‘Mafia portuaria pretende utilizar a diputados', González

Pedro Miguel González, diputado y secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó este miércoles que la ‘mafia portuaria internacional pretende utilizar a los diputados de la Asamblea Nacional como peones en su tablero de ajedrez', para tomar el control del sector portuario en el país.

La afirmación de González se dio cuando la Comisión de Comercio de la Asamblea discutía en primer debate el proyecto de ley 715, que fue presentado por el diputado perredista Carlos Motta, para derogar la Ley 2 de 10 de febrero de 2015, que aprueba el contrato de 2014, suscrito entre el Estado y la Sociedad PSA Panamá Internacional Terminal, S.A., para operar el puerto de Rodman.

‘No podemos permitir ser peones de esos intereses económicos que ponen y quitan presidentes',

PEDRO M. GONZÁLEZ

DIPUTADO DEL PRD

La iniciativa, similar a la presentada en abril pasado por el diputado Roberto Ayala (también del PRD), generó nuevamente una pugna entre diputados perredistas.

González acudió exclusivamente a la Comisión de Comercio a hacerle un llamado a los diputados de su bancada, Jaime Pedrol, Samir Gozaine y Crescencia Prado, para que se opusieran a esta iniciativa.

Aseguró que este proyecto no tiene ninguna viabilidad jurídica, y además pone nuevamente a la Asamblea en el ojo de la tormenta. ‘De una tormenta que ha sido atizada además por un gobierno irresponsable que no se hace representar en esta comisión por el ministro de la cartera correspondiente para tratar este tema, como lo es el ministro de Comercio'.

‘Crescencia, Jaime, Sammir... el PRD no está a favor de atentar contra la seguridad jurídica de un país que está en crisis económica y que lo que debiera es generar estabilidad para atraer inversiones. Con esto, lo único que transmitimos es el mensaje de inseguridad, de inestabilidad y, en lugar de atraer inversiones, las ahuyenta', advirtió.

APUNTA A PANAMA PORT

González aseguró que quien está detrás o estuvo detrás de todas las iniciativas anteriores a esta, es un secreto a voces. ‘Todo el país lo sabe, pero nadie se atreve a poner el dedo en la llaga, yo lo voy a hacer aquí hoy', añadió.

Tras hacer un recuento del contrato de concesión con el Estado durante el Gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, en manos de la hoy llamada empresa Panama Ports, González recordó el tema de la equiparación de los puertos pactada con esta empresa durante el Gobierno de la presidenta Mireya Moscoso y el entonces ministro de Comercio, Joaquín Jácome.

‘Se tiró por tierra el acuerdo logrado inicialmente para que Panama Port le entregara al Estado panameño $22 millones de arrendamiento y el 10% de las ventas brutas', dijo.

Añadió que tan solo en el año 2015 Panama Port movió tres millones de contenedores a un valor de $120 por contenedor, facturó $360 millones brutos.

Según el contrato inicial, explicó González, Panama Port debió haberle pagado en ese año a Panamá $58 millones, pero la resolución que avaló la equiparación eliminó esos conceptos y solo en dividendos le ha pagado $1 millón al Estado panameño en 21 años de operaciones.

SOBORNOS

Afirmó, además, que Panamá Port tiene un contrato con una empresa llamada Serviestiba por $40 millones, y cuando han hecho las evaluaciones de ese contrato, su valor, asegura, ‘no supera los $12 millones'.

‘Es decir, hay 28 millones de dólares por lo menos por año para sobornar y comprar en medios de comunicación a los distintos sectores de la vida política, sacrificando el interés de la nación panameña', indicó.

Afirmó que detrás de esa empresa ‘está una mafia empresarial' a la que el Estado panameño deberá hacerle frente en su momento.

‘No quieren competencia y han aplicado todas las artimañas habidas y por haber para tratar de quitar la competencia que tienen hoy del otro lado (en la entrada del sector pacífico del Canal)'.

‘Señores diputados, advertimos, este proyecto no va para ningún lado, aunque ustedes decidan aquí aprobarlo y ponerse nuevamente como aquel diputado (Ayala), bajo los cuestionamientos de la opinión pública y de los medios de comunicación en medio de esta situación difícil que vive la Asamblea', exclamó González.

RECHAZAN PROYECTO

En tal sentido, el diputado proponente de este proyecto, Carlos Motta, manifestó que es una facultad de los diputados presentar proyectos. ‘La idea de esta propuesta es darle las mejores condiciones a esta concesión de lo que fue la base naval de Rodman que tanto nos costó recuperar tras su ocupación por militares estadounidenses', dijo.

Mientras que Jaime Pedrol señaló que sería disciplinado y que actuaría de manera responsable, pero se mostró de acuerdo en que el contrato de PSA se revise.

Por su parte, la también perredista, la diputada Rosa Canto, del circuito 8-1 de Arraiján, expresó que el proyecto atentaría contra la seguridad laboral de miles de personas de Panamá Oeste. ‘Estoy preparada con todo mi circuito para venir a protestar a la Asamblea en contra de esta propuesta', advirtió.

Luego de las respectivas sustentaciones, el proyecto fue rechazado y archivado.