Procesos legales contra medios y periodistas en Panamá aumentaron en el 2018

En la 74 Asamblea General de la la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en Argentina, el presidente del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella (GESE), Eduardo Quirós, fue el encargado de presentar el informe de Panamá, donde destacó el incrementó de los procesos legales contra medios de comunicación y periodistas, así como ataques verbales y a través de las redes sociales.

En las últimas reformas al Código Electoral se modificó la norma que establecía la prohibición a los medios para divulgar encuestas de opinión durante los procesos electorales. La norma establecía un período de diez (10) días, el cual se extendió ahora a veinte (20) días calendarios antes de las elecciones. Esta disposición violenta los principios de libertad de expresión y derecho de acceso a la información de los ciudadanos. La medida fue demandada por inconstitucional en un proceso interpuesto por Televisora Nacional TVN y se encuentra pendiente la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la injuria y calumnia cuando se cometan a través de medios de comunicación y aunque ha quedado despenalizada cuando la "supuesta víctima" sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. Varios ex funcionarios han usado esta norma para demandar penalmente a periodistas.

Los gremios insisten en la despenalización de los delitos de calumnia e injuria y que se establezcan límites a las demandas civiles.

El Tribunal Electoral, frente a las elecciones general y procesos internos de los partidos políticos, continúa promoviendo la firma del Pacto Ético Digital, que busca que se respete la veda electoral, en redes sociales evitar campañas sucias, evitar el uso de cuentas falsas y "bots" para desinformar o guiar maliciosamente al electorado; promover el buen uso de las redes sociales y estar vigilantes ante la aparición de noticias falsas.

Editora Panamá-América (EPASA) mantiene su denuncia sobre una campaña de intimidación por parte del Gobierno. El Ministerio Público continúa realizando investigaciones denominadas "New Business", basada en información remitida por la Asamblea de Diputados. EPASA considera que estas investigaciones buscan intimidar a los diarios Panamá-América y Crítica, en represalias por las informaciones relacionadas con casos de corrupción.

En abril el periodista Álvaro Alvarado presentó una querella penal contra Ricardo Maestre, luego de ser amenazado en Instagram con un mensaje: "Cuídate que te van a matar". No se conocen resultados de la investigación de esta querella.

En junio durante el traslado del expresidente Ricardo Martinelli al centro penitenciario El Renacer tras su extradición a Panamá, los camarógrafos Cristopher Núñez y Lenín Ramos y los motorizados Stephan Valdespino de Telemetro y Jhonny Urrutia de TVN, fueron retenidos por unidades de la Policía Nacional, impidiéndoseles continuar con su trabajo.

Se encuentra en primer debate ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley No. 665 "De Protección de Datos personales". Si bien se busca adoptar normas sobre la ciberdelincuencia y la protección de datos personales, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnología (Ipandetec) han exhortado a las autoridades a no aprobar leyes que pongan en riesgo los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Se mantiene suspendida la discusión sobre el proyecto de Ley sobre Cibercrimen propuesto por el Ministerio Público que contiene varias normas que afectarían el ejercicio del periodismo y la libre utilización de fuentes.

El diputado Sergio Gálvez en reiteradas ocasiones ha atacado al periodista Álvaro Alvarado de Corporación Medcom y a sus propietarios, calificándolo de "chantajista, extorsionador, ladrón, maleante", y acusándolo de mantener una campaña negativa contra la Asamblea Nacional.

Los periodistas Delfia Cortez, Icar Reyes de TVN y Flor Mizrachic también sufrieron agresiones verbales y a través de las redes sociales.

Este tipo de agresiones provinieron de funcionarios públicos y ciudadanos, en ocasiones del presidente de la República, quien hizo llamados a los medios de comunicación a que den a conocer las noticias buenas de su administración.

Al hostigamiento verbal se le suma la preocupación por procesos judiciales contra los periodistas y medios.

En agosto las comunicadoras Mariela Ledezma y Annette Planells fueron querelladas penalmente por el expresidente Ricardo Martinelli, por el pretendido delito contra el honor de calumnia e injuria, reclamando un supuesto daño moral por la suma de dos (2) millones de dólares. Ledezma y Planells han hecho referencia a los casos de corrupción durante su administración que se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.

La esposa del expresidente Martinelli presentó un proceso ante los juzgados de familia contra el diario La Prensa que busca que se ordene a los medios, prensa escrita, televisiva, radial y redes sociales, que se abstengan de publicar el nombre o apellido del grupo familiar Martinelli-Linares.

Los gremios periodísticos han hecho un fuerte llamado al Poder Judicial y al Ministerio Público para que no se permita el abuso del sistema institucional para censurar, intimidar y perseguir las libertades de expresión e información.

Por su parte, los diarios La Prensa y Mi Diario, ambos propiedad de Corprensa han informado de demandas interpuestas por Martinelli, sus familiares y allegados en la esfera Penal, Civil y de Familia y Civil, con reclamos indemnizatorios por supuestos perjuicios que ascienden a 21 millones de dólares. Adicionalmente, miembros del partido Cambio Democrático fundado por Martinelli, entablaron 26 querellas penales contra directivos de La Prensa por un editorial. El total reportado de reclamos alcanza 62 millones de dólares.

Mediante una nota manuscrita posteada en redes sociales el expresidente amenazó con demandar al consejero editorial de La Prensa, Rodrigo Noriega, por $5 millones, debido a la publicación de análisis jurídicos relacionados con sus procesos judiciales.

A finales de agosto la cadena NEXTV Panamá y la periodista Guadalupe Castillero fueron demandadas civilmente por Javier Fanuco de la Policía Nacional (Metro Norte), alegando afectación a su honor por una entrevista de la periodista a un ex agente de la Policía Nacional que acusaba a Fanuco de abusos. La demanda civil pretendía un resarcimiento de 2 millones de dólares y luego disminuyó a 25 mil dólares. El caso provocó pronunciamientos de todos los gremios periodísticos y una manifestación de periodistas frente a la sede del Ministerio Público.

En el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, sigue pendiente de trámite el proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación" y establecer mecanismos de control por parte del Estado para "monitorear, advertir y promover" sobre los contenidos de los medios de comunicación.