La Estrella de Panamá
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18 de Oct de 2019

Nacional

¿Por qué cerró el ‘programa estrella' del Gobierno?

La falta de estabilidad laboral y de respuesta de las autoridades provocaron que los participantes perdieran confianza en el plan de reinserción y dejaran de asistir a los cursos

El Inadeh y el Miviot entregaron uniformes a los que se inscribieron en el programa Barrios Seguros.

Barrios Seguros, el programa insignia que relacionó la administración de Juan Carlos Varela a la reducción de la tasa de homicidios, culminó cinco meses antes de finalizar el periodo gubernamental.

En diciembre pasado, el programa dejó de operar, pero fue en enero que el ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, reveló el motivo: ‘falta de participantes'.

Durante su última rendición de cuentas, Del Rosario resumió que desde su inicio, en 2014, en el plan habían participado 5,440 jóvenes, de los que 1,352 se habían insertado laboralmente. Pero repentinamente, el programa del que había brotado uno de los mayores logros gubernamentales dejó de funcionar.

Según el Ministerio de Seguridad (Minseg), en 54 meses la tasa de homicidios disminuyó de 17.6 a 9.6 por cada 100 mil habitantes.

Si los resultados del programa eran así de extraordinarios, ¿por qué desaparece?

Algunos participantes y fuentes relacionados a esta estrategia, consultados por La Estrella de Panamá , concluyeron que a pesar de que era una buena iniciativa, el gobierno trató de sumar, muy rápidamente, a demasiados participantes, sin contar con la capacidad para brindar un proceso de resocialización integral que incluyera seguimiento.

Barrios Seguros se concibió como un programa para bajar los índices delictivos, principalmente de homicidios. Consistía en capacitar a pandilleros en el Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (Inadeh) en diferentes cursos y luego insertarlos en proyectos de construcción u otras áreas laborales.

Como incentivo, el gobierno ofreció $50 semanales a los participantes. En entrevista previa a este diario (enero 2017), Del Rosario indicó que el gobierno invertía $10 millones en el programa. De ese monto, $3 millones se destinaban a bonos de supermercado para los jóvenes.

Del Rosario dijo que se hacía una evaluación del cuadro familiar y psicológica del muchacho, y le ayudaban a desarrollar habilidades blandas añadiendo un componente de formación vocacional y técnica. Al momento de la entrevista, el ministro manifestó que se encontraban mejorando el programa.

'La idea fue buena, pero hay que hacerla de una manera científica y alejada del concepto político. No hay continuidad en los empleos de los jóvenes y la clave es destetar al pelao del gobierno', indicó una de las personas involucradas en reinserción que pidió anonimato.

El pastor Azael, uno de los líderes encargados de reclutar a los muchachos para el programa, contó sobre los éxitos que experimentó cuando había entusiasmo y esperanza de los candidatos para sumarse al mismo.

Dijo que en aquellos tiempos se recogían armas y se las entregaban a las autoridades. Al principio, añadió, ‘los muchachos que se metieron, no todos, eran pandilleros, pero sí estaban en riesgo social. Eran adultos jóvenes que no tenían nada que hacer y se integraron bajo la promesa del gobierno de que encontrarían un empleo'.

Pero la estrategia no funcionó, según el pastor. La calificó como ‘un fracaso total' porque sacaron a los pastores del programa. ‘Al principio todo iba bien. Después de un tiempo, cuando ya tenían unos meses en los cursos, los buscaban con los operativos antipandillas y muchos de ellos ni la debían', dijo Azael, capellán que ejerció como uno de los líderes reclutadores del programa.

La Estrella de Panamá conoció que al momento de cerrar Barrios Seguros alojaba a unos 100 participantes a nivel nacional.

El pastor Olmedo (nombre ficticio para proteger su identidad), que lidiaba con una de las pandillas más peligrosas de la ciudad, y que laboró por 16 meses en Barrios Seguros, dibujó la complejidad que encierra un programa de esta naturaleza.

Cuenta que en ocasiones los jóvenes que eran contratados en las construcciones, una de las más frecuentes era Techos de Esperanza, eran de pandillas contrarias y de repente se presentaban conflictos. Una de las falencias, de acuerdo con Olmedo, era que no había una oficina de recursos humanos en los proyectos donde trabajaban los muchachos para velar por su estabilidad emocional y laboral.

Además, los jóvenes que creyeron en el programa y cambiaron de actitud, a los seis meses o al año los botaban. ‘Eso era como un balde de agua fría. Culpaban a los pastores que los habían ingresado en Barrios Seguros porque se confiaron en que conseguirían un empleo permanente y no fue así', indicó Olmedo.

