Guillermo Chapman propone reforma laboral y liberar las profesiones

El exministro de Economía y Finanzas (MEF, 1994-1998) Guillermo Chapman está convencido de que el modelo económico que ha sostenido el país en las últimas tres décadas está agotado. Parte de esto se debe al bajo nivel de ahorro doméstico y las dificultades que se anticipan para obtener financiamiento externo e interno en las magnitudes de la última década, lo que hará difícil mantener la cuota de inversión del pasado.

En un escrito al que tuvo acceso este diario, titulado “Hacia una nueva visión económica y social en Panamá”, una propuesta de reflexión elaborada por el exministro Chapman, mira un capitalismo distorsionado, patrimonialista, con un poder ejecutivo distribuidor de concesiones. Un país en el que priman leyes especiales de inversión y contratos ley, en ausencia de leyes generales que ameriten los inversionistas. Aunado a esto, el reducido tamaño de la economía ha facilitado la proliferación de oligopolios, sin que el Estado logre implementar mecanismos para regular los monopolios, oligopolios y servicios públicos.

Una economía de “amiguetes”, califica el economista, que destaca la importación de alimentos, la distribución de medicinas, producción de azúcar, harina de trigo, cemento y bebidas de todo tipo que encarecen el costo de vida de los panameños.

Un país en el que los gobiernos no han formulado políticas públicas de largo alcance para enfrentar las consecuencias sociales del modelo. Esto puede atribuirse, según el exministro, a la ilusión de futuras lluvias de divisas, lo que denomina “el milagro económico panameño” que ofrecerán soluciones del exterior y “la existencia de un pacto, no escrito, entre los gobiernos y la sociedad civil, mediante el cual los primeros se comprometen a mantener bajo el nivel de tributación, así como a no actuar con energía y eficacia en el cobro de impuestos, y la sociedad a no exigirles una estricta rendición de cuentas”.

Frente a esta realidad, la transformación del modelo requiere cambios profundos en la estructura estatal. Una evolución que se debe racionalizar y transparentar las operaciones del sector gubernamental, mejorar la calidad de los servicios sociales, en especial salud y educación, a un nivel cónsono con el ingreso por habitante y elevar la productividad de la economía en general a través políticas estructurales y sectoriales para poder pagar mejores salarios.

Para ello sugiere medidas poco populares, espinosas, pero a su criterio necesarias para encarrilar al país en un modelo de productividad que implica cambios en el Código Laboral –que se detalla más adelante– y la liberalización de las profesiones que aportan conocimiento mientras se entrena al personal panameño.

Después de hacer un repaso sobre el comportamiento económico de las últimas décadas, el también fundador del grupo Indesa concluye que aún con un crecimiento del producto interno bruto de entre 5% y 6% y un nivel de inversión normal, sería difícil lograr un índice de desempleo del 4% como el alcanzado en 2012. A su juicio, el obstáculo radica en la rigidez del mercado laboral, la calidad de la educación, las limitaciones en la formación de personal calificado y la falta de una política nacional de inmigración.

Para Chapman no es viable un crecimiento recargado en la construcción por una sencilla razón: el inventario de productos por vender y la dificultad de continuar con la pauta de endeudamiento del pasado. De aquí en adelante, sugiere, el crecimiento debe ser hacia afuera, exportando bienes y servicios, lo que requiere una economía más competitiva.

El economista explica, y se lamenta, que a pesar de que el país ocupa uno de los mejores sitios en crecimiento económico, aún no logra vencer las desigualdades sociales y económicas evidentes en la población.

El nivel de pobreza alcanza a más de la quinta parte de la población y los indicadores de salud están por debajo de lo que corresponden a un país con el nivel de ingreso de Panamá. “La calidad de la educación impide a nuestros ciudadanos competir con los formados en el exterior, por lo que los 'protegemos' con impedir que los extranjeros puedan ejercer una gama amplia de profesiones. En adición, los servicios de agua, transporte público y aseo son insuficientes y hasta inexistentes en algunos casos”, describe. En palabras sencillas, el nivel de crecimiento económico no se tradujo en un mejor nivel de vida para los panameños.

Constantemente los gerentes de empresas señalan que existe una carencia palpable de personal calificado, por lo que muchas veces tienen que recurrir a personal extranjero. “Una práctica que los panameños consideran desleal porque presumen que los foráneos les quitan las plazas de empleo. Una actitud falsa, debido a que los puestos de trabajo en una economía no son fijos, se expanden según la producción y productividad generadas”, analiza Chapman.

Defiende la contratación de personal idóneo extranjero en caso de ausencia de mano de obra calificada, pues lejos de encarecer el escenario, aumenta el empleo y el ingreso de los demás empleados. En este sentido, explica que a lo largo del tiempo, en vez de reconocer el problema y promover las reformas necesarias, “la solución ha sido prohibir el ejercicio profesional de extranjeros en muchas disciplinas, lo que limitó el incremento de la productividad”, se lee en el texto.

Los indicadores de salud y educación son desfavorables al compararlos con otros países de la región. No se trata de gastar más, sino de hacerlo con eficiencia, describe. Es la formación de los educadores, y en la salud la unificación de los sistemas públicos y la formación de profesionales calificados.

