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24 de Jan de 2021

Nacional

Confirman sobreseimiento en caso de Caja de Ahorros

La Sala Segunda de la CSJ puso punto final al caso de supuesta lesión patrimonial del banco y respaldó dos fallos previos que eximen de responsabilidad a 39 imputados

El caso por supuesto peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros llegó a su fin con un sobreseimiento definitivo para 39 imputados. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados Maribel Cornejo, María Eugenia López y José Ayú Prado, resolvió el último recurso que le quedaba al Ministerio Público, no admitió la casación y confirmó lo actuado por dos instancias previas, el juzgado XIV y el Segundo Tribunal de Justicia.

Riccardo Francolini, exdirectivo de la Caja de Ahorros, también fue sobreseído.Archivo | La Estrella de Panamá

Ninguno de los anteriores encontró el delito que aducía la fiscal que inició la investigación, Tania Sterling, quien alegó que en 2012 hubo un perjuicio a la Caja de Ahorros por emitir un préstamo de $10 millones a la empresa HPC-Contratas PV, encargada de la construcción del Centro de Convenciones de Amador.

La fiscal Sterling determinó que del desembolso de $10 millones efectuado por Caja de Ahorros, $7 millones se desviaron para pagar un préstamo que tapó un hueco financiero de la casa de valores Financial Pacific, hecho que a su criterio constituía una lesión a la entidad a pesar de que el préstamo se pagó en su totalidad.

El Segundo Tribunal había avanzado en el fallo emitido en 2019 que “los argumentos de la fiscalía no gozan de la fuerza necesaria para reformar el fallo recurrido, dado que los elementos probatorios permiten establecer que la conducta investigada no constituye delito”.

Este caso también formó parte del grupo de expedientes que analizó Rogelio Saltarín, el abogado del presidente de turno Juan Carlos Varela, como parte de una asesoría penal en casos de alto perfil de la administración de Ricardo Martinelli. Un asunto explicado por este diario en una investigación periodística que cuestionó el papel del Consejo de Seguridad y del jurista en mención por haber interferido en la elaboración de querellas penales que correspondían al Ministerio Público.

Saltarín, quien se reunió en una ocasión con la junta directiva del banco, recopiló material probatorio que supuestamente dio indicios de un acto delictivo.

Por este caso, la fiscalía pidió llamamiento a juicio para 23 funcionarios y 16 empresarios. Entre los últimos se encuentra West Valdés, exdirectivo de Financial Pacific, preso luego de haber sido detenido en República Dominicana cuando celebraba su matrimonio con Berena Bozzi (2017).

Valdés, luego de escuchar la decisión final, en un acto de desahogo envió una pequeña nota a este diario en la que achacó la culpa de su situación a Varela: “Me fuiste a buscar hasta Dominicana, donde me encontraba en plena boda con mi familia. Me sacaste ilegalmente con tu secuaz embajador, que en vez de defender mis derechos, me llevó al aeropuerto y me sacó de manera escondida”, se lee. Más adelante se lee: estoy fuerte (...) y quiero ver qué me vas decir en la calle, tortugón. Ups... verdad, a lo mejor no te saludaré en la calle porque yo estaré libre y tú preso”, cierra.

A pesar del fallo de sobreseimiento definitivo, el abogado de Valdés, Guillermo Cruz, explica que su cliente se encuentra en un limbo jurídico que imposibilita su libertad. La Fiscalía Séptima envió otro expediente a la Corte en el que aún no se le ha asignado un juzgado, por lo que no hay nadie responsable del mismo.

Por su parte, en febrero pasado Bozzi denunció que durante la administración Varela, recibió la visita de varias personas que le prometían la libertad de su esposo a cambio de dos cosas: que pagara $660 mil o que firmara una declaración en la que involucraba a otras personas en los casos causantes de la privación de su libertad, sin especificar cuál de los procesos que surte legalmente Valdés. Denuncia que hasta el momento no ha sido investigada por el Ministerio Público.

En su momento, el Segundo Tribunal mencionó que del contrato que dispuso la línea de crédito, la Caja de Ahorros quedó obligada a realizar el desembolso a solicitud del cliente, pero no se precisa ni describe si frente al desembolso estaba facultada o tenía la obligación de verificar el estatus de la obra (centro de convenciones de Amador) in situ conforme a lo desembolsado. De modo que si se constata la confección de un cheque que no guardaba relación con el proyecto, no menos cierto es que ese riesgo lo asumió el cliente, HPC Contratas, y es una circunstancia que per sé le concierne solo a esta persona jurídica y no a los funcionarios que participan en la aprobación del préstamo que ya estaba garantizado.