- 08/10/2019 00:00
Los primeros cien días de un gobierno sirven para evaluar la capacidad demostrada por el mandatario y su equipo de trabajo. Un concepto acuñado por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, quien se enfrentó a una de las peores crisis económicas de Estados Unidos. Ante semejante desafío, Roosevelt empleó sus primeros 100 días de mandato para reactivar la economía. De ahí el concepto de luna de miel y los primeros 100 días de gobierno.
Laurentino Cortizo, quien tomó las riendas de Panamá el 1 de julio pasado, enfrentó un reto muy similar al de Roosevelt, en cuanto a lo económico.
A pesar de que la economía del país resultaba ejemplar en América Latina, Cortizo encontró un hoyo negro en las finanzas públicas que lo empujaron a buscar préstamos en la tierra de Roosevelt para reflotar la economía, pagar a proveedores, funcionarios, la banca, etc.
Cortizo pronunció un enérgico discurso en su toma de posesión, y ha solicitado a los medios revisarlo para confirmar sus promesas.
Sus palabras daban cuenta de un hombre humilde, con interés de servir a la patria, y conciliador de fuerzas.
Esta última podría ser una tarea por cumplir, pues el mandatario se enfrenta a la resistencia de su propio partido político, que exige espacios y nombramientos laborales en medio de un recorte presupuestario.
Cortizo convocó a la unión del país; sin embargo, en la Asamblea Nacional aún no ha logrado una sintonía en la dirección de los ejes del plan de trabajo.
Su liderazgo ha sido parco, lo deriva en el vicepresidente José Gabriel Carrizo, a quien asigna labores administrativas sorprendiendo a la ciudadanía, algo inusual a lo que está acostumbrado el pueblo.
El mandatario ha sido contundente al afirmar que no interferirá en otros poderes, Judicial y Legislativo, pero hasta cierto punto se ha interpretado como un abandono o distancia más que prudencial. En la justicia, por ejemplo, el gobierno arrancó con ciertos roces con la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, quien manifestó en varias ocasiones, a modo de advertencia, que no renunciaría, y que su posición estaba siendo amenazada ante la entrada del “buen gobierno”.
Si bien el sistema judicial es un poder separado del Ejecutivo, de no enrumbarse por un buen camino, podría acarrear problemas serios al gobierno de Cortizo a futuro .
El desempeño de fiscales y jueces ha sido sumamente cuestionado, al grado de que se puede confundir quién realmente hizo su trabajo y qué entidad faltó al mismo.
Aquel 1 de julio, el mandatario hizo un llamado a fiscales, procuradores y jueces, a quienes pidió actuar a conciencia, no respondiendo a presiones políticas o económicas.
“Desde 2008 se advirtió sobre un cambio de mentalidad, pareciera que ahora la cantidad de casos expuestos habrían colocado a la población en un anticipo al fallo, y cuando esto no coincide se interpreta que no hubo justicia, lo que representa un juicio paralelo al real” , analiza el presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz.
La ausencia de mecanismos para calificar el desempeño de fiscales y jueces desmorona el concepto de justicia ante la opinión pública. ¿Qué ocurre después de un caso cuestionado?, ¿cómo se evalúa?, ¿se incumplió en las tareas que debió hacer el fiscal o el juez?, ¿existe un método para evaluar el desempeño de un fiscal por carpetillas? “Debería ser instalado un mecanismo de medición de los jueces y los fiscales, de esta forma se logran dispersar las críticas de la sociedad”, añadió Araúz.
Hay más de 149 mil jóvenes entre 15 y 29 años de edad que ni estudian ni trabajan, —una cifra récord en la última década— y cuya educación no les permite aspirar a un empleo “decente”. Enfocar a este grupo de jóvenes para insertarlos en la economía requerirá más que de un empleo, será necesaria capacitación y educación para aspirar a un trabajo sostenido.
El buen gobierno prefirió mirar hacia adelante para evitar caer en prácticas de “persecución” en que incurrió la pasada administración. Hecho que inhibió a ministros y directores de instituciones de presentar denuncias penales por posibles irregularidades ocurridas durante la administración de Juan Carlos Varela. El silencio se interpretó como un supuesto acuerdo entre el gobierno entrante y el saliente.
En septiembre, Cortizo hizo un tímido anuncio a su equipo de gobierno, lo invitó a acudir a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, una entidad meramente administrativa, para presentar las denuncias, al tiempo que les pedía “no estancarse en ese tema”.
En asuntos de seguridad, se señala al buen gobierno de ejercer una política improvisada. El jefe de la cartera de Seguridad, Rolando Mirones, ante el contexto delictivo (robos y homicidios) argumentó que “no trabaja con cifras, sino con personas, y que busca humanizar el Ministerio de Seguridad”.
La incidencia al alza en los homicidios durante los últimos cinco años. El criminólogo Marcos Álvarez observa que la estadística mensual oscila entre 30, 35 y 40 homicidios por mes, y 410 al año. En lo que va de año se han registrado 313 asesinatos, 225 de los cuales se ejecutaron con un arma de fuego.
Cortizo instauró un código de ética para sus funcionarios, que tal vez sea prematuro poner a prueba: no mentir, no hacer trampa y no robar.
El nuevo orden constitucional que propuso el Ejecutivo a la Asamblea Nacional finaliza la etapa de consulta ciudadana y debe iniciar discusión en el Pleno la semana entrante.
Con respecto a la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas, el Ejecutivo presentó el proyecto que se encuentra en la etapa final de aprobación en la Asamblea.
A la par de esta promesa, indicó que presentaría el proyecto de ley de asociaciones público-privadas, que en un principio recibió el rechazo de gremios alertando sobre posibles privatizaciones. El buen gobierno ablandó las críticas y sancionó la ley en septiembre pasado.
El presidente cumplió con la creación del Ministerio de Cultura, un eje clave para la ejecución del plan educativo que pretende implementar, pero que para funcionar como se prometió, le debe dotar de un ambicioso presupuesto de más de $200 millones.
El gobernante anunció que impulsaría la ley del leasing inmobiliario, la cual se encuentra en consulta con los gremios del sector, bancos, agentes fiduciarios, sector construcción e inversionistas.
Aprobó la ley de interés preferencial para viviendas de hasta $180 mil, como anunció en su discurso inaugural. La ley cubría permisos de ocupación a partir de enero de 2018; sin embargo, los gremios de vivienda remitirán al Ejecutivo una petición para que se amplíe al inventario desde el 2017.
Consumó la creación de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales con el objeto de extraer al país de las complicadas listas grises.
La estrella del gobierno de Cortizo, la educación, sufrió un gran recorte presupuestario. Al Ministerio de Educación se le redujo el presupuesto aproximadamente $85 millones.
En este campo, el gobierno diseñó el plan 'Un vaso de leche y un plato de crema' para estudiantes de colegios públicos. Destacó también que se aumentó el número de días al calendario escolar a partir de 2020 para completar 210 días de clases en 2023.
Las universidades públicas dejaron de recibir $40 millones por ajustes al presupuesto.
