Descuentos en mensualidades escolares pasan primer debate

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, la ley que obliga a los planteles escolares y a las universidades, con más de mil alumnos, otorgar un descuento del 35% a los padres de familia, y el 25% aplicable a colegios o universidades con menos estudiantes que impartan clases virtuales, semipresenciales y presenciales.

La mañana de este martes se generó un intensa discusión en la Asamblea. Los colegios particulares advirtieron que la medida puede llevarlos a despedir personal docente, o incluso a la quiebra.

Reclaman que los arreglos de pago con los padres de familia no pueden efectuarse bajo la imposición de un porcentaje por ley, pues la suspensión de contratos y el desempleo también han impactado en el pago de las mensualidades y, por ende, en los ingresos del centro escolar para hacer frente a sus compromisos.

El docente Félix Cuevas mostró una lista de 37 colegios en los que tienen una morosidad de los padres de familia de $1,7 millones hasta septiembre de 2020.

La falta de ingresos en las familias ha generado una migración del 8,9% de los estudiantes al sector oficial, y a su vez, ha provocado el cierre de varios planteles que no lograron hacer frente a la crisis de la pandemia.

“El 75% de los ingresos de los colegios particulares se va en planilla, y si me dices que vas a dar un descuento del 35%, no tendremos ni para la planilla y tendremos que despedir a los docentes”, advirtió Cuevas.

“Con el descuento del 25% termina de extrangularme”, aseguró Javier Leones, presidente de los colegios pequeños.

El docente explicó que de aprobarse el porcentaje tendrá que prescindir de equipo humano especializado, como psicólogos, profesores de enseñanza especial, que cuesta a los pequeños centros de estudio.

La situación es crítica, añadió Cuevas, quien manifestó que se han efectuado arreglos de pago entre los colegios y padres de familia, y “aún así estamos teniendo una migración muy fuerte al sector oficial, hay más de 50 mil estudiantes, eso representa la mitad de los estudiantes del sector particular al oficial”, describió Cuevas.

“No se puede regalar un descuento de esa naturaleza. Es como un efecto dominó, tendría que tomar algunos profesores y prescindir de sus servicios. He escuchado a todos y ninguno ha defendido los colegios con necesidades especiales”, alegó Leones.

Del otro lado de la moneda surgen las voces de los padres de familia que reclaman lo que denominan “un cobro justo”.

“Nosotros estamos aquí por el servicio que brindan los colegios y que se den los mismos. No se trata de un descuento, sino de que, si no me dan el servicio que contratamos, entonces no se puede cobrar”, alegó la abogada Giovany Ortega, en representación de los padres de familia.

La jurista recalcó un punto esencial, regular sobre educación a distancia es prácticamente imposible porque dicha modalidad no está tipificada en la ley.

Javier Lombardo, coordinador nacional de la Unión de Asociaciones y Padres de Familia de Colegios, exclamó que los colegios particulares están pidiendo a los padres que firmen pagarés para cerciorarse del cobro de las mensualidades atrasadas. Por lo que solicitó a los diputados incluyan en el documento que se prohíba este tipo de prácticas.

Los padres han reiterado que los colegios particulares les cobran por materias como laboratorio, piscina, y otras que necesariamente son presenciales, y que retienen los créditos de los estudiantes cuyos padres están morosos para asegurarse de cobrar la deuda en un futuro.

Otra de las consideraciones que se plantearon es si el Ministerio de Educación (Meduca) podrá cargar con las nuevas responsabilidades que le endilga la ley en discusión. Pues se pretende incluir la revisión de las plataformas que creen los centros escolares, o la disposición de personal en el fortalecimiento de su rol como mediador.

En el caso que ocupa, el Meduca solo puede actuar como mediador, no puede imponer cuotas o montos.

El representante de la Cámara de Comercio, Alberto Avilés, propuso que el Meduca realice un aporte a los padres que han perdido sus trabajos como una forma de solidarizarse con la problemática.

El tema es más profundo aún. El descuento obligado pondrá a las universidades a afinar el lápiz para analizar qué carreras continúan y cuáles no. Por lo general, las profesiones relacionadas con el sector salud son las más costosas y la universidad no puede permitirse bajar la calidad de la enseñanza. Las universidades, a diferencia de los colegios particulares, tienen más altas y bajas en la matrícula, hay rotación de docentes, y de alguna forma resuelven muchas de las formaciones que el país requiere. El descuento del 25% obligado a impartir, de convertirse en ley afectará más que todo a las universidades medianas y pequeñas.

“No estamos en un baratillo, buscamos el balance por los roles que han dejado de hacer algunos funcionarios”, mencionó el diputado Héctor Brands, miembro de la comisión.

“Hay que tomar una decisión porque esto no puede esperar más”, apresuró el diputado Leandro Ávila, proponente del monto de descuentos. “He visto el comportamiento que se ha tenido de parte de los colegios particulares al Meduca porque este no tiene el poder coercitivo para regular, y han venido haciendo lo que les da la gana; cuando los cita el Meduca no van”, zanjó el diputado.

Al concluir el debate, el proyecto de ley terminó con 39 artículos divididos en cinco capítulos. Se leyó el proyecto con los cambios y los diputados lo aprobaron por unanimidad. El siguiente paso es el segundo debate en el pleno.