Interponen acción de reclamo contra actos públicos de Conades

Dos actos públicos para la selección del contratista para la rehabilitación, mantenimiento y mejoras de edificios de vivienda plurifamiliar en Curundú ($11,9 millones) y Betania y Pedregal ($13,3 millones), fueron objeto de una acción de reclamo interpuesta ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Los proyectos del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) fueron impugnados por Torecha Internacional, Inc. al no estar de acuerdo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones porque establecen limitantes para la participación de empresas.

Los recursos interpuestos por Alejandro Arze López, representante de la empresa, establecen que era imposible atender el llamado de la entidad licitante a realizar una visita al área donde se desarrollara el proyecto en un corto periodo entre la publicación del acto público y la fecha programada de la visita, que era de carácter obligatoria.

La situación –según el documento– se convirtió en la primera limitante para la participación de los interesados en la licitación de los proyectos. “Fue imposible para con este y otros interesados presentarse la mañana siguiente a la tarde en la que se puso a disposición la información”, establece Arze, en la acción de reclamo contra el acto público para el proyecto para Pedregal y Betania

El tema había sido expuesto previamente por los proponentes en una reunión previa y de homologación, sin embargo, no se recibió ninguna aclaración o respuesta tendiente a resolver la inquietud.

Una fuente vinculada a una empresa, que también está interesada en el proyecto, y que prefiere el anonimato para evitar represalias, señaló que no se puede condicionar la participación de las empresas a una visita obligatoria, porque se estaría violando el principio de participación. “Entre más empresas participen es mejor...”, explicó.

Este empresario considera que hay otros mecanismos, como la fianza de cumplimiento que se solicita, para evitar que las empresas no abandonen los trabajos una vez se les haya adjudicado, que es también el propósito de la visita al sitio.

La empresa que reclama advierte también que el pliego de condiciones adolece de disposiciones contrarias al derecho. Aseguró que la entidad licitante pretende que los actos públicos sean exclusivos para empresas nacionales, al argumentar que existen reglones que no exceden los $5 millones.

El Artículo 11 de la Ley de Contrataciones Públicas se refiere exclusivamente a actos superiores a este monto. La norma establece que en los actos de selección de contratista de obras que no sobrepasen los $5 millones, las entidades licitantes podrán realizar licitaciones para la participación exclusiva de empresas nacionales.

“La interpretación errónea en que incurre la entidad contratante se convierte en otra limitante para la participación de aquellos interesados, ambas de las cuales constriñen directamente con el principio de igualdad”, establece la acción de reclamo.

La empresa apela al principio de oportunidad de los proponentes, que tiene por objeto garantizar la actuación imparcial de las entidades públicas dentro del procedimiento de selección del contratista.

A través de su representante, solicita se ordene la aplicación de las medidas correctivas al pliego de condiciones convocado por el Ministerio de la Presidencia, institución a la que está adscrita Conades.

También solicita se ordene extender la fecha para que los interesados en participar del acto público presenten sus propuestas y tengan el tiempo suficiente para prepararlas y competir en igualdad de condiciones.

Actualmente, el Conades está licitando proyectos similares a este por un monto de $69 millones, en distintos lugares del país. Los otros proyectos también serán impugnados, aseguró el empresario, que considera que se trata de una licitación hecha a la medida para evitar que empresas pequeñas participen de los actos públicos.

José Manuel Sevillano, presidente de la Cámara Nacional de Contrataciones Públicas, explicó que en dos días se debe admitir o no la acción de reclamo. Dependerá de que se haya cumplido con los requisitos de formalidad. El acto queda suspendido si se admite el recurso, agregó Sevillano.

Posteriormente, se corre traslado a la entidad licitante para que emita un informe del tema. Tras esto, en cinco días debe haber un fallo. “Si en el tiempo que establece la ley, la institución no se pronuncia, el caso debe pasar al tribunal administrativo”, concluyó el presidente del gremio.