Diferencias en la bancada del PRD ponen pausa a moratoria bancaria

Las diferencias a lo interno de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), impidieron que se diera el avance en la discusión y la votación en segundo debate del proyecto de ley 287, que busca, entre otras medidas,  establecer hasta por 90 días prorrogables una moratoria en los pagos de compromisos bancarios, como parte de las acciones de emergencia para afrontar la crisis generada por la pandemia de COVID-19.   

Aunque la diputada perredista Zulay Rodríguez, proponente de este proyecto asegura que su iniciativa es respaldada por un gran número de diputados, incluyendo los de su propia bancada, ya hay voces a lo interno de esta facción que piden que la iniciativa sea más consultada y discutida con serenidad.

El diputado del PRD, del circuito 3-1 de Colón, Mariano López manifestó en el debate que no es que esté en contra del proyecto, pero recomendó que “las cosas hay que hacerla bien”. “No podemos aprobar un proyecto de ley a la carrera”, indicó.

Otros diputados del PRD, como Abel Baker, del circuito 1-1, en Bocas del Toro, se expresaron a favor de esta iniciativa.

“Esta crisis ha generado una desesperación que mantiene agonizando a la gente que tiene deudas en los bancos, incluyendo a miles de transportistas, entre otros”, precisó.

El diputado Jairo Salazar, también del PRD manifestó que el proyecto de ley 287 involucra lo que la gente quiere escuchar en sus casas.

“Aquí involucramos a los bancos, las hipotecas, a lo alquileres que es la esencia del pueblo panameño, que en estos momentos está desesperado”, señaló.

“Aquí todos debiéramos ser solidarios, no solamente los empleados públicos que devengan un salario... todos, especialmente esos que entraron a la política pobres y salieron millonarios y aquellos puertos que no le pagan impuestos al Estado y que le han robado millones al Estado. Hoy les toca a ellos darnos a nosotros, darnos un poco de lo que nos han robado...tacaños”, exclamó Salazar.

Para el diputado del oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Miguel Fanovich este proyecto de ley va a consolidar el Panamá solidario que el presidente Cortizo está pidiendo.

“Solo con estas iniciativas va haber justicia social en este país y para su población, que está afrontando esta cuarentena debido a la emergencia nacional sanitaria decretada en este país”, sostuvo Fanovich.

Cuestionó también al Superintendente de Bancos, Amauri Castillo manifestando que el pleno legislativo lo ratificó en su momento, no para que se solidarizara con los bancos, sino para que se solidarizara con el pueblo panameño.

Mientras que el diputado panameñista Luis Ernesto Carles consideró que este proyecto de ley le dará una tranquilidad financiera a la población “para que ninguna financiera se atreva a estarle mandando notas de voz, o estarle haciendo cobros por whatsapp".

“Cómo van a cobrarle a los informales, a los taxistas, cómo les van a cobrar a las personas a las que se les ha suspendido los efectos de sus contratos laborales. Todos los sectores de la economía están golpeados, hay que pensar en Panamá, no en un solo sector de la economía”, precisó.

Luego de transcurrida la intervención de diputados de diversas bancadas, el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero decretó un receso, sin embargo, los diputados no continuaron sesionando. El debate continuará en la sesión del próximo lunes en horas de la tarde.

El proyecto establece la suspensión por 90 días calendario prorrogables de las obligaciones entre particulares, siempre que se acredite incapacidad de pago: Sobre todos los préstamos hipotecarios y comerciales otorgados por instituciones bancarias y financieras, tanto públicas como privadas. 

El mismo plazo de suspensión se aplicaría sobre todos los préstamos comerciales otorgados al sector transporte por instituciones bancarias y financieras, públicas y privadas; al igual que sobre todos los préstamos agropecuarios otorgados por bancos y financieras, públicas y privadas. Sobre el cobro y retención de la sobretasa del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI).

También se incluye la suspensión por 90 días sobre las mensualidades de las escuelas privadas que según el Ministerio de Educación, no estén prestando el servicio educativo.

De igual manera se suspenden por el mismo periodo, todos los descuentos directos.

Además sería aplicable esta moratoria por 90 días, en los cobros y pagos por el servicio público de luz eléctrica, telefonía residencial y móvil, internet, cable y fibra óptica, que brindan las empresas privadas.