En cuanto al gasto público, la idea de Chapman no consiste en aumentar impuestos por hacerlo, sino cuantificar lo que se requiere para llevar a cabo los planes para cumplir las metas que el país debe concretar en educación y salud, y diseñar la mejor forma de financiarlos a través del sistema tributario.

En Panamá prima un modelo de producción bimodal, el moderno y el tradicional. El primero es el relacionado al Canal, la logística, las zonas francas, exportación con valor agregado que pagan mejores salarios que el tradicional, centrado en el comercio, la agricultura o la industria manufacturera.

Los sectores tradicionales no cuentan con la densidad de capital y tecnología comparables con aquellos modernos. “La productividad por persona empleada en los sectores tradicionales es comparativamente baja, por eso los salarios que pagan son inferiores a los de sectores modernos”, cita el autor. Los sectores tradicionales son los que emplean la mayor fuerza laboral y el mercado que demanda sus productos y servicios es el doméstico, uno limitado.

Todo lo anterior “forja una economía capitalista distorsionada, patrimonialista, en la que una labor importante del poder ejecutivo es la distribución de concesiones. Es el caso de la generación eléctrica, la extracción de arena, las rutas de transporte de carga, los casinos y otros juegos de azar, los taxis, la tala de bosques, entre otras”. No hay leyes generales que emitan la confianza de los inversores internacionales, nos hemos convertido en el país de las leyes especiales y de los contratos ley.

La situación del mercado, por tanto, se ha convertido en una economía de “amiguetes” en la que los “precios de comida y medicinas están entre los más elevados del mundo, sin que las autoridades hayan iniciado una investigación seria sobre las causas de los altos costos de la vida”.

Chapman reclama que la Autoridad de Protección al Consumidor (Acodeco) parece concentrarse en la veracidad de las etiquetas de productos, la calidad de los artefactos y otras. Lo mismo parece haber ocurrido con el Ente Regulador de los Servicios Públicos. Las fallas del sistema divulgadas en los medios de comunicación no parecen sancionarse de manera efectiva y oportuna. Casos que terminan en los tribunales, cuyos fallos demorados concluyen en gran medida en la anulación de las sanciones de la autoridad.

Esto es una clara falla que impide al gobierno controlar las prácticas monopolísticas, una debilidad estructural del Estado, en el que ninguno de los tres poderes públicos cumple con las funciones que señala la Constitución.

Por lo tanto, el desafío estratégico es elevar la productividad del resto de la economía, minimizando las diferencias entre sectores y salarios que estos pagan.

En ese sentido, desarrollar en las riberas del Canal actividades manufactureras que aprovechen el tránsito de materiales y componentes semielaborados para producir bienes finales o intermedios con destino hacia el resto del mundo. La logística en todo el corredor interoceánico ofrece otra posibilidad de operaciones con alto nivel de productividad.

¿Cómo queremos ser? Si se busca cambiar el sistema hay que hacer propuestas específicas. De no hacerlo, puede crear sospecha de que se pretende un cambio radical para transformar la naturaleza del país, su economía, por un país del socialismo del siglo XXI, que siguen varios de la región.

Para ello, propone un plan de acción que incluye promover el desarrollo de sectores competitivos capaces de generar empleos bien remunerados como elemento esencial para elevar los niveles de ingreso; llevar reformas estructurales de las reglas del juego; modernizar el sector gubernamental para mejorar su eficacia en la formulación de políticas públicas necesarias para la transformación de la estructura económica y social; realizar una reforma de la estructura del Estado que abarque los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para dar viabilidad a la reforma gubernamental.

Para puntear en el sector primario, Chapman propone crear un instituto de investigación y extensión de clase mundial que cuente con científicos especializados, seleccionados por sus méritos y capacidades, y con estabilidad laboral. Varios países que han emergido como potencias agrícolas lo han hecho así, como Brasil e Israel.

La reducción de la planilla estatal no puede realizarse a corto plazo y menos en la actual coyuntura de la pandemia porque podría causar un trauma social de gran importancia. Debe enfocarse, por ende, en mediano plazo y en forma gradual y no en reemplazar a los empleados que se jubilen o retiren. Sugiere entonces adoptar una legislación que defina criterios claros de selección para establecer un verdadero servicio civil de carácter permanente.

Con respecto al diálogo por la Caja de Seguro Social, tomando en cuenta que el Ejecutivo promovió que no haya cambios en las medidas paramétricas, implicaría un aporte del gobierno central. Para financiar ese gasto habría dos opciones principales: reducir los gastos del gobierno en esa magnitud, con lo que disminuiría el nivel de los servicios públicos, o aumentar los impuestos para que produzcan esa suma.

La fórmula de subsidio a la CSS pondría una seria presión sobre las finanzas públicas, al punto de poner en peligro la calificación de grado de inversión para el crédito de la república, lo que limitaría el acceso al financiamiento externo e interno y encarecería el costo del crédito para el sector público y privado, lo que crearía una nueva barrera a la salida de la recesión causada por la covid-19.