Odebrecht: Segundo Tribunal aboga por una justicia en tiempo razonable

El Segundo Tribunal de Justicia consideró que extender por más tiempo la investigación por el  pago de sobornos de la constructora brasileña  a funcionarios y particulares, para recopilar nuevas pruebas, tornaría ilimitada las pesquisas, lo que violenta el debido proceso y llena de incertidumbre a los  involucrados en el proceso penal.

El 10 de abril de 2018, el Segundo Tribunal de Justicia concedió un año  a la Fiscalía Especializada Anticorrupción para  que agotara  la fase  de  investigación del  proceso.  Sin embargo, el 19 de marzo de 2019, antes de   vencerse el término de investigación, cuando aún estaba facultada para continuar con las pesquisas, la Fiscalía Especializada Anticorrupción,  solicitó otra nueva extensión del plazo.

El caso se originó  con una denuncia de Alvin Weeden el 18 de septiembre de 2015. La investigación inició  formalmente el 29 de septiembre de 2015. Esto significa que el proceso lleva tres años y ocho meses  instruyéndose.  Esto, según el Tribunal Superior de Justicia, se opone a la racionalidad y proporcionalidad de los tiempos y plazos planteados para los casos complejos, que establece un año para la investigación y otro de prórroga.

La decisión de la instancia judicial pone como ejemplo a las autoridades de investigación de otros países  que han logrado avanzar a fases de juicio  e incluso a la fase final  de sentencia, como por ejemplo, en Brasil, Ecuador, Perú y República Dominicana.

El objetivo de solicitar la ampliación de los términos de investigación,  según la fiscalía, era ampliar la investigación para  llegar a los cimientos de las primeras contrataciones de la constructora brasileña en la administración de Martín Torrijos Espino (2004-2009).

La fiscalía sustenta su solicitud alegando diligencias en donde  personas naturales y jurídicas han sido  presuntamente beneficiadas por la constructora brasileña.    
Pero, según el tribunal de justicia, no es viable someter el proceso a la incierta espera de una nueva etapa de investigación cuando previamente se había otorgado una extensión del plazo de investigación para el escrutinio de las pruebas y para la confección de la Vista Fiscal. 
Hacerlo implicaría dilatar más el proceso y peor aún considerando que la Fiscalía Especial Anticorrupción no define  en concreto que pruebas y diligencias requiere anexar al expediente para  establecer las vinculaciones.    
 Según el Tribunal, la solicitud de la fiscal se sustente en la necesidad de tomar indagatorias a quienes han resultado vinculados, pero  que están a la espera de extradición o mediante una cooperación judicial internacional. 
Esto quiere decir que la investigación entraría en una nueva fase de la que no se tiene certeza de los alcances reales,  afectando los derechos de los vinculados, de la colectividad y del país, considerando que es un caso con ribetes internacionales. De modo que no existe razones que puedan justificar la necesidad de continuar extendiendo la fase del proceso.

El Tribunal, además, se remite a las convenciones internacionales que hacen referencia al principio de justicia en tiempos razonables, piedra angular del debido proceso penal. Más aún cuando en este caso existe un imputado con medida de detención preventiva, se han girado varios órdenes de captura y personas con medidas cautelares que necesitan una repuesta de la justicia sobre su situación jurídica.
 El fallo dictado el 2 de agosto de 2019, por el Segundo Tribunal de Justicia, está firmado por la Magistrada María Lourdes Estrada Villar y el Magistrado José Hoo Justiniani.