Juntas directivas estatales: ¿necesidad o espacios políticos?

La proliferación de juntas directivas en el Estado forma parte del esquema de gobernanza introducido en los años 90 como parte de las reformas del Consenso de Washington. La gobernanza es un modelo de gestión neoliberal, donde la empresa privada participa en la toma de decisiones en el Estado. Cada junta directiva, dependiendo del sector, además de estar conformada por servidores públicos, tiene miembros de empresas y gremios afines. Esto les da poder a esas empresas para asegurar que las decisiones y regulaciones del Estado en ese sector favorezcan siempre sus intereses particulares, no el interés general de la sociedad. Les permite ejercer presión para recibir contratos y concesiones del Estado. Es la privatización de facto del Estado, con empresas con evidentes conflictos de intereses, capturando espacios en la administración pública. Toda supuesta alusión al cogobierno con la sociedad civil es un eufemismo para una nueva institucionalidad corporativa donde lo privado manda en lo público. Cuando hay participación de otros sectores, como trabajadores, oenegés o universitarios, generalmente es de manera simbólica. El problema de fondo es el propio esquema de gobernanza. Son básicamente espacios para facilitar negocios a costa del Estado por partes interesadas. Por eso es claro a la ciudadanía que estas directivas no representan o responden a los intereses del país, sino de camarillas. El ejemplo más patente es la directiva de la ACP.

Ninguna persona debe formar parte de múltiples directivas. Cada sector, en teoría, implica un nivel de especialización, por lo que difícilmente una sola persona tiene la capacidad, conocimiento y experiencia para aportar de manera significativa en múltiples sectores. Pero como las directivas no son para gestionar, sino para negociar, esto no es preocupación para los gobernantes. De igual forma, al haber viáticos de por medio, se convierte en una forma de extraer más recursos del Estado para allegados al poder. Es parte de la corrupción legalizada, por un lado, con funcionarios que lo aprovechan para aumentar sus ingresos, pero principalmente con directivas donde pululan empresarios con intereses en el sector sobre el que están decidiendo, y servidores públicos, que muchas veces son extrabajadores de esos mismos empresarios y que ahora, desde el Estado, sirven sus intereses. Aquí entra la puerta giratoria entre grandes empresas y la administración pública.

No debe haber viáticos por participación en juntas directivas. Ningún privilegio para nadie en el Estado.

Ya las juntas directivas cuentan con mezcla de funcionarios y representantes de empresas privadas y la sociedad civil. El esquema de gobernanza ha sido un fracaso y ha contribuido a la corrupción. Hay que cambiar las juntas directivas por asambleas ciudadanas, representativas y participativas, que le den poder a los ciudadanos para decidir, vigilar y fiscalizar al Estado.

Debe haber una regulación que las transforme en instancias de participación ciudadana, liberando lo público de la captura por intereses partidistas y empresariales que se han repartido el Estado como negocio.

Cumplen un rol de control, toda vez que los administradores de entidades deben ejercer sus funciones en armónica colaboración con las juntas que son las tomadoras de decisiones finales.

El que mucho abarca, poco aprieta, decía mi abuela. Sería interesante conversar con estas personas y conocer qué tan cabalmente ejercen sus funciones y el nivel de compromiso con cada institución.

Bajo el modelo actual que manejamos, donde funcionarios son designados como directivos, no considero viable que se les otorguen viáticos, ya que son funcionarios de cómodos salarios muy superiores a la media de los panameños.

Recomendaría personas fuera del engranaje gubernamental, técnicos de profesiones afines a las funciones que cada institución desarrolla, así evitamos que funcionarios con multiplicidad de responsabilidades sean nombrados para llegar a los cargos a improvisar.

Estoy de acuerdo en que se norme sobre el tema, las molestias de la ciudadanía al conocer la manera en que se distribuyen los cargos en directivas en lo que pareciera ser favores políticos ha sido evidente. Sin duda tenemos una gran cartera de profesionales que podrían pertenecer a las diversas juntas directivas sin necesidad de repetir nombres en tres cuatro juntas.