‘No puedes dar un curso de tres meses y pretender que todo ha cambiado y que todo está bien. Los jóvenes en riesgo son gente especial por su pasado, marcados o señalados. Cuando los botaban me tocó verlos llorar porque habían hecho un esfuerzo muy grande que finalmente no rindió frutos', agregó.

Algunos de los muchachos tenían problemas de adicción a las drogas y requerían necesidades especiales para ser atendidas, principalmente de especialistas en salud mental.

Pero de acuerdo con Olmedo, no había psicólogos en los proyectos para acompañar en situaciones de crisis. ‘Los pastores hacíamos la obra de escuchar, pero al final el plan solo se redujo a los bonos y la capacitación', puntualizó.

Este diario consultó al Minseg para su versión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

CRIMEN EN CIFRAS

Panamá tiene el mayor ingreso per cápita de Latinoamérica pero la peor distribución de la riqueza

Entre Julio 2015 y junio 2016 se cometieron 630,739 delitos en Panamá, es decir, 1.2 delitos por minuto

19% de los panameños mayores de edad fueron víctima de delito en ese período. Entre el 2008 y 2016 se triplicó la delincuencia.

A pesar de todos los esfuerzos y millonarias inversiones en programas asistencialistas públicos y privados en el área, 68% de las mujeres detenidas en la Ciudad de Panamá proviene de los Corregimientos de San Felipe, Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Curundú (39% de los hombres)

El sociólogo criminólogo Tirso Castillo, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, calificó el programa como ‘ejemplar', uno en el que se demostró que es factible romper paradigmas de que el delincuente no es capaz de resocializarse. ‘No fue excelente, pero tampoco fue malo', valoró. El problema —añadió— es que los jóvenes pensaban que los trabajos eran permanentes y cuando los despedían quedaban en el aire y frustrados.

La mayoría tenían familias y al ver que su ingreso económico se truncaba, generaba incertidumbre.

‘Iban a la sede del Minseg o a la oficina de Barrios Seguros a quejarse y buscar una explicación, pero la respuesta es que era un contrato temporal y que era política de la empresa la renovación. Esto generaba una situación incómoda entre los jóvenes y el gobierno', explicó Castillo.

Del otro lado de la moneda, aunque en menor proporción, hubo casos de jóvenes que consiguieron contratos permanentes.

Esto también fue posible por el acompañamiento de algunas fundaciones que dieron seguimiento a estos casos puntuales. Para Castillo, eso rompió paradigmas en el sentido de que un pandillero puede cambiar su vida si se le extiende la mano y se rompen los prejuicios. ‘Había empresas muy reticentes a contratarlos, pero dieron la oportunidad y ahí siguen', agregó Castillo.

LA RELACIÓN ENTRE DESIGUALDAD Y DELINCUENCIA

En 2007, la Sección de Investigación y Análisis de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) publicó un informe titulado ‘Crimen y desarrollo en Centroamérica, atrapados en una encrucijada', en el cual hizo una serie de advertencias que cobran singular importancia en la actual coyuntura económica y social de Panamá. Incluyendo los estudios sobre la correlatividad en la delincuencia, han encontrado que la distribución de la riqueza en una sociedad, es de hecho mucho más significativa que la pobreza extrema para predecir los niveles de violencia.

Se ha dicho que las grandes disparidades en la distribución de la riqueza brinda a los delincuentes una justificación (poner fin a la injusticia social) y una oportunidad (riquezas que robar) para sus actividades y genera ‘violencia expresiva'.

Con frecuencia el resentimiento ante la desigualdad se exacerba cuando las divisiones de clase coinciden con líneas étnicas, como suele suceder. En muchos países de esta región los descendientes de europeos tienen muchas menos probabilidades de padecer pobreza que las poblaciones autóctonas o los descendientes de africanos.

El desempleo, especialmente en los jóvenes de las zonas urbanas que han abandonado la escuela, se ha asociado también con los niveles de delincuencia. Varias naciones de la región tienen altos niveles de juventud ociosa, mientras que el porcentaje de inscripciones en las secundarias es menor al 50%, y las economías urbanas no están creciendo lo suficientemente rápido como para soportar el crecimiento de la población.

De hecho, el porcentaje de hombres jóvenes en la población general puede por sí mismo ser visto como una fuente posible de vulnerabilidad al crimen. Universalmente, la mayoría de los delitos callejeros se llevan a cabo por hombres jóvenes entre las edades de 15 y 24 años, y generalmente en contra de sus propios compañeros. Mientras más alto sea el porcentaje de este grupo demográfico en la población, mayor es la posibilidad de posibles perpetradores y víctimas en la sociedad, mientras que todo lo demás permanece igual.