¿Pueden suspenderse los gastos de representación a los funcionarios durante la pandemia?

La Procuraduría de la Administración deberá resolver una consulta sobre la viabilidad o no de suspender los gastos de representación o dieta a los funcionarios durante el estado de emergencia por la pandemia.

La consulta fue hecha por el abogado David Montenegro al procurador el pasado 24 de junio, y corresponde específicamente a los funcionarios que no están ejerciendo plenamente las funciones inherentes al cargo, durante el estado de emergencia. Montenegro fundamentó su solicitud en que la realidad laboral de los servidores públicos es que por cumplir con las regulaciones sanitarias que ha impuesto el Ministerio de Salud (Minsa), han optado por diversas alternativas como vacaciones, tiempo compensatorio, teletrabajo, entre otras.

El abogado cita cifras de la Contraloría General de la República que dan cuenta de que el Estado paga mensualmente $358.4 millones en concepto de gastos de representación, viáticos y dietas, lo que al año representa $4,300.8 millones.

Montenegro considera que las modalidades de trabajo que se han adoptado por la crisis sanitaria en el sector público pueden contener, incluso, imposibilitar el ejercicio laboral de forma presencial en las oficinas, por lo tanto no se cumple con los requisitos legales para mantener privilegios como los gastos de representación.

El abogado cita la ley del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2020 que establece en el artículo 279, que estos “emolumentos se pagarán a los funcionarios mientras ejerzan sus respectivos cargos”.

“Consideramos que el pago de sumas adicionales al salario puede presentar vicios de ilegalidad, afectar las medidas de austeridad implementadas por el gobierno, incluso una violación legal a la conducta ética que debe prevalecer en los servidores de mayor jerarquía”, señaló.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, deberá resolver esta consulta, que además incluirá la respuesta a la interrogante: ¿cuál es la correcta interpretación de gastos de representación?