Techos de Esperanza: irregularidades administrativas y posible lesión patrimonial

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Inés Samudio, se sorprendió al detectar la compra, durante la pasada administración, de 2,321 pares de botas de construcción talla 45 a 48.

El tamaño de estos calzados es inusual en el país, porque superan la medida general de los nacionales. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) desembolsó $21,394.08 para comprar las botas que terminaron en un depósito en Milla 8 sin poder utilizarlas.

Eran calzados que el Miviot compraba para los trabajadores que laboraban en la construcción de las viviendas del programa Techos de Esperanza, gestionadas por la propia entidad.

Entre enero de 2015 y junio de 2019, se adquirieron 30,435 pares de botas de seguridad y se entregaron a 26,637 trabajadores.

Las botas que se deterioraron formarán parte de las pruebas de una denuncia que próximamente el Miviot tiene previsto presentar ante el Ministerio Público.

Las nuevas autoridades de la institución también han detectado la compra en exceso de materiales para las casas prefabricadas que terminaron deteriorándose.

Se compraron materiales para construir al menos 5,000 viviendas por año, que se hubiesen podido hacer con una buena planificación, indicó la ministra Samudio.

También se ha detectado que la planilla de los proyectos que construía la propia entidad estaba inflada hasta el punto de que había un “hacinamiento de funcionarios”, aseguró la ministra.

En los proyectos de Techos de Esperanza que fueron licitados también se detectaron irregularidades de tipo administrativo.

Samudio es enfática en señalar que no se ha encontrado posible lesión patrimonial en los proyectos licitados, a diferencia de los que desarrolló la propia entidad.

Durante la pasada administración se licitaron 51 proyectos del programa para construir 36,099 viviendas, de las cuales se lograron entregar un poco más de 20,000.

El resto, indicó la ministra, no se terminó de construir por desgreño administrativo. Se licitaron viviendas con base en una lista de beneficiarios, pero sin estudio de campo.

Esto provocó, de acuerdo con Samudio, que muchas viviendas no se pudieran construir porque el beneficiario no podía demostrar que el terreno era de su propiedad o vivía en zona donde no se podía construir.

También hubo casos en que el terreno tenía que ser nivelado y el contrato no incluía estos trabajos.

Todas estas irregularidades dilataban la construcción de las viviendas y se vencía el tiempo del contrato, por lo que se hacía necesaria una nueva adenda de tiempo.

Hay contratos que tienen más de un año esperando el refrendo de la adenda de tiempo por parte de la Contraloría, indicó la ministra.

Para Samudio, se trató de un caso de “ensayo y error” en la ejecución de los proyectos porque no hubo planificación.

Algunos proyectos del programa fueron gestionados a través de la Dirección de Asistencia Social (DAS) que reemplazó el Programa de Ayuda Nacional (PAN). Uno de esos proyectos avanzó hasta un 50%, pero fue abandonado porque se debe una factura desde el 2017 y para continuarlo, era necesario construir una canalización que no estaba contemplada en la licitación.

La ministra Samudio también se mostró sorprendida de que durante los meses mes de marzo y abril pasado, se licitaron seis proyectos para la construcción de 25,500 sanitarios del programa Sanidad Básica por un monto de $102 millones. Sin embargo, no se contaba con una partida presupuestaria para ello.