reducida a los servicios no solo no es sostenible sino que condena a los trabajadores de este país a ser dependientes, meseros y bartenders. Las nuevas exigencias solo serán posibles dentro de una matriz socioeconómica fundada en la cohesión social e inclusión.

LAS POLÍTICAS Y SU DINÁMICA DE SUBSIDIOS

En políticas públicas, si están orientadas al desarrollo integral de un país tienen que combinar diferentes modelos de igualdad: el de las posiciones y el de las oportunidades. El modelo de las posiciones tiene como referente a la estructura social existente y dada su rigidez o su composición—constituida por las características de la matriz técnico ocupacional comercial y financiera —, las políticas deberían orientarse a mover la estructura social, diversificándola. El otro modelo es el de las oportunidades que no actúa sobre la matriz socioeconómica, pero sí sobre los individuos a través de ayudas y subsidios. Este último es el que prevalece y tiene como programa emblemático 120 a los 65, que en el 2016 desembolsó $186 millones. La provincia mayor beneficiada por el programa es la de Panamá, ya que en ella habitan un 31.6% del total de los subsidiados (La Estrella de Panamá 23/4/2017).

Si bien el subsidio constituye una especie de prestación no contributiva, estas donaciones y ‘apoyos' en alimentos (jamones navideños) organizan un conjunto de prácticas más o menos institucionalizadas que tienden a domesticar a las población más vulnerable y necesitada, afirmando en ella la identidad de sujetos desvalidos y objeto de recibir ‘donaciones' sin requerir nada a cambio, excepto su condición de ‘pobres'.

Estas acciones despolitizan y despojan al ciudadano de exigencias programáticas de calidad de vida, que solo pueden provenir del trabajo decente y estable. La despolitización es muchas cosas: ausencia de valores ciudadanos, nula reflexión crítica sobre la condición social y, por supuesto, una débil identidad o autoestima.

EL COROLARIO: LA CORRUPCIÓN

Frente a los problemas de desigualdad y exclusión social, surge el debate sobre los deficientes e inoperantes encuadres institucionales para frenar la corrupción. Es de tal envergadura el problema, que el Gobierno destinó B/.2.4 millones para reforzar las investigaciones sobre el sistema de corrupción elaborado por la empresa Odebrecht. Desde la punta del iceberg está documentado que la firma Odebrecht pagó B/.59 millones en coimas a funcionarios panameños, por cuyos sobornos obtuvo ganancias de cerca de B/.175 millones.

Personas identificadas como vinculadas a la trama hay cerca de 43. No obstante, la magnitud de dichas investigaciones puede alcanzar al actual gobierno y crear un clima de inestabilidad política y social que generaría desconfianza e incertidumbre, tanto en la institucionalidad presidencialista como en el futuro de las elecciones que se avecinan.