MP no halla delito en la construcción del hospital modular

La Fiscalía Especializada Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio (SPA) no encontró elementos que determinarán la existencia de delitos contra la administración pública (fraude en contrataciones públicas y peculado) en las investigaciones que adelantaba por la construcción del Hospital Modular Panamá Solidario.

“Lo expuesto en la presente resolución da cuenta de una investigación exhaustiva, compleja y objetiva por parte del Ministerio Público, en la que podemos concluir que los hechos que dan inicio a noticia criminal no constituyen delito, por lo que se considera prudente y preciso aplicar el archivo provisional de la investigación...”, establece la fiscal Anilú Batista Carles, en su solicitud de archivo del 30 de junio de 2021.

El despacho de la fiscalía descartó el delito de fraude en contrataciones porque no existía opacidad en las propuestas realizadas por los contratistas al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la construcción de la obra.

Al mismo tiempo, la fiscalía estableció que no había un cargo de tipo penal vinculado con el permiso de ocupación y construcción del nosocomio.

“Al tratarse de una obra de carácter temporal se dio el tratamiento de seguridad contra incendios conforme a las normas internacionales”, explicó la funcionaria de instrucción. Mientras que el permiso otorgado para una construcción convencional cumplía con los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de incendios.

La fiscalía, además, determinó que las estructuras modulares usadas para la construcción del hospital no eran recicladas. De acuerdo con la información recabada por el despacho fiscal, consta que los materiales fueron recibidos de manera conforme y con una apariencia nueva.

Sumado a lo anterior, la Contraloría General de la República corroboró que la obra se encontraba dentro del margen de ganancia aceptable.

“Esto conlleva a la fiscalía a concluir que los hechos publicados en medios noticiosos y que activaron de manera oficiosa la investigación no se ajustan a la realidad...”, estableció la fiscal. Por los motivos antes señalados, Batista Carles concluyó que no se configuraba el delito de peculado.

La investigación se inició de oficio en mayo de 2020 a raíz de diferentes publicaciones en medios de comunicación sobre un posible sobrecosto en las obras del hospital, debido a que la empresa a la que se le había otorgado la concesión estaba usando material reciclado.

La Procuraduría General de la Administración, que dirige Rigoberto González, también ordenó el cierre y archivo de una queja administrativa iniciada en este caso por las denuncias del Estudio Jurídico Cedeño y la Fundación Conciencia Ciudadana, argumentando que las actuaciones del Ministerio de Obras Públicas se apegaban a las normas.

Ernesto Cedeño, abogado y representante del Estudio Jurídico Cedeño, se pronunció sobre el archivo de la investigación. Y dijo estar sorprendido por la rapidez con que el Ministerio Público resolvió archivar la investigación, en un tiempo promedio de un año, en comparación con otras que se han iniciado incluso con antelación a esta.

En su opinión, la fiscalía valoró más el dictamen de la Procuraduría de la Administración y la opinión de la Dirección General de Contrataciones Públicas que certificaron que todo se realizó conforme a la norma, que las publicaciones de los medios de comunicación.

Cedeño considera que las investigaciones debieron haber durado un tiempo más. Pero a su juicio pesaron más presiones para finiquitar el caso. “Esto soluciona la incertidumbre que pesa sobre el Ministerio de Obras Públicas y su equipo de trabajo por las presuntas irregularidades. Esto le da tranquilidad jurídica al MOP y oxigena a la empresa”, que recibirá su pago, dijo Cedeño.

El Hospital Modular Panamá Solidario fue adjudicado en marzo de 2020, a un costo de $6,9 millones, a la empresa SmartBrix.

La obra, que cuenta con 100 camas para atender a pacientes con covid-19, fue entregada en abril de 2020.