Moratoria bancaria: ¿quién gana, quién pierde?

Tiene tres connotaciones íntimamente relacionadas. Primero, la crisis económica que afecta a la población, consecuencia de la pandemia, que limita la capacidad de pago de compromisos financieros, pone en riesgo viviendas, oficinas, carros, bienestar. Segundo, la tirante relación que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, que implica trasfondos de liderazgo, obtención de beneficios económicos para cada cual y de clientelismo. Tercero, la exigencia ciudadana de transparencia y rendición de cuentas en compras, contrataciones y planillas. Este aspecto ha enardecido las exigencias de renuncia o separación del cargo del ministro de la Presidencia. La mezcla de estos tres hechos obligó al Ejecutivo para presionar una situación que oxigenara su gestión, entre lo cual, resultó propicio, el acuerdo que moviera la posición de la banca, a cambio de lo cual se le proporciona fondos para que genere préstamos que rinden créditos a los propios bancos. En la práctica, no existe un sacrificio real, es una movida oportuna que si bien no afecta la solidez del sistema bancario, asegura el endeudamiento a largo plazo de los ciudadanos.

La Asociación Bancaria ha dicho que los bancos viven de los intereses que cobran por las transacciones que realizan; en lenguaje popular, su presidente dijo: “no cobrar interés es como pedir al panadero que venda pan gratis”. Eso es legítimo y razonable. Ahora, lo que sucede es que existe un lastre histórico en cuanto al cobro de intereses, frente a factores externos que impactan la economía global, los bancos aplican aumentos a tasa de interés, empero, cuando el ciclo financiero anima o produce disminución de tasas de interés a nivel mundial, los bancos nunca han beneficiado a los deudores. En ese sentido, también está la expectativa generada por actores gubernamentales, que en esta coyuntura vendieron una ilusión óptica en dos vías, que el sacrificio involucraba todos los sectores socio-económicos, y que una moratoria significa el no pago de intereses regulares en obligaciones bancarias. Ambas cosas son falsas; el sacrificio lo ponen los ciudadanos, a corto y largo plazo, y debemos pagar los intereses a nuestros acreedores.

La banca es un negocio, así debe ser entendido. Seamos honestos, los bancos no tienen razón alguna para perder en su negocio. La medida inmersa en el acuerdo con el Ejecutivo debe ser entendida como un periodo de gracia que extiende el cumplimiento o pago de obligaciones, el que mantiene sus intereses y que debe ser honrado dentro de un plazo extendido. Más gráfico aún: la extensión del plazo no opera de manera automática ni es aplicaba a todos los clientes de la banca. Queda a criterio de cada banco calificar la situación económica y financiera de sus clientes; no hay nada objetivo, todo es subjetivo. Pero es que son dos cosas distintas. La protección de los intereses de los ciudadanos y la obligación de promover el bienestar de todos, recae sobre los gobernantes.

Debe ser entendido que un acuerdo entre una asociación de carácter privado con el Ejecutivo, carece de fuerza de ley, por lo que no es de obligatorio cumplimiento. Si el propósito es regular el cobro del interés bancario o el funcionamiento interno de bancos y vencer su gobierno corporativo, tendría que ser hecho mediante una ley, en este caso, desde nuestro punto de vista, resultaría inconstitucional. Las objeciones anunciadas por el Presidente, deben ser discutidas y valoradas por el Órgano Legislativo. Dicho lo anterior, el espíritu y letra del proyecto de ley es distinto a lo que el Ejecutivo viene propiciando. Estimo que la decisión será política; es probable que hoy, la Asamblea no cuente con los votos para aprobar la ley por insistencia, la correlación de fuerzas dentro de los diputados del PRD, parece haber variado en las últimas 48 horas.

Creo que es un error. Se entiende que los $525 millones de dólares establecidos el pasado 15 de abril como línea de crédito por el FMI tienen propósitos distintos al pretendido por el Ejecutivo. Dicha línea de crédito fue proporcionada como recursos rápidos para gastos de salud y necesidades urgentes de balanza de pago y financiamiento fiscal. Todo indica que ha sido puesta a disposición del sistema bancario para hacer lo que legítimamente hacen, a saber, negocios, según bien ha sido explicado por su presidente, prestar para cobrar intereses, ganar dinero por las transacciones y servicios que la banca dispensa. Siendo así, se desnaturaliza el propósito argumentado ante el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, no es humanitario.

Es un acuerdo positivo porque genera un alivio de forma inmediata. Sin embargo, hay que tener claro que no genera condonación de deuda. En enero los deudores deben iniciar sus pagos con nuevos parámetros y aumento de deuda, porque pareciera que los intereses se siguen generando.

No los incluye y esto representa que la deuda va a aumentar, y en enero se deberá pagar el capital dejado de pagar y los intereses que se han generado. Esperemos quede claro que no se generará intereses por pago atrasado o por mora.

Les dará una tranquilidad a las personas en este momento. Sin embargo, en enero de seguro los bancos aumentarán los pagos mensuales o aumentarán los plazos de los contratos. Todo depende del acuerdo al que lleguen las personas con los bancos. Pero los deudores ni siquiera saben si el negocio o lugar de trabajo abrirá nuevamente.

No puedo opinar sobre el veto porque aún no lo hemos visto. Eso deberá ser analizado por la Asamblea Nacional.

Quisiera que esos préstamos beneficien más al ciudadano que a los bancos. Sugerí que sean los bancos estatales quienes otorguen préstamos a bajos costos de interés 1% o 2%, pero me parece que eso no lo harán. La banca privada no quiere perder ni asumir sacrificios en un momento en que nadie puede pensar en el incremento de utilidades o ganancias.