Población penitenciaria se reduce un 3% debido a la covid-19

Luego de cinco meses de que el gobierno declarara emergencia nacional por la llegada a Panamá del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, 916 reclusos han sido beneficiados para que terminen sus sentencias fuera de los penales. La razón –de acuerdo con el Sistema Penitenciario que proporcionó las cifras– es reducir el hacinamiento y evitar mayores contagios del virus en las cárceles panameñas. De los beneficiados con una medida de cumplimiento extramuros, hay 273 que recibieron rebaja de penas, mientras que el resto, que suman 643, le fue impuesta la medida cautelar de arresto domiciliario, como sustitución de la detención.

No obstante, al ampliar las cifras reportadas, el balance da cuenta que así mismo como salieron estos más de 900 detenidos, ingresaron otros nuevos 400 condenados al Sistema Penitenciario. En marzo, cuando se dio la declaración de emergencia nacional, la población penitenciaria era de 18 mil 179 reclusos, y al cierre del mes de julio, cuando debían de estar menos de 900 internos en las cárceles panameñas, la realidad no fue así, ya que el censo reportó 17 mil 661 presos. Ello indica que se está ante una reducción de la población penitenciaria de un 3%, que representa 518 personas.

El Sistema Penitenciario Nacional, con una capacidad de 14,591 reclusos, mantiene una sobrepoblación de 3,159 reos. Marco Aurelio Álvarez, criminólogo y comunicador social, asegura que estas medidas de excarcelación o cautelares pudieran ser un remedio que poco ayuda al problema del hacinamiento carcelario, y en cambio se traslada el problema a las calles con el incremento de los niveles delictivos y de violencia.

A juicio de Álvarez, el problema radica en la falta de un completo sistema de resocialización que garantice que estas personas –que son beneficiadas con libertades condicionales– no vuelvan a delinquir. Mientras que Roberto Sanguillén, abogado y presidente de una fundación por la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad, afirma que debe ser mayor el número de internos que requiere de estos beneficios de rebaja de pena y arresto domiciliario. De acuerdo con Sanguillén, la realidad de la covid-19 en las cárceles es más grave de lo que presentan las autoridades en las estadísticas. El jurista añade que hay más de 3 mil infectados por el virus y el número de muertes supera los 100. Estos números contrastan con las estadísticas del Sistema Penitenciario, que revelan que unos 1,536 reclusos han sido diagnosticados positivos con covid-19, de los cuales 1,417 se han recuperado. Representa que en las cárceles actualmente hay 117 casos activos del nuevo coronavirus, sumado a dos internos que están hospitalizados, y han reportado cuatro defunciones.

Sanguillén es de la idea que estas medidas no deben calificarse como beneficios, sino como derechos a los que tiene todo preso y a su juicio las autoridades del Sistema Penitenciario no la están cumpliendo. “No están funcionando las medidas para descongestionar el Sistema Penitenciario”, agregó. Las estadísticas son un reflejo frío de la realidad de las calles. A julio de 2020, los homicidios alcanzaban los 315, siendo mayo uno de los meses más violentos con 57 homicidios. La provincia de Panamá encabeza la lista de asesinatos, con 115 homicidios; luego Colón, con 63, y Panamá Oeste, con 59. De los 315 homicidios, 278 víctimas corresponden al sexo masculino y 34 al femenino. Del total de homicidios, 251 fueron cometidos con arma de fuego. Eso indica que en el país hay un tráfico de armas ilegal de alto calibre, que por la Ley 57 del 27 de mayo de 2011, son de uso exclusivo de los estamentos de seguridad. “La delincuencia no ha parado, el modus operandi ha mutado, han buscado nuevas formas de cometer o realizar los delitos. Y la cuarentena propicia las circunstancias para delinquir”, concluye Álvarez.