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23 de Oct de 2019

Nacional

Barro Blanco: los incumplimientos del PNUD en el diálogo

Un informe de la Unidad de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales determinó que la oficina del organismo en Panamá incumplió requisitos en los procesos de negociaciones

La empresa vació la represa y el Río Tabasará volvió a su cauce natural. La foto fue tomado el pasado sábado.

En las negociaciones entre el pueblo ngäbe buglé y el Gobierno por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, la oficina de Panamá del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ‘no cumplió' con los requerimientos sociales y ambientales que establece el organismo internacional y que deben cumplir sus funcionarios.

De acuerdo a un informe preliminar de la Unidad de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD, la oficina de Panamá del organismo no cumplió con el requerimiento de aplicar el Procedimiento de Diagnóstico Ambiental y Social (ESSP) aplicado a proyectos y el Procedimiento de Diagnóstico Social y Ambiental (SESP) para evaluar proyectos y programas. El primero fue aprobado en el 2014 y el segundo el año siguiente.

El informe, que estuvo en consulta hasta el pasado 18 de mayo, resalta que la oficina de Panamá del PNUD cumplió con los requisitos en materia de transparencia, la debida diligencia, participación, consulta, consentimiento y derechos humanos durante la mesa del diálogo. Sin embargo, no cumplió con estos requerimientos después de la conclusión de las negociaciones.

Citó el ejemplo concreto de que la oficina de Panamá del PNUD no aseguró consistencia con las advertencias y hallazgos del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre procesos de consultas, así como cuestiones relacionadas al respeto y protección de los derechos indígenas.

El informe de la Unidad de Cumplimiento es en repuesta a una denuncia que presentó el Movimiento 10 de Abril sobre incumplimiento en el proceso de diálogo entre los indígenas y el Gobierno para solucionar el conflicto de Barro Blanco, presentada el 22 de agosto del año pasado, un año después que las autoridades de la comarca Ngäbe Buglé y el Gobierno firmaron un acuerdo que puso fin al tema. El Movimiento 10 de Abril rechazó el acuerdo y desaprobó el proceso de negociación.

Representantes de la Unidad de Cumplimiento del PNUD estuvieron en Panamá entre el 9 y el 13 de noviembre del año pasado conversando con autoridades gubernamentales, los funcionarios de la oficina del PNUD en Panamá y con asociaciones de la social civil.

‘El PNUD no preparó un análisis de actores clave y un plan de participación de actores clave previo a la mesa de diálogo, como es requerido para las interacciones del PNUD con pueblos indígenas – interacciones que presentan al menos un riesgo moderado (y probablemente significativo) tanto para las comunidades como para el PNUD', señala el informe.

El documento también hace referencia a un informe que realizó una comisión técnica, integrada por Gonzalo Castro de la Mata y Luis Lopez, sobre el proyecto y que determinó, entre otras, que la población indígena afectada por la obra no fue ‘correctamente consultada', además de impactos ecológicos significativos que no fueron tomados en cuenta en el estudio de impacto ambiental de la obra, que construyó la empresa Generadora del Istmo S.A (Genisa).

El ambientalista Jonathan González Quiel indicó que el informe dejó en evidencia las deficiencias del proceso de diálogo para solucionar el conflicto, en el que se invirtieron recursos económicos del Estado.

En medio de la consulta del informe, la empresa Genisa vació la represa y los indígenas denunciaron por las redes sociales una mortandad de peces. González fotografió la zona en la que se muestra que el Río Tabasará, donde se construyó la obra, quedó con su cause natural.

REPRESA Y QUEJAS

La represa del proyecto Barro Blanco se empezó a construir en febrero de 2011 en medio de un conflicto con los indígenas.

La concesión a la empresa Genisa fue otorgada en el 2006 e inicialmente el proyecto era para generar 19 megawatts, que luego fue aumentado a 28.8.

A pesar de las diversas protestas de los indígenas, el proyecto se construyó y se firmó un acuerdo que aún no está vigente.