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13 de May de 2021

Nacional

Abogados presentan escritos para acogerse a fecha alterna en caso Blue Apple

La audiencia preliminar está programada para hoy, y la alternativa está fijada del 5 al 25 de agosto próximo. El juzgado debió enviar notificaciones a tres investigados que se hallan en el extranjero, Adolfo De Obarrio, en Italia, y los hermanos Martinelli Linares, en Guatemala

Al menos siete escritos fueron presentados ante el Juzgado Tercero Liquidador para acogerse a la fecha alterna de la audiencia preliminar del caso Blue Apple, que en noviembre pasado fue programada del 5 al 25 de agosto de 2021, según informó a este diario un integrante de la defensa de uno de los sindicados.

En el caso se comprobó la formación de una sociedad denominada Blue Apple, creada con el propósito de recibir dinero producto de sobornos.Archivo | La Estrella de Panamá

Para hoy se tiene contemplada la audiencia preliminar del proceso en el que la Fiscalía Sexta Anticorrupción investigó una sociedad creada con el propósito de recibir dinero producto de coimas o sobornos pagados a cambio de la agilización de trámites y pagos en los proyectos adjudicados durante 2009-2014.

No obstante, a raíz de las justificaciones que llegaron al despacho del juzgado, la juez debe decidir si se reprograma, por tercera vez, a raíz de incapacidades presentadas por abogados que forman parte de la defensa presentadas el viernes por la tarde en el Tribunal Tercero Liquidador.

En noviembre pasado, la magistrada presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, emitió un comunicado, en el que enlistó las razones que justificaron el aplazamiento de la audiencia en ese momento, mencionó la ausencia de un investigado con paradero desconocido (De Obarrio) y dos investigados detenidos desde el 6 de julio en Guatemala (hermanos Martinelli), lo que hacía necesario el “adelanto de los trámites de emplazamiento y asistencia judicial para la notificación y citación al proceso”, trámite que requería como mínimo cuatro meses.

En dicha fecha se suspendió la audiencia también a raíz de la situación sanitaria en el país afectada por la pandemia de covid-19.

Las solicitudes que ingresaron al tribunal, la Cancillería debió enviar la notificación que supuestamente emitió el tribunal para Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, sindicados en el expediente y quienes se encuentran en Guatemala a la espera de la decisión de los tribunales de ese país en un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, requeridos por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso de sobornos de la empresa Odebrecht.

En este caso también está llamado a juicio el exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo 'Chichi' De Obarrio, radicado en Italia y recientemente liberado por la justicia de ese país a consecuencia de la falta de un tratado de extradición vigente entre Panamá e Italia, que justifique su detención luego de haber sido capturado por Interpol, el pasado 8 de abril, a petición del istmo. En el caso de De Obarrio, señala el jurista Ernesto Cedeño, “lo que explica la norma es que se debe decretar en rebeldía y efectuar la ruptura procesal de tal manera que no estanque el proceso, queda en suspenso hasta que sea extraditado al país”. Este medio inquirió a la Cancillería si dichas notificaciones habían sido remitidas a los mencionados, pero al cierre de esta edición no se había dado respuesta.

En esta causa penal se investigó a 55 personas, entre las que se señalan conductas por corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

Los orígenes de la investigación de este caso se remontan a septiembre de 2017, en un informe elaborado por la Dirección de Inteligencia Policial, quien remitió un informe a la fiscalía en el que se ponía en conocimiento sobre la sociedad Blue Apple, presuntamente integrada por varias personas con el propósito de disfrazar o blanquear dinero supuestamente obtenido de coimas o sobornos recibidos por empresarios a cambio de la adjudicación de proyectos de construcción del Estado durante el quinquenio pasado. Para ello, según el informe, se valieron de cuentas bancarias y de inversión a nombre de la misma.