Revelaciones de nexos con el poder frenan debate de bioetanol

  • 28/04/2026 00:00
Tras la investigación de La Decana, la Asamblea suspendió la discusión del proyecto, mientras crecen los cuestionamientos por conflicto de interés, entre ellos al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien firmó el acta de gabinete en la que se presentó la iniciativa pese a sus vínculos familiares con uno de los ingenios.

La discusión del proyecto de ley del bioetanol como mezcla obligatoria en la gasolina fue suspendida el mismo día en que este diario publicó una investigación de los nexos de los ingenios interesados con la actual administración gubernamental. Según informó la presidencia del Legislativo fue para que “la población sepa realmente en qué consiste el tema”.

El reportaje “Azúcar y poder: cuando una ley de bioetanol se debate entre beneficiar al agro o a una élite”, publicado el 27 de abril, generó cuestionamientos sobre un negocio diseñado para “un grupo”, orientado a favorecer el “círculo cero” del presidente José Raúl Mulino, según críticos. En medio del debate, también se han señalado posibles conflictos de interés y la necesidad de constancias de impedimento de funcionarios de la actual administración, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el contralor, Anel Flores.

“El presidente ha manifestado que no tiene favoritismos dentro de su ‘círculo cero’; hoy parece todo lo contrario, tras la publicación que ustedes hicieron sobre quiénes forman parte de las juntas directivas de los ingenios y que, además, están dentro del gobierno”, dijo la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes.

“Estamos ante un traje a la medida diseñado para garantizar un mercado cautivo y un monopolio a unos cuantos grupos económicos. El hecho de que el Contralor y otros actores de poder repentinamente muestren un interés tan marcado en esto, nos obliga a levantar enormes banderas rojas”, dijo Luis Duke, de la misma coalición

“Es un negocio hecho para beneficiar a un grupo”, señaló, por su parte, Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.

“Deben hacerse reformas integrales a los sistemas, entre comillas democráticos, corporativos, gubernamentales, que permiten que este tipo de de incidencias”, dijo Giovani Fletcher, del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu).

Sin contar las decenas de comentarios en redes sociales que apuntaron a un beneficio de unos cuantos y que nadie respondería por los posibles daños de los vehículos, de aprobarse la iniciativa legislativa.

La Estrella de Panamá reveló que Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, es hermano de uno de los directores de la Compañía Azucarera La Estrella (Calesa) y el asesor del presidente José Raúl Mulino, Aníbal Galindo, es directivo de la misma.

Mientras que el ingenio Azucarero La Victoria de Veraguas, S.A., fue presidido hasta 2015 por el expresidente Ricardo Martinelli, empresa que ahora lidera su esposa Marta Linares.

El ingenio La Victoria ya había manifestado su interés en desarrollar una planta de bioetanol, en 2014, según los registros de evaluación ambiental del Minsterio de Ambiente, cuando el entonces exmandatario Martinelli promovía la legislación.

Mientras que Central Azucarero de Alanje, S.A. (Cadasa) tuvo como director a Anel H. Flores hasta 2024 y hoy lo preside su hermano Alejandro.

Chapman firmó en acta de gabinete de la ley del etanol

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman dijo a La Estrella de Panamá que se “abstuvo de participar en el análisis, discusión y cualquier pronunciamiento sobre ese proyecto de ley”.

Sin embargo, el acta de gabinete del día 30 de septiembre de 2025, cuando el Ministerio de la Presidencia presentó a consideración el proyecto que establece los lineamientos para la política de biocombustibles y energía eléctric a a partir del biomasa se aprobó unánimemente, es decir, contó con la firma del ministro Felipe Chapman. (Ver imágen).

Consultado ayer por su firma, en ese Consejo de Gabinete, a pesar de que había indicado, de cara al reportaje publicado este lunes, de que “no fue el promotor de esta iniciativa legislativa” ni tampoco beneficiario directo de su aprobación y que se abstuvo de participar en absolutamente todo el proceso”, reiteró su respuesta

“Tal como le indiqué, me abstuve de participar en el análisis, discusión y cualquier pronunciamiento sobre ese proyecto de ley, por lo que no he emitido opinión en ninguna instancia. Cualquier referencia administrativa asociada al trámite institucional no cambia ese hecho”.

No obstante, evitó contestar a La Decana, dónde consta su declaración de impedimento, ya que en el acta de ese Consejo de Gabinete no hay una línea al respecto.

Tampoco existe una resolución de admisión de dicho impedimento, como indican los procedimientos administrativos establecidos en la ley 316 de 2022 y que explicó el abogado Carlos Barsallo, quien fue presidente de Transparencia Internacional, capítulo de panameño.

Por su parte, Anibal Galindo confirmó mantener la asesoría “ad honorem” a Mulino y descartó tener participación accionaria en la empresa.

“El vínculo en Calesa consiste en que estoy casado con María I Arango Chiari, nieta de Don Roberto F. Chiari, uno de los fundadores de esta empresa panameña”, subrayó.

La investigación periodística de La Decana detalló la historia de los ingenios y que sus dueños han estado vinculados, históricamente a la política y elite empresarial.

“Están creando negocios por parte del ejecutivo única y exclusivamente para poder favorecer a miembros que forman parte de la junta directiva de los ingenios azucareros”, expresó Brenes.

Interéses dañaron el ambiente

Tras conocerse de la suspensión de la discusión del proyecto de ley del bioetanol, luego de una reunión de Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, con los jefes de bancadas de los partidos, la diputada de Vamos, Janine Prado dijo que se debía a los interéses económicos que habían afectado la discusión.

“Recordemos que por parte de los ingenios también hay intereses y parece que no hay el ambiente”, precisó Prado.

“Se paralizó, se está pidiendo una suspensión. Porque el pueblo panameño necesita estar bien claro en qué consiste el bioetanol. No es justo que este país, con toda la desinformación que tienen afuera, cuando hay 60 países que tienen la aplicación del bioetanol, tengan la confusión de qué proyecto de ley se va a aprobar en esta Asamblea”, dijo Herrera.

Mientras que la diputada Yamireliz Chong precisó que con la suspensión no se elimina la obligación. “El bioetanol es una realidad hoy en el país. Sólo está suspendido por una reglamentación”.

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