Una reapertura con sabor agridulce

Una reacción improvisada, motivada por las presiones crecientes de actores económicos y políticos. Son medidas desconectadas de la realidad de la gente, que no responden a la situación crítica actual de la covid-19, ni mucho menos a una visión coherente sobre cómo salir de la crisis. Lo que ha hecho falta desde el inicio es planificación, donde se controlan y gestionan los recursos de la forma más racional posible, redistribuyendo en función de las necesidades de la población más vulnerable. El dilema no es abrir de forma descontrolada o mantener a todo el país en cuarentena, está entre una respuesta de mercado laissez faire donde solo sobreviven quienes tienen más poder y riqueza, o la planificación democrática, donde hay coordinación y cooperación, con objetivos medibles, sustentados en criterios de equidad y sostenibilidad, que aseguren que los costos y beneficios sean compartidos de acuerdo con la capacidad y necesidad de la gente. Planificación que involucre a todos, asignando un papel a cada sector, rama, empresa y trabajador, definiendo con transparencia cuáles son los hitos que deben cumplirse en el tiempo. Una respuesta económica y sanitaria que priorice la vida, solo es posible con una rigurosa planificación, bajo participación y fiscalización ciudadana, con la organización y acompañamiento de las comunidades.

Es una consecuencia de que las medidas respondan a la presión de sectores del poder económico y político, de quienes mantienen cercanía al gobierno o fueron donantes de campaña. Cuando se gobierna subordinado a esos intereses particulares, inevitablemente se cae en la improvisación, donde abunda la selectividad y discrecionalidad, campo de cultivo para la corrupción. La incoherencia entre las medidas económicas y sanitarias es la trágica confirmación de este hecho. El sufrimiento recae sobre las masas, atrapadas entre la exposición al virus y el desempleo, debido a la ausencia de una estrategia que priorice el interés general de la sociedad.

La gestión ha sido un fracaso. El gobierno fue incapaz de establecer una estrategia planificada para afrontar la pandemia y asegurar el bienestar de la población. La falta de medidas como: un bono que garantice los medios de subsistencia a las familias, una moratoria real en conjunto con condonaciones de deuda, regulación de precios en toda la cadena productiva, impuesto de emergencia a las fortunas, y sobre todo, la planificación, condenaron al fracaso la respuesta gubernamental. Todo ello debido al afán de proteger los intereses del gran capital, sobre todo el bancario, sacrificando a la población, incluyendo a las pequeñas empresas.

Las medidas sanitarias se implementaron sin organización comunitaria, sin apoyo económico suficiente, sin trazabilidad y segmentación territorial. Es decir, una respuesta generalizada, homogénea, desconectada de la realidad en el terreno, sea del nivel de vulnerabilidad económica de las familias, de densidad poblacional o de preponderancia de condiciones preexistentes de salud. La base del éxito estaba en la información objetiva, el acompañamiento de las comunidades, y sobre todo, la planificación, que hubiera permitido mayor cooperación y colaboración, y menos atomización y desesperación.

Que es insuficiente. La ayuda económica no debe ser vista como caridad, como una especie de subsidio, sino como un esfuerzo redistributivo a nivel de toda la sociedad para proteger la vida de la población en tiempos de una crisis grave. No basta con repartir una ayuda mínima, hay que gestionar los recursos del país en función de la capacidad y necesidad de cada uno, una respuesta planificada a gran escala. El punto de partida es un bono que cubra las necesidades vitales de las familias, pero eso debe ser solo un componente dentro de la planificación a largo plazo. ¿Después de diciembre qué? ¿La vieja normalidad desigual, agravada por el empobrecimiento acelerado de la mayoría de la población? Son tiempos de iniciar una transición más allá de un modelo agotado de país, hacia uno que nos permita crear y compartir riqueza mediante el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Tiempos de menos sumisión a la clase dominante, y más valentía y visión de futuro.

El gobierno está formalizando lo que la sociedad previamente, de manera consuetudinaria, ya había acordado abrir. Ante la necesidad de soluciones económicas de una población a la que las ayudas de alimentos nunca llegó; a los que les llegó el bono les resultó insuficiente, porque una familia promedio panameña no subsiste con $100 al mes.

La percepción que se genera es de un tinte de discrecionalidad o favoritismo a razón de quienes hicieron el lobby adecuado que les permitió la continuación de sus proyectos. No tiene sentido permitir solo la construcción de algunos proyectos y no de todo un sector.

Es un hecho que la pandemia sorprendió al mundo, no se encontraba en ninguna agenda ni plan de gobierno, y si bien nuestro país no escapa a esta realidad, las críticas versan sobre el manejo que se le ha dado por parte del gobierno. Improvisaciones, sobrecostos, cambio de la figura de la ministra que gozaba de mayor credibilidad por parte de la sociedad en medio de la crisis sanitaria, entrega de apoyos económicos y bolsas con comidas politizadas, imposición de reformas laborales, aportes millonarios del Estado a la banca y a inmobiliarias, mientras solo se destinaron 5 millones al sector salud. Todos estos elementos generan un gran descontento en la población, y a nivel personal me surge la pregunta de si se está gobernando para las mayorías o si están pagando favores a donantes de campañas.

Improvisación, medidas infundadas e insostenibles. Los indicadores apuntan al fracaso en el manejo de la crisis, somos el país latinoamericano con mayor contagio per cápita; si esas cifras no nos alertan, honestamente no comprendo qué podrá activar las alarmas para que se redireccionen la estrategia de salud y la económica.

En el segundo debate del proyecto que modificó el Código de Trabajo, pudimos escuchar que la sindicalista y profesora Nelva Reyes, en su acertada intervención, mencionó la necesidad de que ese apoyo económico se eleve a $500, ya que la canasta básica supera los $300, y no incluye productos de aseo personal, ni de limpieza que tan necesarios son ante esta crisis sanitaria. Sería ideal poder brindar ayudas económicas efectivas a los más de 250,000 panameños suspendidos, que dichas ayudas sean despolitizadas y repartidas en todos los rincones del país.