'No respondo a intereses políticos ni económicos', Eduardo Ulloa

El designado procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda, afirmó este lunes que no responde a ningún interés político ni económico, poco antes de que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendara al Pleno su ratificación para este cargo.

Esta instancia legislativa también ratificó a Javier Caraballo, como procurador de la Nación suplente y a Mónica Castillo como procuradora de la Administración suplente.

Durante su intervención, Ulloa manifestó que el deterioro que ha venido sufriendo el Ministerio Público ha hecho que la institución haya perdido la credibilidad de la ciudadanía.

“Yo no aspiro a llegar al Ministerio Público para servir a nadie, yo aspiro a llegar y regresar al Ministerio Público con un compromiso por la Constitución y la ley... yo no respondo a ningún interés político ni a ningún interés económico, y eso lo pueden tener claro”, afirmó Ulloa.

Señaló que, de ser ratificado en el cargo, buscará eliminar todas aquellas situaciones que de una u otra manera perturban las investigaciones.

“Todo tiene que darse con un proceso claro, con respeto al debido proceso y que todas las partes sepan cuáles son las reglas del juego. No se trata de perseguir, yo vengo efectivamente a perseguir el delito, pero yo no vengo a perseguir a nadie por su condición personal, por su filiación política o por su amistad o enemistad con alguien. Yo vengo a perseguir a todo aquel que haya cometido alguna infracción a la ley penal, eso dentro del marco de la ley”, precisó.

No obstante, Ulloa señaló que así como afirma que no va a perseguir a nadie por condición personal, social o política, “también les digo y les dejo claro que yo no vengo a encubrir a nadie”.

Aunque este proceso de ratificación fue rápido y sin mayores contratiempos, sí hubo fuertes cuestionamientos de la diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez hacia el procurador de la Nación suplente designado, Javier Caraballo.

Rodríguez enumeró una serie de irregularidades supuestamente cometidas por Caraballo, quien fue fiscal Primero de Drogas y que actualmente se desempeña como fiscal Superior en Colón.

La diputada Rodríguez indicó que Caraballo ha sido señalado por mantener a personas detenidas por años, sin enviar los expedientes a los juzgados, de utilizar la práctica de tomas de expedientes de sus despachos, señalado por malos tratos a funcionarios y a abogados particulares, y de haber realizado nombramientos sin méritos profesionales sino por situaciones de vinculación sentimental.

También le mencionó casos sobre supuesta pérdida de dineros y otros valores como 120 gramos de oro incautados y desaparecidos bajo su responsabilidad en un caso denunciado por la licenciada Itsel Serracín; además de libertades y medidas cautelares y la “no apelación de fianzas dudosamente concedidas como las dadas al señor Jorge Velázques, de la Escuela de Aviación de Albrook.

Rodríguez también se refirió a una supuesta droga implantada presuntamente por Caraballo al exprocurador Bonissi. “Bonissi señaló que usted lo preñó con dos kilos de drogas en el carro en que iba y nunca le levantaron una investigación, él lo señaló públicamente”, le dijo Rodríguez a Caraballo.

Con respecto al caso de la licenciada Serracín, Caraballo se defendió y dijo que la denuncia fue investigada y el caso fue archivado y no le imputaron cargos. “Fue archivado precisamente porque estaba huérfana de elementos probatorios”, manifestó Caraballo.

En cuanto a lo dicho por Rodríguez y la supuesta implantación de una droga, Caraballo manifestó que si eso fuera cierto el exprocurador Bonissi hubiera abierto una investigación y jamás existió algún tipo de imputación por este hecho. “Eso me dice que el exprocurador Bonissi le dijo alguna falsedad o usted de alguna manera lo mal entendió”.

Por su parte, la designada Procuradora de la Administración suplente Mónica Castillo expresó que como parte de la entidad los funcionarios han procurado permanentemente mejorar los procesos que se encuentran dentro de la institución.

“Durante estos cinco años se ha logrado ejercer un proceso de defensa de los intereses del Estado y de los bancos administrativos que ha redundado en un beneficio de 1.5 billones de dólares para el Estado panameño”, precisó.

Se espera que el Pleno legislativo sesione hoy para considerar estas ratificaciones.