AMP tilda de ‘infundadas' las denuncias por emisión de certificados de marinos

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rechazó, a través de un comunicado, las denuncias consideradas por la entidad como ‘infundadas', presentadas ante el Ministerio Público por exfuncionarios de la institución, en torno al procedimiento de Evaluación Documental Previa para la emisión de certificados de marinos.

La reacción de la entidad marítima surge luego de una publicación de La Estrella de Panamá en la cual se expuso que tres exfuncionarios del Departamento de Titulaciones de la Dirección General de Gente de Mar, de la AMP, denunciaron ante la Oficina de Atención Primaria de la Procuraduría General de la Nación presuntas irregularidades en la emisión de certificados de marinos.

Los denunciantes se vieron cesados de su trabajo a los pocos días de manifestar a sus superiores que cuatro centros de formación de marinos ubicados en Filipinas habrían emitido desde 2017 más de 49 mil certificados en nombre de la República de Panamá, por cada uno de los cuales cobraban entre $70 y $135.

No obstante, estos centros de formación de marinos, según los denunciantes, no contaban con el aval de la Autoridad Marítima de Panamá, y tampoco habían presentado un informe, tal como lo mandan las normas internas de la institución marítima.

La abogada Clarissa Morán, una de las trabajadoras despedidas, tuvo funciones en varios despachos de la AMP y en marzo de 2019 fue asignada al Departamento de Formación Marítima. Allí tenía tareas de autorizar, auditar y monitorear los centros de formación en Panamá y fuera de las fronteras.

Tras ser nombrada como subjefa de la oficina, con la asignación de revisar la parte legal de todos los expedientes y centros de formación, notó que unos expedientes se encontraban fuera de la carpeta en la que, regularmente, se archivan los Certificados de Evaluación Documental Previa.

Por ello, advirtió de que no existía un procedimiento que reglamentara unas resoluciones emitidas por la entidad, lo que caía en una mala práctica.

En aquellos centros no reconocidos se emitían certificados en nombre de la nación y se cobraba por estos desde 2017, sin que nadie contrariara la orden.

La denunciante nunca recibió respuesta del jefe, a pesar de haberle explicado lo que ocurría.

Rechazan acusaciones

En el comunicado, la AMP detalló que la Evaluación Documental Previa (EDP) data del año 2002, a través de la Circular No. 015-2002 DGGM y Nota No. 410-2002 DGGM, cuando se delegó a Centros de Formación Marítima en Filipinas, como entes autorizados para brindar los servicios de verificación documental previa, con el fin de robustecer la titulación del personal subalterno en su respectivo país.

REGLAMENTACIÓN

Se aprobaron varias resoluciones para formalizar procedimiento

La AMP explicó que en virtud de la existencia de un proceso a través de una Circular que no incluía una formalización reglamentaria, ni establecía una tarifa a favor del Estado, esta Administración, a través de la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) reglamentó de manera formal este procedimiento, mediante diversas resoluciones.

La entidad explica que en virtud de la existencia de un proceso a través de una Circular, que no incluía una formalización reglamentaria ni establecía una tarifa a favor del Estado, esta Administración, a través de la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) reglamentó de manera formal este procedimiento, mediante diversas resoluciones.

Se trata de la Resolución J.D. No. 079-2015 de 16 de noviembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial No. 27938-B del 30 de diciembre del 2015, que faculta al Administrador para reglamentar la Evaluación Documental Previa y fijar la tarifa a cobrar por el endoso de dicha certificación generando recaudos formales para el Estado panameño.

También hacen alusión a la Resolución ADM No.160-2016 de 24 de agosto de 2016 y la Resolución ADM No.188-2016 de 29 de septiembre de 2016, que reglamentan la actividad de Evaluación Documental Previa.

Detallan además, que la Evaluación Documental Previa es un proceso mediante el cual, antes de enviarse la documentación a los Consulados Privativos de Marina Mercante, se verifican los documentos técnicos que debe aportar el personal subalterno cuyas nacionalidades se encuentren entre las de mayor volumen de trámites, que son manejados por la Dirección General de la Gente de Mar de la AMP, donde se hace necesario establecer estas medidas adicionales de control, para evitar prácticas fraudulentas.

‘Declaro que el señor Jovani González y la subdirectora Cecilia Hernández, así como el jefe de Titulación Samuel Correa, tienen conocimiento del supuesto negociado que hay detrás de la emisión de los Certificados de Evaluación Documental Previa'.

FUNCIONARIO DESTITUIDO

‘De esta manera se reguló integralmente la actividad correspondiente a las solicitudes de licencias dirigidas a este personal, permitiendo ofrecer mayores niveles de garantía en las evaluaciones técnicas de la gente de mar que labora en buques de bandera panameña y así mejorar los servicios ofrecidos por la AMP a la comunidad marítima internacional', argumentó la entidad marítima.

Adicional a estos controles, según informó la institución, la DGGM en la actual Administración realizó auditorías a los Centros de Formación Marítima que brindan este servicio, la última durante los meses de marzo - abril del presente año.

Detallan además que un último mecanismo de control para la emisión de estos certificados se incorporó a través de la reciente Resolución J.D No. 017-2019 de 03 de mayo de 2019, donde se estableció la obligación del pago de una tarifa por cada certificado reportado por los Centros de Formación Marítima autorizados de manera provisional o permanente, a consecuencia de la delegación de la EDP, lo cual brindará mayor trazabilidad en los trámites.

Presiones

Antes de ser despedida, Morán dijo haber sido e víctima de presiones y relató que la subdirectora del Departamento de Formación Marítima, Cecilia Hernández, le instruyó hacer una resolución en la que estableciera una multa pecuniaria a centros de formación por emitir cursos no autorizados.

Pero quien debe emitir el documento no es el Departamento de Formación Marítima, por lo que Morán se rehusó a rubricar el memorándum, ya que esas funciones no eran de su competencia.

Morán denunció ante las autoridades que desde 2017 se cobró entre $70 y $135 por cada certificado que emitió Protec Marine Deck and Engine Officers of the Phills, Inc., que en total confeccionó 20,958.

La empresa Maritech emitió 14,309 certificados sin autorización y United ha entregado 14,223 en iguales condiciones.

Al poco tiempo, según explicó, Morán recibió una llamada del director general, Jovani González, con un mensaje muy claro: ‘No alborote el avispero'.

La advertencia venía acompañada de ‘Aquí no pasa nada', frase que repitió en dos ocasiones. González también le dijo que había hablado con Jorge Barakat, administrador general de la AMP, quien le había contestado que era un tema administrativo.