Los dos años de gobierno; los recurrentes reclamos

El gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha venido enfrentando numerosos cuestionamientos, como son los albergues, las compras de los respiradores, las bolsas con comida, las inyecciones VIP, la prórroga a concesiones, entre muchos más. La propuesta de campaña del gobierno se vio afectada por la pandemia, lo que en cierta forma lo ha beneficiado porque ha permitido que el Ejecutivo se escude en la covid-19 para justificar las limitaciones en la realización de obras.

El gobierno no ha logrado sacudirse de la percepción de corrupción en dos años de gestión, lo que indica que será el oscuro nubarrón que lo acompañará hasta sus últimos días de gobierno, e incluso más allá cuando deba salir a explicar por qué y cómo lo hizo.

En materia económica no hay mucho que destacar, lo vemos en este momento con la crisis económica que venía antes de la pandemia, y ahora en pandemia la línea sigue en rojo. No hay un horizonte claro y definido que nos indique que el país se recobrará a corto o mediano plazo. El poco circulante, los contratos suspendidos y los despidos y cierres de empresas, y el gran número de locales comerciales cerrados es un mensaje claro y contundente.

El presidente Cortizo entró en la historia con esa prórroga, porque las condiciones pactadas inicialmente no eran las mismas que ahora. El pueblo esperó que esa negociación redundara en enorme beneficios para el país, pero la sensación es de traición a la confianza del pueblo. No me cabe duda que este tema tendrá sus consecuencias.

La expectativa es simple: que cumpla lo que prometió en campaña y por lo que el 33% del electorado votó por él. Si no puede cumplirlo, entonces trate de acercarse al escenario más cercano. El presidente debe hacer cambios profundos en su Gabinete, porque carga sobre sus hombros el desgaste de un gobierno en las postrimerías de su mandato, y eso en tan solo dos años. Debe enfocarse en, primero el pueblo, segundo el pueblo y tercero el pueblo. Además, debe exigir al Ministerio Público que haga su trabajo de manera eficaz para dar con todos aquellos que tienen como estilo de vida la “impunidad de rebaño” y que tanto daño le hacen. El presidente está barriendo para la calle, y no para la casa. Y eso es un grave error político y administrativo, debido a que el pueblo acentúa su desconfianza.

Un gobierno fallido, que ha incumplido gran parte de las promesas por las que el pueblo votó. En donde los problemas sociales se han agravado. La educación está estrellada, la delincuencia e inseguridad no se aguantan, el desempleo está por el orden del 18,5%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), un endeudamiento en el que no se ve la inversión del dinero, aumento de los feminicidios, y una reactivación económica que no llega.

Ha endeudado por generaciones al país en solo dos años, con deudas millonarias con poca transparencia, y sin acceso a la información. En gran parte de sus acciones, contratos y compras hay sospechas fundadas de corrupción, casos como el hospital modular, compra de los ventiladores, la Lotería Nacional, la vacunación irregular, concesiones que van en contra de los intereses del país, entre muchas más.

No existe una estrategia país, así como no existe un plan de reactivación económica. La gente no necesita subsidios, la gente necesita trabajo. No hay un verdadero plan de inversión estatal en infraestructura, que genere empleo, como lo han hecho otros países. En dos años no ha iniciado ninguna obra de infraestructura importante, tiene paralizadas obras como la extensión del metro a Panamá Oeste, y está en un limbo el tema del puente o túnel para esta obra, entre otras.

Es un tema en el que la cacareada seguridad jurídica solo le conviene a PPC, y ¿quién defiende la seguridad jurídica del Estado? Su renovación ha sido una traición a la patria, el país demanda un contrato justo con beneficio y equidad en el tema económico. Esperemos que los diputados de la Asamblea Nacional puedan defender nuestros derechos en esta nefasta renovación.

Las expectativas son pesimistas con un ejecutivo sin liderazgo, ministros que no defienden el interés nacional, una asamblea de diputados sin el debido contrapeso, un sistema de justicia selectiva, un país endeudado y sin transparencia en el manejo de la cosa pública, una tasa de desempleo que ronda las 289,000 personas, y una nula capacidad para generar empleos. La reactivación económica debería ser la prioridad de este gobierno para cambiar el rumbo del país.